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#E/2018

Denuncian presunto desvío millonario del gobierno de Rolando Zapata Bello

Progreso Hoy

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MOVIMIENTO CIUDADANO SEÑALA A LA EMPRESA AMOOT POINT Y AL GOBIERNO ESTATAL EN UNA RED DEDESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS


MÉRIDA.– Movimiento Ciudadano Yucatán dio a conocer documentos que demostrarían la existencia de una red de empresas para desviar recursos del gobierno estatal.

En rueda de prensa, se reveló esta información y se dio a conocer que este partido presentó solicitudes de información a las unidades de transparencia de diversas dependencias estatales.

“El 5 de junio pasado pusimos a disposición de los ciudadanos el correo: [email protected] para que nos hicieran llegar información sobre corrupción y malos manejos de recursos públicos”, recordó la coordinadora estatal del partido, Silvia López Escoffié. “Ese correo ya recibió valiosa información. Una de ella es la que presentamos hoy. Analizamos más de mil documentos y coincidimos que hay indicios de desvíos”.

Acompañaron a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano las candidatas Ana Rosa Payán Cervera, al Senado, y Milagros Romero Bastarrachea, al IV Distrito Local. En la rueda de prensa entregaron los siguientes documentos: Actas constitutivas, comprobantes de licitaciones y contratos directos, pagos, Cotizaciones y transacciones bancarias y memorandos internos.

“¿Qué señalan esos documentos?”, explicó a su vez la candidata al Senado, contadora pública Payán Cervera. “Por medio de una red de empresas, encabezada por la llamada A Moot Point, se podrían haber desviado recursos públicos. En esta red estarían involucrados funcionarios del gobierno estatal”.

A Moot Point, se especificó, fue creada a finales de 2014. Desde entonces, ha sido beneficiada con por lo menos 1,300 contratos directos y cinco licitaciones. En total, vía esta red se habrían desviado más de cien millones de pesos.

Estos documentos filtrados a Movimiento Ciudadano demostrarían sobreprecios, favoritismo y otras irregularidades financieras. Hay, incluso, memorandos internos en los que habla de una nómina “de gobierno” y otra “particular”, así como un directorio en el que aparecen nombres de funcionarios estatales con sus alias, como “El Guía”, “El Científico” y “El Práctico”.

A Moot Point, según los documentos en poder de Movimiento Ciudadano, fue creada el 19 de noviembre de 2014, según consta en el acta constitutiva con número 2703, registrada por la Notaría Pública Número 97. A partir de entonces, y sin nada de experiencia ni otros clientes, A Moot Point comenzó a facturarle al gobierno estatal. Las cinco licitaciones que ha obtenido de 2014 a la fecha ascienden a 80 millones de pesos. En los fallos de las licitaciones aparece como representante legal de la empresa favorecida un cuñado de un alto funcionario estatal.

Entre estas licitaciones destacan los supuestos servicios que se realizaron para el sector salud. A Moot Point ganó una licitación por $32,350,000 en lote de equipos de sistemas y tecnologías de información para el Hospital de Tekax, $29,935,040 para el Hospital Materno Infantil —cantidad con la que se pudo haber adquirido de 7,500 camas de hospital— y $3,744,589 para el Seguro Popular, sin especificar en qué consistía el bien o servicio licitado.

Doble papel. Varios de los empleados de A Moot Point cobrarían también en el gobierno estatal: hay de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), y la Secretaría de Administración y Finanzas. Ninguno de ellos oculta su doble papel, ya que aparecen públicamente con el uniforme de la empresa de esta red de desvíos.

En un memorando interno de la empresa, fechado el 2 de mayo de 2017, se señala con descaro que «el periodo de vacaciones de los empleados estará determinado por el tipo de nómina que reciban. En este rubro se pueden identificar dos tipos de nómina: gobierno y particular». Siguiendo lineamientos técnicos, se define como «gobierno a todo el personal que recibe su pago a través de nómina del gobierno del Estado de Yucatán que actualmente labora en la empresa A Moot Point».

Modus operandi. Con estos ejemplos se mostraría cómo desvía recursos A Moot Point: En noviembre de 2017, se señala, el gobierno estatal contrató una reparación de un corte de fibra óptica a A Moot Point, que cobró por ello 177 mil 166 pesos. La empresa, en realidad subcontrató el trabajo a la compañía Sitra, que a su vez le cobró 118 mil 109 pesos. A Moot Point cobró un sobreprecio de 33 por ciento.

La Secretaría de Desarrollo Rural le contrató a A Moot Point servicios de hardware por un monto de 127 mil 409 pesos. Siguiendo el esquema, la compañía subcontrató a la empresa Ingram, que le cobró 79 mil 441 pesos. El sobreprecio a favor de A Moot Point fue de 38 por ciento.

Todos los bienes y servicios que el gobierno del Estado le adquirió a A Moot Point fueron subcontratados con sobreprecios que oscilan entre el 30 y 40 por ciento.

Documentos internos de A Moot Point incluyen su directorio telefónico interno, con extensiones, nombres y alias de los que participan en este entramado. Por ejemplo, la extensión 501 del número (999) 161-79-22 es la de a.k.a. «El Guía», y la 303 del (999) 920-14-40, de a.k.a. «El Científico».

“Como hicimos el 5 de junio pasado, hemos solicitado una corroboración a las unidades de acceso de información a las dependencias estatales”, reiteró la candidata Romero Bastarrachea. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias, que son los tribunales, para esclarecer estos indicios de corrupción”.

“Agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar esta información, sosteniendo nuestro compromiso de ser su voz”, puntualizó la coordinadora estatal, Silvia López. “Ponemos de nuevo a disposición de los ciudadanos el correo [email protected] para que nos hagan llegar sus denuncias”.

Aseguraron que ya cuentan con más denuncias y que en estos momentos las están analizando con un grupo de expertos.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Avatar

    alma vanesa

    9 Jun, 2018 en 7:41 pm

    Ojala que gane Vila para que se les acabe a esta bola de corruptos

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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