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Medio Ambiente

Barco pesquero daña más de 70 m2 de corales en el Arrecife Alacranes

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inició procedimiento administrativo contra el patrón y responsable de la embarcación pesquera “Lipari”, por encallar en el Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional (PN) Arrecife Alacranes, en el Estado de Yucatán.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la PROFEPA ordenó medidas de urgente aplicación, con el fin de que el patrón y responsable de la embarcación, presente de inmediato el plan de salvamento de la embarcación y proceda a su extracción.

El encallamiento se localizó a 9 millas náuticas de la Isla Pérez en el PN Arrecife Alacranes, ubicado en la costa norte de la Península de Yucatán, donde inspectores de la PROFEPA constataron que la embarcación pesquera “LIpari” se encuentra varada sobre la zona arrecifal, ocasionando hasta el momento, un daño de 72.8 metros cuadrados.

Durante la inspección se detectó fractura total, fragmentación y pulverización de colonias de las especies de coral de fuego (Millepora complanata), cerebros de la especie Diplora strigosa y abanicos de mar (Zoantidos); por lo que ante el riesgo inminente de continuar el daño y deterioro al ecosistema arrecifal con fundamento en el artículo 117 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) se determinó el aseguramiento de la embarcación y se inició el procedimiento administrativo respectivo.

En el procedimiento se establecieron como medidas de urgente aplicación, la presentación inmediata del plan de salvamento de la embarcación, para que una vez valorado por la PROFEPA se proceda a su inmediata extracción; así como el retiro del combustible y todos los materiales o residuos peligrosos que pudieran generar o incrementar daños al ecosistema.

Cabe señalar que ante la inminencia de un desastre, las obras o actividades que se realicen con fines preventivos, o para salvar una situación de emergencia, deben notificarse a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en un plazo que no exceda de 72 horas a partir de que las obras se inicien, con objeto de tomar las medidas necesarias para atenuar los impactos al medio ambiente.

El PN Arrecife Alacranes fue decretado el 19 de julio de 1996 con una superficie de 333,786 has, conformado por cinco islas arenosas (Isla Pájaros o Blanca, Isla Chica, Isla Perez, Isla Muertos o Desertora e Isla Desterrada) y caracterizado por ser un área con gran riqueza biológica, cuenta con la presencia de 116 especies de aves, 136 de peces, 24 especies de tiburones y 34 de corales.

La LGVS, establece para el caso de daño o destrucción de la vida silvestre o de su hábitat, una sanción que puede ir de 50 50,000 Unidades de Medida y Actualización.

Por su parte, el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, establece que el daño a arrecifes, constituyen un delito que puede ser sancionado con una pena de 2 a 10 años de prisión, y a dicha pena se aplica una pena adicional hasta de 2 años de prisión, en el caso de que dicha afectación se realice en una ANP.

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Medio Ambiente

Voluntarios continúan saneamiento de cenotes en Yucatán

Progreso Hoy

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Decenas de voluntarios de empresas privadas y ambientalistas participaron en trabajos de saneamiento del cenote de Pixton de este municipio de donde extrajeron una veintena de bolsas con basura de todo tipo.

Apoyados por la alcaldesa Landy Gamboa y personal del Ayuntamiento de Sanahcat, los voluntarios lidereados por la Fundación Bepensa recolectaron adentro y fuera de este cuerpo de agua más de 400 kilos de desperdicios entre botellas, latas, plásticos, zapatos, velas y vidrio entre otros desperdicios.

Los participantes de las empresas La Parrilla, Actinver, la Fundación Bepensa, Expedición Grosjean y trabajadores del municipio laboraron más de tres horas durante las cuales se dieron a la tarea de limpiar maleza y recoger la basura que también se encontraba escondida entre la flora.

Las tareas de limpieza incluyeron las profundidades del cenote y los alrededores.

“No es posible que la gente no tome conciencia del daño que le estamos ocasionando a nuestro planeta al dejar la basura que generamos tirada en cualquier lado” dijo una de las jóvenes que participó en los trabajos.

Sergio Grosjean Abimerhi coordinador de la operación, comentó que es la segunda ocasión en la que realizan este tipo de trabajos en este cenote, esperando que sea la última vez, porque ya es momento que la gente tome conciencia sobre el daño que le hacemos al planeta al arrojar basura en cualquier parte” subrayó.

Este cenote fue intervenido por primera vez en el 2012, en la cual se obtuvieron ochocientos kilos de basura.

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Medio Ambiente

Un Juez ordena la suspensión de la granja porcícola de Homún

Progreso Hoy

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PROGRESO.– El Grupo Indignación, organización defensora de los Derechos Humanos en Yucatán, difundió este día el siguiente comunicado en relación con el caso de la Granja Porcícola de Homún:

Al efectuarse la audiencia incidental el martes 9 de octubre, y después de una inspección judicial efectuada por funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la megagranja porcícola asentada en Homún, la Juez titular, Míriam Cámara Patrón, estableció que tanto el Gobernador del estado como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente debían ordenar la inmediata paralización de la granja porcícola propiedad de la empresa “Producción Alimentaria Porcícola”, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

La Juez basó su resolución en tres puntos principales:

1.- Que se cumplían los elementos de procedencia, puesto que la suspensión no afecta el interés público, sino por el contrario, es una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad porque se conserve el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. En ese sentido, la Juez consideró que de continuar el funcionamiento de la granja, se podrían provocar “perjuicios de difícil reparación” sobre todo por los derechos en juego que son extremadamente sensibles.

Uno de los elementos que se pudo corroborar durante la inspección judicial, y que sirvió de argumento a su titular para emitir la suspensión definitiva, fue que la planta de tratamiento de aguas se encontraba inconclusa, situación que podría significar un riesgo inminente de afectación al medio ambiente dado que podrían descargarse en la región aguas sin el adecuado tratamiento en una zona especialmente sensible como lo es la denominada reserva geohidrológica “anillo de los cenotes” declarada área natural protegida.

2.- Que aunque existía una presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios, resultaba prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución que establece que cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud, aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño.

Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán. En ese sentido, para la Juez Cuarto la granja de cerdos podría poner en riesgo la pureza y utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos como la granja en cuestión generan un gran impacto ambiental.

La Juez incluso advirtió que, de no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano.

3.- Que resulta evidente que en ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a realizar consultas de buena fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre determinaciones que les afectan.

La Juez también destacó que en el presente caso los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como un elemento indispensable para decretar la suspensión definitiva.

La suspensión, notificada el día de ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito, da un plazo de tres días tanto al Gobernador del Estado como a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial, es decir las acciones que han efectuado para garantizar el cese de actividades de la granja, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo podrían estar sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales además de multas respectivas.

Es preciso recalcar que, tal como lo recordó el Juzgado Cuarto de Distrito, la violación a la orden de suspensión constituye un delito de conformidad con el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, situación que es fundamental tener presente frente al señalamiento hecho a la empresa y las autoridades de haber incumplido la suspensión provisional dictada el 1 de octubre por la misma Juez Cuarto.

Aunque la suspensión decretada el día de ayer no significa la culminación del juicio, sí garantiza que la paralización de las actividades de la granja estará vigente mientras dure el proceso ante el Juzgado Cuarto, cuya audiencia constitucional se efectuará a mediados de noviembre.

Cabe recordar que el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018 fue presentado el día 28 de septiembre del presente año por 6 niños, niñas y adolescentes de la comunidad maya de Homún, reclamando el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49 mil cerdos, y en consecuencia la violación a diversos derechos como el medioambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.

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Medio Ambiente

Movimiento Ciudadano a favor de no contaminar el acuífero de Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– “Como representantes de cada uno de los yucatecos pondremos en primer lugar en bien social de todo el Estado”, manifestó la diputada Silvia López Escoffié.

Al quedar formalmente instalada la Comisión Especial Plural de carácter temporal para el seguimiento a la problemática entre una Granja porcícola y los habitantes de Homún Yucatán, la líder de la bancada de Movimiento Ciudadano afirmó que esta comisión tendrá por objeto otorgarles garantías a los yucatecos de que el manto acuífero de los cenotes de la zona de Homún permanecerán sin ningún contaminante que ponga en riesgo la salud y operatividad turística.

En ese sentido indicó que de ser necesario modificar alguna Ley para formar organismos que puedan ayudar a generar condiciones para que la gente de Homún y de la zona puedan vivir mejor, se hará sin ninguna duda.

“Vamos a demostrar que este Congreso solamente está para defender y representar a los ciudadanos de Yucatán y que preservaremos como representante que somos de los yucatecos que el Estado esté por encima de todo”, expresó.

Informó que las atribuciones de esta comisión será: convocar a las mesas de diálogo necesarias en la que participen todas las partes involucradas en la problemática, se hará un seguimiento esos acuerdos, también se invitarán a las autoridades que estén involucradas para la resolución del conflicto.

Otra de las atribuciones será solicitar a las autoridades administrativas judiciales y académicas las opiniones, recomendaciones y toda la documentación que se estime necesaria para el desarrollo de sus funciones, y por último se rendirá un informe al H. Congreso del Estado de las actuaciones realizadas para que a su vez se hagan los exhortos, puntos de acuerdo, iniciativas de Ley y decretos necesarios.

Al hacer uso de la palabra la diputada Karla Franco Blanco (PRI), Vicepresidenta de la Comisión, pidió convocar a la mesa de diálogo para escuchar a todas las partes involucradas en la problemática, especialistas y expertos que puedan orientar a realizar un mejor trabajo.

Por su parte el diputado Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), invitó a priorizar antes de convocar a las autoridades, tener una ruta para obtener la mejor y más completa información respecto los permisos otorgados, que servirá para ir citando a todas las partes que puedan estar involucradas; ya que ésta problemática dijo, ha surgido desde la planeación de la construcción, por lo tanto hay que recabar todos los permisos dados para esto.

La Diputada Leticia Euán Mis de MORENA coincidió con la Dip. López Escoffié en que lo primero será preservar manto freático y garantizar a los yucatecos que no se permitirá la contaminación del agua en Yucatán.

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