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Corrupción

El Gran Museo del Mundo Maya, elefante blanco que le cuesta a los yucatecos $221 MDP anuales

Progreso Hoy

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Se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad

MÉRIDA (Diario de Yucatán).– El Gran Museo del Mundo Maya, que será sede del tercer y último debate de los candidatos a la presidencia pasado mañana martes, se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad. Su financiamiento se hizo gracias al polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Debido a este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo $221 millones anuales y lo harán durante 21 años; es decir, una cantidad total de $4,643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió la autorización del Congreso para firmar el contrato de PPS dejando las participaciones federales como garantía, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones. Aunque la exgobernadora se atribuye el mérito de la construcción del Gran Museo, su gobierno solo pagó una mínima parte de su costo. La mayor parte se dividirá entre Rolando Zapata Bello y los siguientes dos gobernadores.

El costo anual es muy alto, considerando que ese museo es un “elefante blanco”, incapaz de generar los ingresos mínimos para pagar su mantenimiento y operación.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2017, este museo tiene ingresos diarios por $23,640 y egresos por ¡$605,870!, un completo fracaso financiero si se considera que en 2013 los ingresos diarios ascendieron a $35,529, una drástica caída en cuatro años.

Esta cifra difícilmente disminuirá, ya que ese museo obtiene muy pocos beneficios económicos. No atrae a los turistas o a los interesados en la cultura maya porque no ofrece piezas arqueológicas originales, sino salas con productos audiovisuales.

La mayor parte de sus ingresos es por concepto de renta de sus locales para conferencias y hasta para eventos sociales.

Por si fuera poco, el actual director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, antes lo fue de Cultur, Jorge Esma Bazán, autor de la idea del museo y responsable de su dirección y administración, ha evadido la responsabilidad de informar el costo de la construcción y operación de la obra.

Hasta la fecha, ese funcionario ha ocultado los contratos de PPS firmados con Grupo Hermes.

Cuando en 2011 el Frente Cívico Familiar le solicitó copia de ese contrato y sus anexos técnico, financiero, de mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otros, Esma Bazán respondió que esa información se reservaría por dos años.

Pasado ese tiempo, el Frente Cívico insistió en su solicitud, pero el funcionario solo entregó una liga a internet para acceder a un documento de 165 páginas, con letra poco legible, que contendría esos contratos, aunque esa liga desapareció a los pocos días. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado como lo es el contrato de una deuda a 21 años.

Las irregularidades en el museo aparecieron desde que se comenzó a hablar del proyecto.

El terreno donde se construyó, en la calle 60 No. 299-E, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía el gobierno del Estado desde 1999. Una década después, en 2009, el gobierno de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales, $110 millones destinó para autocomprarse ese terreno. La operación se hizo el 30 de agosto de 2010 y desde entonces fue considerada como un acto perfecto de “blanqueo” de recursos, porque los $110 millones entraron a Cultur como crédito y salieron como dinero “cash” para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición.

Ivonne Ortega nunca consideró la posibilidad de donar el terreno a Cultur. Por el contrario, Esma Bazán justificó esa operación diciendo que se hizo a petición del inversionista, quien no quería el terreno a nombre del gobierno del Estado, sino de Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V., perteneciente a la división de Infraestructura de Grupo Hermes.

El contrato con esa empresa incluía la construcción de obras e instalaciones, el equipamiento del museo, la realización de la museografía para cuatro salas permanentes y una temporal, y servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, tales como mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario, estacionamiento, fumigación y control de fauna nociva, intendencia, jardinería, seguridad y vigilancia, y telecomunicaciones e informática, por 21 años.

Otra empresa del mismo grupo, Compañía Constructora La Peninsular, se hizo cargo del equipamiento y de subcontratar la construcción del edificio a la empresa yucateca Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), propiedad de Ariel Medina Medina, constructor muy cercano al gobierno de Ivonne.

Esta empresa levantó un edificio de 22,600 metros cuadrados, con tres pisos.

En el primero se ubican el vestíbulo, las salas de exposición permanente y exhibiciones temporales, la cafetería, la tienda, etcétera.

En el segundo nivel están la Sala Mayamax y el salón de usos múltiples, donde se hará el debate entre los candidatos. A este salón, con capacidad para 300 personas, se llega mediante las escaleras eléctricas o el elevador.

En el tercer nivel se ubican las oficinas administrativas y el cuarto de monitoreo, donde se controla la seguridad del edificio. El equipo de seguridad tiene sistemas de control de sensores de movimiento, detección de humo y circuito cerrado de televisión.

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Ayuntamiento

Cortés y ex funcionarios serían denunciados penalmente por daño patrimonial

Progreso Hoy

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NO RESPONDIERON NI ACLARARON MILLONARIOS FALTANTES ANTE LA ASEY Y PODRÁN SER ACUSADOS DE ESOS DESVÍOS / UN TOTAL DE 13 EX ALCALDES YUCATECOS ESTÁN EN LÍOS

PROGRESO.– Un total de trece ex alcaldes yucatecos, incluyendo al ex edil de Progreso, José Cortés Góngora y sus ex regidores y ex funcionarios, serían denunciados penalmente por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) tras no solventar los señalamientos de la instancia fiscalizadora al vencer el plazo para realizar las observaciones a sus cuentas públicas correspondientes al año 2017.
Así se dio a conocer en el Congreso del Estado de Yucatán, mediante un oficio girado ayer por la ASEY en el que reporta que de los 97 municipios notificados, un total de 13 ex alcaldes no atendió los requerimientos de la instancia fiscalizadora.
El Congreso del Estado dio a conocer ayer que los ex alcaldes que serían denunciados son los de Conkal, Dzilam de Bravo, Huhí, Kaua, Kinchil, Motul, Panabá, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Ucú, Yaxkabá y Progreso.
Como se sabe, el actual alcalde emanado del PAN, Julián Zacarías Curi, interpuso tres denuncias ante la Asey por los malos manejos cometidos por José Cortés y sus ex funcionarios y ex regidores. Cabe recordar que solo un ex regidor de la administración Cortés continúa en la actual administración debido a que se reeligió. Se trata del priista Jorge Méndez Basto, de quien incluso se comenta qye podría ser separado de su cargo para que afronte las denuncias penales que interpondría la Asey, pues estuvo involucrado en el reparto de terrenos de Flamboyanes, de los cuales uno le tocó a una persona cercana a él.

CORTÉS Y EX FUNCIONARIOS CORRUPTOS…
Como se sabe, a fines del año pasado, el actual Ayuntamiento llamó a comparecer a Cortés y sus ex funcionarios, pero éstos nunca se presentaron a declarar ni aclarar los faltantes detectados tras la auditoría municipal que se realizó.
Los ex funcionarios citados a aclarar dudas y faltantes como informó el alcalde Julián Zacarías en ese entonces, fueron el ex alcalde José Cortés Góngora, la ex secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Avila, el ex Síndico, Enrique Ordsz Martínez, así como el ex Director de Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, entre otros que fueron directamente involucrados con los malos manejos de la pasada Comuna 2015-2018, de extracción turquesa.
Las anomalías, como informó el Ayuntamiento de Progreso, van desde faltantes de dinero, malos manejos en las cuentas municipales, hasta el millonario contrato de las luminarias tipo led que resultado un fraude, elevados pagos por horas extras, reparto de terrenos de fundo legal entre amigos y allegados a funcionarios y ex regidores, y hasta la venta de una calle a una conocida familia de meridanos, entre otros.
En ese entonces, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que como resultado de la auditoría realizada por el despacho Fistax, se detectaron diversas anomalías que, por Ley, los ex funcionarios de la pasada administración están obligados a aclarar, pero éstos nunca respondieron nada.
Lo mismo hicieron ante la Asey, pues no aclararon los faltantes y ahora podrían ser denunciados penalmente.

OPORTUNIDADES AGOTADAS…
Al respecto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso local, Alejandro Cuevas Mena, declaró que al haberse agotado las tres oportunidades para solventar las observaciones, la ASEY ya está en posibilidad de interponer denuncias penales por daño patrimonial contra los 13 ex alcaldes del periodo 2015-2018, según publican medios locales.
“A estos 13 ex alcaldes la Auditoría ya les tiene que empezar un procedimiento penal, en la ASEY ya no tienen que entregar nada, los ex alcaldes lo entregarán ante el Ministerio Público, tuvieron tres oportunidades para solventar y no cumplieron”, finalizó Cuevas Mena.

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Corrupción

Alcalde de Morena en Sonora usó pasaporte falso para irse a Disneylandia

Progreso Hoy

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El Alcalde de Bácum, Sonora, a poco meses de asumir el cargo, fue condenado este lunes a 15 meses en una prisión federal de EU por el delito de fraude de pasaporte.

Rogelio Aboyte Limón, mexicano de 48 años, fue arrestado el 27 de diciembre en Nogales, Arizona, mientras usaba un pasaporte falso para llevar a su familia a Disneylandia, según los documentos presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Tucson.

Aboyte, alcalde de Morena, se declaró culpable en enero de obtener el pasaporte usando el nombre de otra persona y por no revelar una condena por tráfico de cocaína.

El arresto se dio después de que asumiera el cargo en septiembre como Alcalde de Bacum, un Municipio a 480 kilómetros al sur de Nogales.

Desde su arresto sus simpatizantes han sostenido que estuvo en la Ciudad de México por asuntos oficiales o que recibió tratamiento médico en Tucson, según informes de medios mexicanos, según publica el Arizona Daily Star

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Corrupción

Más políticos y ex funcionarios entre los beneficiados con concesiones de taxi que otorgó Rolando

Progreso Hoy

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Perredistas que emigraron al Partido Nueva Alianza (Panal), los hijos del dirigente taxista Héctor “Billy” Fernández Zapata, parientes de políticos del PRI y hasta el propietario de un hotel en Mérida aparecen también entre los beneficiarios de concesiones de placas de taxi en Yucatán.

Asoman igualmente una exconsejera electoral de Mérida y el hijo de un exjefe policíaco.

Sus nombres se suman así a los de perredistas, priistas y empresarios que, como ya informamos, recibieron títulos de concesión para vehículos de servicio de alquiler durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.
A continuación, una parte más de la lista:

—Alberto Alejandro, Génesis Anahí y Lorna Gisely Fernández Cardeña. Son hijos del secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor “Billy” Fernández. El primero es médico y trabaja para la Secretaría de Salud del Estado, en el Centro de Salud de Mérida. Recibieron las concesiones 7957, 7988 y 8163, respectivamente.

—Frangel Addiel Berlín Trejo. Es sobrino de Jorge Carlos Berlín Montero, quien ha ocupado varios cargos en las administraciones estatal y federal y fue coordinador de la campaña de José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia, en Yucatán. Le asignaron el título 7172.

—Celina Carrillo Gil. Formó parte del Consejo Electoral Municipal de Mérida. Recibió la concesión 8628.

—Federico Alberto Cuesy Ruiz. Es hijo de Federico Alberto Cuesy Adrián, quien fue titular de la Secretaría de Protección y Vialidad (hoy Secretaría de Seguridad Pública) de 1991 a 1993 y luego fue director de Policía en varios municipios, entre ellos Mérida cuando Angélica Araujo Lara fue alcaldesa. Le adjudicaron la concesión 7228.

—Aída Ofelia Zavala Alonso. Es madre del exdiputado David Barrera Zavala, expresidente estatal del PRD. Tiene la concesión 8515.

—Jorge Eduardo Castillo González. Fue presidente del Consejo Estatal del PRD. Se le asignó el título 8514.

—Silvia Georgina Pech Rodríguez. Hermana de Jorge, exregidor del PRD en Mérida. Su concesión es 8513.

Coincidentemente, David Barrera, Jorge Castillo y Jorge Pech renunciaron al PRD durante el período electoral de 2018 y se unieron a Nueva Alianza, partido que postuló como su candidato a la gubernatura del Estado, junto con el PRI y PVEM, a Mauricio Sahuí Rivero.

—Delia Maritza Tuz Alonzo y María Maximiliana Tzuc Hoyos. Son esposa y madre, en ese orden, de Daniel Cauich Tzuc, quien fue operador del PRD y auxiliar de Barrera Zavala en el Congreso. Recibieron los títulos de concesión 8516 y 8517.

—Diana María Castellanos Guzmán. Es esposa de Luis Manzanero Villanueva, exdiputado del PRD. Desempeña un trabajo administrativo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de acuerdo con documentos oficiales, está en la nómina del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), con la categoría de jefa de Departamento —uno de los dos espacios que se asignaron a cada partido cuando había oficinas de representación— y un sueldo mensual de $18,969.912. Se le adjudicó la concesión 8502.

—René Alfonso Castaldi Fuentes. Es propietario del hotel Residencial, en el rumbo de Santiago, y de dos moteles. Aparece con la concesión 6707.

—Katina Chapur Simón. Es hermana política de Ingrid Priego Cárdenas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recibió la concesión 8240 (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA
Las placas

Más detalles relacionados con las concesiones de placas de taxi en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

No las necesitan

Contra el espíritu de la ley del ramo, entre quienes recibieron concesiones figuran personas que desempeñan otras funciones —hay médicos, empresarios, etc.— y familiares de políticos.

Más nombres

A los nombres que publicamos ayer y los que exponemos hoy en esta misma página se suman los siguientes: Irving Audomaro Domínguez Santos, Ángeles Barceló Segura, Orlando Bacab Clark, Carlos Manuel Barrera Oxté, José Alejandro Bojórquez García, Rocío Bolio Cervera, Roger Adán Briceño Cano, José Guadalupe Budip Ancona, Limbert Alberto Brito Rincón, Miguel Ángel Buenfil Milán, Jesús Israel Caballero Cuevas, Jesús Fernando Cabrera Araujo, Pablo Gaspar Canto Estrella, Mario Antonio Canto Zavala y Abigail Denis Puerto.

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