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Corrupción

Cae otro colaborador de Borge en la Riviera Maya: detienen a Gabriel Mendicuti

Progreso Hoy

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Cerca de las 9 de la noche de hoy sábado (21 horas) fue detenido al ex Secretario de Gobierno de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti Loría y ex alcalde de Playa del Carmen. La Fiscalía Anticorrupción lo traslada a Chetumal al CERESO.

Gabriel Mendicuti estaba cenando con su familia filete mignon un restaurante en la caleta de Puerto Aventuras -ubicado en Riviera Maya-con su botella de vino, cuando el grupo especial de inteligencia de la Fiscalía Anticorrupción lo detectó y lo detuvo, informa el portal Pedro Canché Noticias.

El detenido, es hermano de Guillermo Mendicuti Loría, conocido empresario yucateco ex presidente de la Canirac y fundador de la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac), que realiza presuntas actividades altruistas en la comunidad de Flamboyanes, Progreso.

Comensales que estaban cenando dijeron que Mendicuti intentó sobornar a los agentes, pero al final no opuso resistencia y fue subido a un vehículo de la Fiscalía General del Estado (FGE) .

Se espera que llegue a Chetumal a las 11 de la noche (23 horas) horas, en caso de no tener suspensión de amparo, se le ingresará al CERESO y mañana al medio día será su audiencia.

En la Carpeta 151/2017 se le sigue el delito de desempeño irregular de la función publica y la reparación del daño asciende a 534 millones de pesos.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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Corrupción

Investigación “La estafa maestra” gana el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018

Progreso Hoy

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La Estafa Maestra”, investigación periodística que exhibió cómo varias dependencias del gobierno federal participaron en desvíos multimillonario de recursos públicos a través de redes de empresas fantasmas, ganó hoy el premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Los desvíos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde febrero de 2015, fueron realizados a través de convenios celebrados entre dependencias federales y entes estatales que, a su vez, esparcieron los recursos hacia empresas fantasmas.

“La Estafa Maestra” fue realizada por los periodistas Nayeli Roldán y Manuel Ureste -de Animal Político– y Miriam Castillo -de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)- y señaló que, tan sólo entre 2013 y 2014, se malversaron alrededor de siete mil 670 millones de pesos.

Al frente de las dependencias federales involucradas se encontraban algunos personajes clave de la administración de Enrique Peña Nieto, entre ellos Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex señalado por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y Rosario Robles Berlanga, polémica titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno actual.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del inamovible Gerardo Ruiz Esparza, también participó en estos esquemas de desvío, igual que Banobras -durante la gestión de Alfredo Del Mazo Maza, primo de Peña Nieto y actual gobernador del Estado de México-, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando la dirigía Emilio Chuayffet Chemor.

“La Estafa Maestra” partió de una serie de observaciones de la ASF que derivaron del análisis de la cuenta pública 2013.

En febrero de 2015, Apro reveló que el órgano fiscalizador había detectado un fraude de más de 845 millones de pesos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, operado por la Sedesol de Robles Berlanga, a través de convenios celebrados con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.

Y, en los últimos tres años, la ASF desnudó cada vez más esquemas de “simulación de servicios” en dependencias federales. Entre 2013 y 2016, las dependencias a cargo de Rosario Robles triangularon de esta manera más de cinco mil 251 millones de pesos, en febrero pasado.

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#QuejaCiudadana

Nueva denuncia por fraude inmobiliario en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA (YucatanAhora).– Un nuevo caso de fraude inmobiliario salió a la luz pública este lunes, cuando Irma Castro, esposa del diputado Pedro Oxté Conrado, denunció que fue a visitar un predio que tiene en la sección Arboleda de Ciudad Caucel y se percató que la casa tiene “otro dueño”.

Molesta porque ella no conoce al “nuevo propietario” y porque nunca ha vendido la casa, llamó a la policía para aclarar las cosas.

Como no hubo solución en el lugar de los hechos, fue abordada en una patrulla junto con el otro “dueño” y acudió a denunciar ante el Ministerio Público.

En el trayecto hizo una transmisión en vivo por Facebook en la que expuso:

-Yendo a Fiscalía a denunciar para ver si se puede desmantelar una banda que se dedicar a apropiarse de predios.

-Estoy con el supuesto dueño de mi casa, desde 2009 soy dueña. Me ha costado mucho tener un patrimonio para mis hijos. No es justo que alguien falsifique documentos, notarios falsos, dueños falsos, la persona no me conoce.

-No es posible que hayan hecho una documentación sin mi presencia. Cuiden mucho su patrimono, el robo de identidad está a la orden del día.

-El problema se suscitó en Arboleda de Ciudad Caucel, vengan a checar sus predios o pueden llevarse una sorpresa.

No es el primer fraude de este tipo que se denuncia recientemente. Incluso han resultado afectadas personas conocidas, como la investigadora Gina Villagómez Valdez y su esposo Luis Ramírez.

En respuesta, el Registro Público de la Propiedad informó que está siendo más estricto en sus trámites para evitar falsificaciones de documentos.

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Capital y Estado

Conocido investigador de la UADY denuncia fraude inmobiliario en Yucatán

Progreso Hoy

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El doctor Luis Ramírez Carrillo, reconocido investigador de la Uady, denunció —como publicamos ayer— la existencia en Yucatán de varias bandas delictivas, muy bien organizadas, dedicadas a apoderarse de manera ilegal de casas y terrenos, lo que pone en riesgo a Yucatán de convertirse en un estado como Quintana Roo, donde prevalece la inseguridad jurídica de la propiedad privada a causa de la actividad del crimen organizado.

Información publicada hoy por el Diario de Yucatán confirma que esas bandas operan desde hace varios años. Por ejemplo, un caso muy notorio ocurrió en 2007, cuando miembros de una de estas bandas se apoderaron de un terreno de 345 hectáreas en los linderos entre Hunucmá, Caucel y Mérida, propiedad de Pedro Manuel Rosado Reyes, un yucateco avecindado en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo.

De acuerdo con la averiguación previa 1339/6a/2008 y acumulada en la 2199/35/2008, un sujeto identificado como Juan José Aguiar Ancona, ya fallecido, se hizo pasar por Rosado Reyes, con una credencial electoral falsa y compareció ante un notario para simular la venta de ese terreno a otra persona.

El nombre de ese notario se lo reserva este periódico, por ahora.

Aguiar Ancona compareció ante ese notario en compañía de dos testigos, Daniel Trejo Lizama y Jorge López Cruz, que declararon que lo conocían como el legítimo propietario de ese terreno.

Como en el caso del doctor Ramírez Carrillo, aquí también intervino un político del PRI. Trejo Lizama había sido regidor de ese partido en el Ayuntamiento de Mérida en la época de Angélica Araujo Lara y luego fue director de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de enero a junio de 2013, cuando fue cesado.

Rosado Reyes inició un litigio que tardó casi siete años en resolverse a su favor, aunque nunca se procedió en contra del notario que intervino en las operaciones fraudulentas.

Un indicio de que en la apropiación ilegal de terrenos opera una banda organizada es que el notario que avaló las irregularidades en el caso de Rosado Reyes fue el mismo que actuó en otra apropiación ilegal.

Se trata de la incluida en la denuncia 4157/32/2010, presentada en octubre de 2010, por la propietaria de un terreno en San Antonio Cinta, quien denunció que una persona desconocida la había despojado de una casa de su propiedad.

La denuncia establece que una persona identificada como Reyna Guadalupe Ojeda Lara compareció ante un notario, junto con una persona que se hizo pasar como la propietaria del terreno y que se identificó con una credencial de elector notoriamente falsa.

No obstante esto, el fedatario la calificó de buena y suficiente para tramitar el otorgamiento de un poder general amplio, para actos de dominio, de la supuesta propietaria del terreno, a favor de Ojeda Lara, cuando la norma establece que ante una duda de ese tamaño el notario debe pedir otra identificación a la poderdante.

Una vez otorgado el poder a favor de Ojeda Lara, ésta, en supuesta representación de la legítima propietaria, que hasta este momento no estaba enterada de la operación, en forma falsa y dolosa vendió el terreno al abogado Efraín Ramírez Herrera, en un acto atestiguado por el mismo notario que actuó en el caso Rosado Reyes.

Para complicarle más las cosas a la legítima propietaria del predio de San Antonio Cinta, el mismo día Ramírez Herrera vendió ese predio de 855 metros cuadrados a su sobrino, ante la fe de otro notario, distinto al anterior, pero que también ha sido señalado como participante en esas actividades ilegales.

Fuentes judiciales señalaron que Ramírez Herrera había participado en otras operaciones de despojo sobre terrenos en la costa y que acumulaba a su nombre numerosas propiedades.

El abogado murió asesinado a las puertas de su oficina en junio de 2014 y hasta hoy las autoridades no han detenido a los autores del crimen.

En estos dos casos coincidió el mismo notario que es parte de un grupo de fedatarios yucatecos señalado como miembros de esas bandas delictivas.

El 2 de febrero se publicó un artículo del empresario Carlos García Ponce donde, al igual que el doctor Ramírez Carrillo, habla de la operación de bandas delictivas organizadas, conformadas “por un selecto grupo de notarios públicos, servidores del Instituto de Seguridad Jurídica, abogados, empresarios sin escrúpulos y varios prestanombres”.

En su artículo, García Ponce relata que en Yucatán es muy fácil despojar a alguien de su propiedad.

Basta con que “una persona redacte un simple documento privado en el cual se mencione que adquirió el predio de otra persona varias décadas atrás y que un notario público lo protocolice”, señaló García Ponce.

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