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Medio Ambiente

Decomisa Profepa loros que un joven vendía en Facebook

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– En Operativo realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra el tráfico ilegal de vida silvestre en redes sociales, se aseguraron tres polluelos de loro (Pistácidos) y un vehículo en la Macroplaza de la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Derivado de monitoreo en redes sociales sobre la oferta de ejemplares de vida silvestre en Yucatán, se logró obtener datos para realizar el operativo en la Macroplaza, de la Ciudad de Mérida, Yucatán.

En dicho operativo, realizado con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se aseguraron 3 ejemplares de vida silvestre, polluelos de la familia Psitacidae o psitácidos, de los que no se acreditó su legal procedencia, con fundamento en los artículos 114 y 119 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Asimismo, en la inspección, se aseguró el vehículo en el que se encontraba la caja de cartón que contenía los polluelos de pistácidos, y se realizó la presentación, ante la Procuraduría General de la República (PGR), de la persona que ofertaba dichos ejemplares, presunto comerciante ilegal de vida silvestre.

Desde el año 2008, la LGVS establece, expresamente, la prohibición del aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales de aves de la familia Psitacidae o Psitácidos de distribución natural en el territorio nacional.

Cabe señalar que la NOM-059-SEMARNAT-2010 cataloga diversas especies de psitácidos en 3 de las 4 categorías de riesgo establecidas en dicha norma, siendo las categorías de Protección especial, Amenazadas y En Peligro de Extinción

Los ejemplares de vida silvestre asegurados se encuentran en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “Parque Zoológico del Bicentenario Animaya”, ubicado en la misma Ciudad de Mérida, Yucatán.

El poseer ejemplares de vida silvestre sin demostrar su legal procedencia se sanciona de acuerdo a lo establecido en la LGVS con una multa que va de 50 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs); asimismo, el Código Penal Federal establece una pena de prisión de uno a nueve años para el tráfico ilegal de vida silvestre de endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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Gobierno Federal

Clausura Profepa obras ilegales en terrenos de Temax por daño ambiental

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró un predio ubicado en Temax, Yucatán, al detectar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, mediante la remoción total de la vegetación correspondiente a ecosistema de Selva Baja Caducifolia, afectándose una superficie de 5.4 hectáreas.

Inspectores de la PROFEPA realizaron una visita en un predio ubicado en el tramo carretero Temax-Buctzotz, en la localidad y Municipio de Temax, donde se detectó el desmonte de vegetación del ecosistema de Selva Baja Caducifolia, sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Entre la vegetación afectada se encontraron ejemplares de las especies Kanasín (Lonchocarpus rugosus), Beelsinikche (Alvaradoa amorphoides), Chechem (Metopium brownei), Tzalam (Lysiloma latisiliquum), Kitinché (Caesalpinia gaumeri), Waxim (Leucaena leucocephala), Katsín (Acacia gaumeri), Pomolche (Jatropha curcas) y Piñuela (Bromelia karatas).

Con fundamento en el artículo 161, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y con la finalidad de evitar que se continuaran ocasionando daños al ambiente, se impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal en el predio inspeccionado.

Los responsables de realizar las actividades de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, sin contar con la autorización de la SEMARNAT, podrán ser sancionados con una multa por el equivalente de 100 hasta 20 mil veces las Unidades de Medida y Actualización vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165, fracción II, de la LGDFS, en relación con el artículo 163, fracciones I y VII, de la misma Ley, así como ser obligados a realizar las actividades de restauración del sitio afectado, independientemente de las sanciones penales que resulten.

El Código Penal Federal, en su artículo 418, establece una pena de 6 meses a 9 años de prisión, a quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal.

Cabe señalar que la LGDFS establece que la SEMARNAT cuenta con la facultad de expedir las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal correspondiente, con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará erosión de suelos, deterioro de la calidad del agua o disminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.

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Medio Ambiente

Clausura Profepa obras de construcción en Chelem por dañar los manglares

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total temporal tres predios en el Municipio de Progreso, Yucatán, por afectación al ecosistema de humedal costero. Se detectó la remoción, corte y eliminación de cuatro especies de mangle, compactación de suelo natural y su relleno con material pétreo y escombro de construcción, que produjo la fragmentación del flujo hidrológico.

Personal actuante de la PROFEPA acudió a la Comisaría de Chelem, Municipio de Progreso Yucatán, donde detectó la afectación en tres predios, ubicados en un ecosistema de humedal costero con vegetación de manglar.

La primera de las áreas inspeccionadas tiene una superficie de 140 metros cuadrados, en cual se constató la remoción, corte y eliminación de vegetación de manglar; las especies afectadas son Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), Mangle Negro (Avicennia germinans) y Mangle Rojo (Rhizophora mangle); así como la compactación de suelo natural y su relleno con material pétreo, tipo sascab (material usado para preparar mezclas para la construcción).

El segundo de los predios tuvo una afectación de 454 metros cuadrados, de los cuales, 154 m2 fueron rellenados con escombro de construcción, produciendo la fragmentación del flujo hidrológico y 300 m2 fueron desazolvados, lo cual afectó cuatro especies de manglar: Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), Mangle Negro (Avicennia germinans), Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus).

En el último de los predios inspeccionados, de 18,997 m2, se detectó la remoción parcial de vegetación de Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) y Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus), así como la lotificación de la superficie mencionada.

Todo lo anterior, se realizó sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Con el fin de evitar que se continúen ocasionando afectaciones al ambiente y con fundamento en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se determinó realizar la Clausura Total Temporal de dichos predios.

El Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), Mangle Negro (Avicennia germinans), Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus), son especies referidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especies Amenazadas (A).

La categoría de Amenazadas se refiere a aquellas especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

El artículo 28 de la LGEEPA en su fracción X establece que las obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, requieren previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT.

La sanción por este tipo de actividades puede alcanzar una multa por el equivalente de 30 hasta 50 mil días de la Unidad de Medida y Actualización de acuerdo a lo establecido en el artículo 171, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

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Medio Ambiente

Avanzan proyectos para nuevos parques eólicos en Yucatán

Progreso Hoy

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La firma Discovery Management inició los trámites federales para obtener la autorización de impacto ambiental para construir el Parque Eólico Kabil, en el municipio de Buctzotz, a 89 kilómetros de la ciudad de Mérida, Yucatán, cuya inversión asciende a 1,445 millones de pesos,

El proyecto se ubica sobre la carretera 176 Buctzotz-Sucila, en el kilómetro 106, en el municipio de Buctzotz, con una capacidad de generación total de 68 megawatts (MW), mediante la instalación de 34 aerogeneradores en 1,603.3 hectáreas.

La producción anual bruta estimada es del orden de 238,440 MW, basada en las mediciones previas realizadas en la zona de instalación del proyecto, detalla El Financiero.

La central funcionará bajo el régimen legal de pequeña producción de energía eléctrica, establecida en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, y la energía eléctrica generada será destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad, “sin embargo, con la reforma energética del año 2014, el proyecto Parque Eólico Kabil se ha adaptado y migrado a los esquemas establecidos en la misma”, se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental.

El Parque Eólico Kabil es independiente de los nueve proyectos de energías renovables para Yucatán adjudicados en marzo del 2016 a seis empresas que participaron en la Primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo organizada por la Comisión Reguladora de Energía.

De esos nueve proyectos, el primero en tramitar los permisos ambientales fue el Parque Eólico Chacabal I y II, los cuales ya fueron autorizados en materia ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la firma Vega Solar 1 también ya obtuvo los permisos ambientales para el parque solar Ticul A.

De acuerdo con la información del Centro Nacional del Control de Energía, Yucatán captará una inversión total por 1,915 millones de dólares en los nueve proyectos.

En total, se asignaron a Yucatán en esa subasta 1,344 MW de capacidad, que se estima podrán generar 1.8 millones de megawatts por hora al año, con dos tecnologías: eólica y solar-fotovoltaica.

Los nueve proyectos para Yucatán son: el parque eólico de la empresa Energía Renovable de la Península; los parques eólicos Chacabal I y II, de la firma Aldesa Energías Renovables; dos granjas fotovoltaicas de la firma Vega Solar 1 en el municipio de Ticul; otros dos proyectos fotovoltaicos de la firma Jinko Solar, uno de ellos en San Ignacio (Progreso), y el otro en el municipio de Cuncunul.

Por último, la empresa Photoemeris Sustentable construirá otra central fotovoltaica en el municipio de Motul, mientras que el Consorcio Energía Limpia construirá un parque eólico en el municipio de Tizimín, independientes también de los nueve proyectos.
estimaciones nacionales

Según las proyecciones de Discovery Management, “se estima que en el año 2027 la capacidad de generación instalada con energías renovables en México se habrá incrementado en 8,462 MW. De esta capacidad adicional, 4,656 MW corresponderán a proyectos hidroeléctricos, 3,519 MW a proyectos eólicos, además de 287 MW en esquemas de generación distribuida (de los cuales 180 MW corresponderán a geotermia, 57 MW a pequeñas centrales hidroeléctricas, 36 MW a solar fotovoltaico y 14 MW con solar de concentración)”.

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