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Gobierno Federal

Clausura Profepa obras ilegales en terrenos de Temax por daño ambiental

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró un predio ubicado en Temax, Yucatán, al detectar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, mediante la remoción total de la vegetación correspondiente a ecosistema de Selva Baja Caducifolia, afectándose una superficie de 5.4 hectáreas.

Inspectores de la PROFEPA realizaron una visita en un predio ubicado en el tramo carretero Temax-Buctzotz, en la localidad y Municipio de Temax, donde se detectó el desmonte de vegetación del ecosistema de Selva Baja Caducifolia, sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Entre la vegetación afectada se encontraron ejemplares de las especies Kanasín (Lonchocarpus rugosus), Beelsinikche (Alvaradoa amorphoides), Chechem (Metopium brownei), Tzalam (Lysiloma latisiliquum), Kitinché (Caesalpinia gaumeri), Waxim (Leucaena leucocephala), Katsín (Acacia gaumeri), Pomolche (Jatropha curcas) y Piñuela (Bromelia karatas).

Con fundamento en el artículo 161, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y con la finalidad de evitar que se continuaran ocasionando daños al ambiente, se impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal en el predio inspeccionado.

Los responsables de realizar las actividades de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, sin contar con la autorización de la SEMARNAT, podrán ser sancionados con una multa por el equivalente de 100 hasta 20 mil veces las Unidades de Medida y Actualización vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165, fracción II, de la LGDFS, en relación con el artículo 163, fracciones I y VII, de la misma Ley, así como ser obligados a realizar las actividades de restauración del sitio afectado, independientemente de las sanciones penales que resulten.

El Código Penal Federal, en su artículo 418, establece una pena de 6 meses a 9 años de prisión, a quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal.

Cabe señalar que la LGDFS establece que la SEMARNAT cuenta con la facultad de expedir las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal correspondiente, con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará erosión de suelos, deterioro de la calidad del agua o disminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.

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Gobierno Federal

El Gobierno Federal niega la privatización del agua

Progreso Hoy

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Dice el Gobierno Federal que garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente

Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.

Asimismo, se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible.

No se omite señalar, que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

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Gobierno Federal

Entretenidos con el Mundial y las Elecciones, EPN firma decreto para privatizar el agua

Progreso Hoy

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Entretenida como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país, y entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son los Mundiales de futbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales como es el destino de las aguas nacionales.

En efecto, mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.

En términos sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund la cual aplaudió la decisión presidencial. El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar lo siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Pero en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen “pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)”.

En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

No hay que ser un genio para prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.

Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.

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Capital y Estado

El 15 de agosto reabrirán el distribuidor vial de la Mérida-Progreso

Progreso Hoy

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La modernización de la infraestructura carretera en Yucatán continuará en los próximos meses con el mejoramiento del puente de Yucalpetén y la conservación de la vía Mérida-Campeche, obras que contribuirán a hacer más eficiente la conectividad terrestre.

En un recorrido del Gobernador Rolando Zapata Bello y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por los trabajos de ampliación del distribuidor vial de la salida a Progreso, el cual ya presenta un avance del 75 por ciento, se informó que en ambas acciones se aplicarán recursos por más de cuatro mil 413 millones de pesos.

En ese marco, se detalló que en el puente se erogarán 13 millones de pesos, mientras que en el mantenimiento de la Mérida-Campeche, a través de una asociación pública-privada, se destinarán cuatro mil 400 millones en los próximos 10 años. Con esto, la inversión en el rubro durante los últimos seis años rebasará los 15 mil millones de pesos.

Ante estudiantes y autoridades universitarias, el mandatario resaltó que en dicho período se han impulsado obras trascendentales para mejorar la conectividad en la entidad, como la renovación del Periférico de Mérida y la construcción del distribuidor vial de la entrada de Progreso.

Sobre esta última, muchos saben que estuvo fondeada con recursos por muchos años antes de 2012, pero que por motivos técnicos no se podía realizar; pero en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se hicieron los ajustes necesarios para respetar el medio ambiente y se pudo efectuar para responder el crecimiento exponencial de la carga en el puerto, expresó.

Acompañado del director del Centro SCT Yucatán, Jorge Montaño Michel, el titular del Poder Ejecutivo refirió que, en el caso del Periférico de Mérida, en dicho lapso se edificaron los pasos superiores vehiculares de Chichí Suárez, la calle 39 y Tixkokob, lo que lo convirtió en una vía sin semáforos que paulatinamente se va transformando en un circuito interior.

Respecto al puente de la salida a Progreso, Zapata Bello recordó que fue el primero de los 23 con los que cuenta el Periférico, pero el cual ya era preciso modernizar ante el aumento poblacional y del transporte, por lo que destacó el respaldo de la federación para concretar esta trascendental labor.

En su turno, el Ruiz Esparza remarcó que el territorio registra un incremento económico importante, con avance tecnológico y mantiene altos estándares de seguridad, por lo que la obra resultaba impostergable para seguir consolidando el desarrollo sostenido de la entidad.

Sabemos que cualquier faena genera molestias temporales pero los beneficios, como en este caso, son permanentes, por lo que reconocemos la paciencia de quienes habitan en Mérida y en Yucatán por los inconvenientes, manifestó.

En su turno, Montaño Michel sostuvo que se avanza de acuerdo con lo programado y se estima concluir en agosto próximo, meses antes de lo planeado que era en octubre. Asimismo, recordó que al iniciar los trabajos se habilitaron rutas alternas con el apoyo del Gobierno del Estado, para facilitar el tránsito.

Tras rememorar que la inversión es de 150 millones de pesos, el funcionario comentó que estas acciones permitirán ampliar de dos a tres carriles este paso superior vehicular y mejorar las vías de incorporación al Periférico, lo que garantiza más seguridad y agilidad de los automotores.

Al mismo tiempo, informó que se construye un distribuidor entronque a desnivel al municipio de Baca, uno de los cruces más riesgosos en la carretera Mérida-Tizimín, en el que se aplican 100 millones de pesos y que ya cuenta con un avance del 50 por ciento.

Luego de las explicaciones técnicas, el Gobernador y el titular de la SCT llevaron a cabo un recorrido a pie en el que constataron la tecnología en ingeniería que se utiliza.

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