En algunos Estados nadie quiere ser funcionario de casilla

MÉXICO.– El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene contabilizadas 5 mil 446 sedes de casillas electorales fuertemente afectadas por el crimen organizado, la delincuencia común, violencia callejera, drogadicción y hasta conflictos políticos, elementos todos que llevan a que miles de ciudadanos se rehúsen o muestren reticentes a participar en los comicios de julio debido al temor de sufrir represalias.

Una investigación de Milenio con base en datos de secciones de atención especial del INE, obtenidos vía la Ley Federal de Transparencia, destaca que Nuevo León encabeza la lista de estados con mayor número de problemas para conseguir el mínimo de siete ciudadanos que se necesitan para integrar las mesas directivas de casillas.

Se niegan por "razones de seguridad y deterioro social" y es un fenómeno que se extiende por todo el estado: en total, 25 por ciento de sus 2 mil 652 secciones electorales -la unidad básica del sistema electoral mexicano- se reportan personas reacias a asumir el papel de funcionarios en las próximas elecciones intermedias.

El análisis de la base de datos de Sección de Atención Especial (SAEs), cuyos contenidos nunca habían sido hechos públicos por el INE, permite crear un mapa sumamente detallado de cómo la inseguridad y la violencia política dificultan e inciden en la base de un proceso electoral -la designación de sus funcionarios de casilla-, a la par que da una idea de cuáles son las zonas del país en las que la desconfianza ha llegado a un punto tal que los ciudadanos se dicen intimidados de ejercer sus deberes democráticos.

Así, en el listado de focos rojos se incluyen Chihuahua, con 641 secciones afectadas por la violencia y con baja presentación de funcionarios electorales; Tamaulipas, con 595; el Distrito Federal, con 353; Jalisco, con 346; Coahuila, con 265; Sonora, con 195; Sinaloa, con 189; el Estado de México, con 163; Chiapas, con 151; y Guerrero, con 121.

Es un listado que coincide con las entidades con la tasa más elevada de homicidio, robo a transeúnte y en donde se ha concentrado la violencia vinculada al crimen organizado en los últimos años.

En lo que toca a la Ciudad de México, es llamativo el caso de los distritos electorales 11 y 12 en las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Ambas cuentan con la más alta prevalencia de zonas conflictivas que afectan el ejercicio democrático en la capital del país, según lo descubierto por el Instituto Nacional Electoral.

En éstas se reportaron principalmente dos causales por las que la ciudadanía manifestó reservas de estar en la casilla: inseguridad y alta prevalencia de drogadicción, alcoholismo y prostitución.

En todo el país

La información no se detiene en ese nivel. La base de datos electoral, compilada y curada a lo largo de varios años, cuenta con más de 12 mil registros de comunidades, colonias, rancherías y poblados del país, y es tan detallada que hasta permite analizar los resultados a nivel colonia.

Por ejemplo, en Cuauhtémoc, la mayor concentración de secciones electorales conflictivas en donde los ciudadanos tienen miedo a estar en sus casillas se localiza en las colonias Valle Gómez, Felipe Pescador y Tepito, cerca del Eje 1 Oriente.

A escala nacional, por municipios, los más afectados son el tamaulipeco Río Bravo, con 316 casillas en zonas percibidas por los ciudadanos como peligrosas, "con presencia de hombres armados" o en áreas de tráfico de drogas y otros delitos, principalmente en la frontera con Estados Unidos; Ciudad Juárez, con 249; Monterrey con 238; Chihuahua, con 171; Guadalajara, con 169; Cadereyta, con 142; Nuevo Laredo con 130; Ecatepec, con 110 y Acapulco con 60.

Conflictos comunitarios

En febrero pasado el INE sorteó la letra que corresponde al primer apellido de los ciudadanos que deberán ser capacitados como funcionarios de casilla. En esta ocasión, tocó turno a la V (Vázquez, Velázquez, Valdez, etc).

Sin embargo, desde que se iniciaron las jornadas de capacitación, el instituto se ha encontrado que en numerosos distritos hay reticencia por parte de la ciudadanía para tomar parte en el proceso. No solo es el temor a la inseguridad: también se han detectado lo que las autoridades electorales definen como "conflictos comunitarios", es decir, aquellos que se suscitan cuando hay una alta prevalencia de encono en una comunidad.

"Estos fenómenos pueden manifestarse entre comunidades o colonias, comprendiendo zonas más amplias", sostiene el INE en su manual de capacitación.

Ese es el caso de Guerrero, donde hay la manifiesta amenaza por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) de no permitir que se lleve a cabo la elección. La advertencia está surtiendo efecto: las autoridades electorales están batallando para conseguir los funcionarios suficientes.

"Vamos a tener que declarar el 100 por ciento de las secciones de Chilpancingo como de atención especial por causal de conflicto político", detalló Leonor Vélez, presidenta del séptimo consejo distrital del INE en Guerrero, que incluye la capital del estado y a Tixtla, sede de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos. En ambos municipios se concentra el grueso del movimiento dual en contra de la reforma educativa y por la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Intimidados

En caso de que persista la imposibilidad de encontrar ciudadanos que quieran participar en la elección, el INE tendrá que recurrir al Listado Nominal de Electores y completar el número de personas que se requieren por casilla con el siguiente nombre del listado, según se establece en la normatividad interna del instituto. Es decir, a falta de voluntarios, se buscará quien llene el hueco.

Pero el de Guerrero no es el único caso de conflicto político. En lo que se refiere a ese tipo de conflictividad, el compendio de secciones de atención especial contiene también varios municipios de Chiapas y Oaxaca, aunque también se incluyen casos aislados en Sonora, Yucatán, Zacatecas y Durango, entre otros.

Es en estas entidades en donde se concentra casi 90 por ciento de las casillas en las que los ciudadanos han advertido que prefieren no acudir a cumplir con funciones en la elección por miedo a incurrir en la ira de un grupo opositor o convertirse en blanco de venganza. (Milenio)