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Corrupción

El Gran Museo del Mundo Maya, elefante blanco que le cuesta a los yucatecos $221 MDP anuales

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Se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad

MÉRIDA (Diario de Yucatán).– El Gran Museo del Mundo Maya, que será sede del tercer y último debate de los candidatos a la presidencia pasado mañana martes, se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad. Su financiamiento se hizo gracias al polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Debido a este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo $221 millones anuales y lo harán durante 21 años; es decir, una cantidad total de $4,643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió la autorización del Congreso para firmar el contrato de PPS dejando las participaciones federales como garantía, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones. Aunque la exgobernadora se atribuye el mérito de la construcción del Gran Museo, su gobierno solo pagó una mínima parte de su costo. La mayor parte se dividirá entre Rolando Zapata Bello y los siguientes dos gobernadores.

El costo anual es muy alto, considerando que ese museo es un “elefante blanco”, incapaz de generar los ingresos mínimos para pagar su mantenimiento y operación.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2017, este museo tiene ingresos diarios por $23,640 y egresos por ¡$605,870!, un completo fracaso financiero si se considera que en 2013 los ingresos diarios ascendieron a $35,529, una drástica caída en cuatro años.

Esta cifra difícilmente disminuirá, ya que ese museo obtiene muy pocos beneficios económicos. No atrae a los turistas o a los interesados en la cultura maya porque no ofrece piezas arqueológicas originales, sino salas con productos audiovisuales.

La mayor parte de sus ingresos es por concepto de renta de sus locales para conferencias y hasta para eventos sociales.

Por si fuera poco, el actual director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, antes lo fue de Cultur, Jorge Esma Bazán, autor de la idea del museo y responsable de su dirección y administración, ha evadido la responsabilidad de informar el costo de la construcción y operación de la obra.

Hasta la fecha, ese funcionario ha ocultado los contratos de PPS firmados con Grupo Hermes.

Cuando en 2011 el Frente Cívico Familiar le solicitó copia de ese contrato y sus anexos técnico, financiero, de mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otros, Esma Bazán respondió que esa información se reservaría por dos años.

Pasado ese tiempo, el Frente Cívico insistió en su solicitud, pero el funcionario solo entregó una liga a internet para acceder a un documento de 165 páginas, con letra poco legible, que contendría esos contratos, aunque esa liga desapareció a los pocos días. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado como lo es el contrato de una deuda a 21 años.

Las irregularidades en el museo aparecieron desde que se comenzó a hablar del proyecto.

El terreno donde se construyó, en la calle 60 No. 299-E, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía el gobierno del Estado desde 1999. Una década después, en 2009, el gobierno de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales, $110 millones destinó para autocomprarse ese terreno. La operación se hizo el 30 de agosto de 2010 y desde entonces fue considerada como un acto perfecto de “blanqueo” de recursos, porque los $110 millones entraron a Cultur como crédito y salieron como dinero “cash” para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición.

Ivonne Ortega nunca consideró la posibilidad de donar el terreno a Cultur. Por el contrario, Esma Bazán justificó esa operación diciendo que se hizo a petición del inversionista, quien no quería el terreno a nombre del gobierno del Estado, sino de Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V., perteneciente a la división de Infraestructura de Grupo Hermes.

El contrato con esa empresa incluía la construcción de obras e instalaciones, el equipamiento del museo, la realización de la museografía para cuatro salas permanentes y una temporal, y servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, tales como mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario, estacionamiento, fumigación y control de fauna nociva, intendencia, jardinería, seguridad y vigilancia, y telecomunicaciones e informática, por 21 años.

Otra empresa del mismo grupo, Compañía Constructora La Peninsular, se hizo cargo del equipamiento y de subcontratar la construcción del edificio a la empresa yucateca Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), propiedad de Ariel Medina Medina, constructor muy cercano al gobierno de Ivonne.

Esta empresa levantó un edificio de 22,600 metros cuadrados, con tres pisos.

En el primero se ubican el vestíbulo, las salas de exposición permanente y exhibiciones temporales, la cafetería, la tienda, etcétera.

En el segundo nivel están la Sala Mayamax y el salón de usos múltiples, donde se hará el debate entre los candidatos. A este salón, con capacidad para 300 personas, se llega mediante las escaleras eléctricas o el elevador.

En el tercer nivel se ubican las oficinas administrativas y el cuarto de monitoreo, donde se controla la seguridad del edificio. El equipo de seguridad tiene sistemas de control de sensores de movimiento, detección de humo y circuito cerrado de televisión.

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Corrupción

Abandonan embarcaciones de Borge en Progreso

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Tras el atentado que sufrió en febrero un ferri con un explosivo y que dejó 24 turistas lesionados, dos embarcaciones del exgobernador Roberto Borge están abandonadas en Cozumel, Quintana Roo y otros puertos como Progreso.

Los dos ferris de Cozumel, pertenecen a Barcos Caribe, empresa operada por familiares y testaferros de Borge, actualmente preso por lavado de dinero.

La posibilidad de renovar las licencias de navegación para los ferris es evaluada por la Marina y la PGR, dependencias que continúan con las investigaciones, una por lavado de dinero en la naviera y el atentado que dejó lesiones a 24 vacacionistas, segun publica el portal La Silla Rota.

El pasado 21 de febrero en Playa del Carmen, la embarcación Caribe I que hacía recorridos hacia Cozumel, registró una explosión, tras estos hechos la Marina, el Ejército y la PGR encontraron restos de material explosivo que fueron parte de un artefacto de fabricación casera.

Ocho días después de la explosión en el ferri, buzos de la compañía denunciaron que hallaron explosivos en otra embarcación, por lo que los servicios de la naviera fueron suspendidos.

A finales de 2016, Barcos Caribe compró dos naves tipo ferri catamarán con un valor de más de 138 millones de pesos y otros cinco ferris con valor superior a los 20 millones de pesos cada uno.

De las siete embarcaciones adquiridas, tres están en Cozumel, dos en Progreso, Yucatán y dos más en Tanzania, en espera de permisos para su traslado a México.

Franco González Padrón, tío del ex Gobernador Félix González Canto, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de los Borge y detenido a mediados de julio, son los representantes de Barcos Caribe.

En abril de 2017, una línea de investigación de la PGR contra Borge por lavado de dinero incluyó a la empresa naviera.

Por ello, la SEIDO convirtió a los dueños de la naviera en el blanco de pesquisas pues sin una solvencia económica previa aparecieron como prósperos empresarios en un giro económico muy costoso.

La compañía fue constituida por González Hermosillo el 22 de junio de 2012 y de entonces a la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares.

En diciembre de 2014, la compañía recibió la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para el transporte de pasajeros y el Congreso del estado le amplió de 15 a 50 años un permiso para instalar un módulo de venta de boletos e información turística, que sigue abierto, pero sin vender boletos.

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Corrupción

Bajo engaños, quieren quitarle su propiedad a vecina de Mérida

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MÉRIDA.– A sus 87 años de edad, con una lucidez sorprendente, la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel es testimonio de que la edad no es motivo para cambiar de convicciones, aun con los golpes que pueda dar la vida.

“Crecí con la idea de que los abogados están para defender, para hacer valer la ley, pero veo que no todos son así”, afirma la mujer.

Y tiene grandes razones para ese señalamiento: a causa de argucias legales se enfrenta al peligro de perder la casa donde vive desde hace más de medio siglo, donde vio crecer a su familia.

Un engaño, que ella no puede explicarse todavía, la tiene en zozobra. Una supuesta deuda de $80,000 ha puesto en riesgo el patrimonio de toda una vida, una vida que ella siente que tratan de arrebatarle.

La historia de este desfalco, relatada por la propia señora González Sierra y algunos familiares cercanos, es la siguiente:

—Una tarde de 2010 doña Rosa Elena se encontraba en su casa, en la calle 77 número 522 entre 64 y 64-A, a media cuadra de la Ermita de Santa Isabel. Llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el sujeto dijo que entregaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.

—La señora González no firmó. Dobló la hoja que le entregaban y estampó únicamente su nombre.

—Pasó el tiempo y de pronto, en 2013, se presentó un abogado en la vivienda con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal Fernández, quien hizo valer un supuesto pagaré de $80,000 y logró que se embargara la casa, ubicada en zona de alta plusvalía.

—La hoja que escribió doña Rosa, quien tenía 80 años cuando estampó su nombre —no su firma—, fue llenada para mostrar un documento de cobro. En efecto, se le escribieron $80,000, pero al momento de la notificación se le exigía ya el pago de $450,000 por concepto de capital, intereses y otros.

—Empezó la confusión. La señora González alegó que nada firmó y que no tiene necesidad de pedir un préstamo. Ni siquiera conoce a Darwin Quintal y mucho menos ha estado en Ciudad de México para recibir dinero, como dice el expediente.

—La hoja de la notificación, que se realizó por exhorto ante los tribunales locales, indica que el pagaré se firmó en 2010 y que en 2011 se informó de la demanda a la familia, pero ésta asegura que es falso, que nunca se le avisó de un juicio.

—La familia consiguió a un abogado de nombre Pedro Miranda, quien se limitó a pedirles dinero en varias ocasiones —la última vez fueron $30,000— y no resolvió el problema.

—El representante legal de Darwin Quintal en Mérida es Marco Antonio Canul Nahuat, quien hasta el año pasado decía a la familia afectada que el asunto se solucionaría con el pago de $450,000, pero después cambió el mensaje y en febrero de este año dijo que su cliente quiere ahora $700,000. Posteriormente cambió de nuevo la versión y dijo que Quintal Fernández desea la propiedad, no el dinero.

—Más aún, el abogado Canul les dijo que la casa había salido a remate y, como no hubo interesados, el propio capitalino la compró. El recibo de energía eléctrica parece confirmar ese señalamiento, pues ya está a nombre del presunto acreedor.

—Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios. Lo más reciente es una denuncia ante la Fiscalía del Estado, que sigue su curso.

—El 5 de marzo de este año llegó una actuaria del Poder Judicial para avisarles de un plazo de cinco días para desalojar la casa. El plazo ya venció y la señora González Sierra sigue allí, sin dar crédito a lo que ocurre.

“¿Cómo me pueden quitar mi casa, si a ese señor (Quintal Fernández) no lo conozco y tampoco me ha dado ningún dinero?”, pregunta la mujer.— ÁNGEL NOH ESTRADA

De un vistazo

A la orden del día

Los fraudes inmobiliarios en Yucatán están a la orden del día, con ramificaciones que se extienden a otras partes del país, principalmente del centro.

Los adultos mayores

El caso de la señora Rosa Elena González Sierra, vecina del rumbo de La Ermita, ilustra una de las variantes más comunes: al parecer hay quienes detectan a adultos mayores que viven solos o pasan mucho tiempo solos en sus casas, investigan su situación y los sorprenden en alguna “visita”, para arrancarles firmas mediante engaños. A la señora González se le inventó un pagaré donde ni siquiera está su firma, sino su nombre.

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Ayuntamiento

“Son falsas las acusaciones en mi contra”, dice la ex Contralora Municipal Alondra Ramírez

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REVELA QUE SON LAS HIJAS DE RONALD CELIS QUIENES MANEJAN EL DINERO Y AHORA BUSCAN INCULPARLAS FALSAMENTE DE UN FALTANTE

PROGRESO.– La ex Contralora Municipal y ex inspectora de recaudación, Alondra Ramírez Medina aseguró que las acusaciones del Ayuntamiento en su contra son totalmente falsas y fabricadas con el fin de perjudicarla.
La ex funcionaria, quien la semana pasada fue despedida como inspectora por el Coordinador de Recaudación Fiscal y Mercados, Ronald Celis Gómez por un presunto “fraude” de $140 mil pesos, indicó que las acusaciones son falsas.
Fue despedida de forma injustificada, fui maltratada, insultada y hbumillada tanto por el alcalde como por Ronald Celis y por ese motivo, acudí a interponer mi denuncia por despido injustificado, señaló Alondra.
Indicó que acudió a denunciar junto con su compañera inspectora Martha Loruani Vázquez Valle, quien por cierto se encuentra embarazada, y pese a eso, sin ningún miramiento, fue también despedida de su trabajo por el grosero de Ronald Celis, lo que constituye un delito.

FALSA ACUSACION…
Como informamos, el coordinador de recaudación y mercados, Ronald Bolívar Celis Gómez, declaró que las dos empleadas fueron cesadas debido a que cometieron presunto fraude y se quedaron con dinero en efectivo que cobraron. Celis Gómez dijo que las dos inspectoras de Comercio y Mercado fueron dadas de baja el 15 de mayo, pero fue hasta ahora que se supo del despido debido a que Ronald Celis colocó letreros con sus fotos en diferentes partes del puerto, advirtiendo que ya no trabajan en la Comuna. A alondra le atribuyen un faltante de $140 mil y a Marftha Vázquez, un faltante de $80 mil.

FALSAS ACUSACIONES…
Al respecto, Alondra Ramírez señaló que si el Ayuntamiento inició un procedimiento legal contra ellas, cómo es posible que sin ninguna investigación den un veredicto al señalarnos como culpables, cuando no tienen pruebas y sin que un juez haya hecho determinación alguna. Es una mentira, una difamación lo que Ronald Celis señala, dijo.
Alondra Ramírez también reveló que otras dos inspectoras municipales, también fueron señaladas de presunto fraude, pero en el caso de ellas, fueron engañadas y presionadas por Ronald para pagar un dinero que no tomaron. Sin embargo por miedo, esas dos inspectoras están devolviendo un dinero que no les corresponde.

EL DINERO LO MANEJAN LAS HIJAS DE RONALD…
En el caso mío y de Martha Vázquez, fuimos despedidas injustificadamente, dijo.
Comentó que ella y su compañera despedida entregaban el dinero a las hijas de Ronald Celis, Teresita y Mirna, quienes son las encargadas de hacer los depósitos.
-Ahora resulta que las inspectoras somos las que nos quedamos con el dinero, cuando Ronald Celis sabe bien que son sus hijas las encargadas de recibir el dinero que les entregábamos de la cobranza.. claro, a sus hijas no las va a acusar de ladronas y están buscando culpables levantando difamaciones y falsas acusaciones- indicó.
Lo raro es que las dos hijas del Coordinador trabajan con él en su propio departamendo y nadie dice nada, a pesar de que ellas casi no asisten a laborar y se la pasan paseando en el vehículo oficial del Ayuntamiento que usan incluso para ir por sus hijos a la escuela.

NUMEROSAS ANOMALÍAS…
Durante la entrevista, la ex Contralora Municipal anbordó diversos temas de corrupción cometidos por el actual Ayuntamiento y señaló que, con pruebas en la mano, se sabrán poco a poco, pues como se sabe hay muchas anomalías con funcionarios proveedores, desvíos de recursos, corrupción en obras públicas, en el DIF Municipal, licencias ilegales, corrupción y moches a regidores y hasta aviadores en la Policía Municipal, dependencia donde realicé una auditoría en la que descubrí numerosas anomalías cometidas por el regidor Arturo Núñez y el propio alcalde, sobre todo por desvío de grandes cantidades de dinero, y por ese motivo me destituyeron como contralora. CONTINUARÁ (ProgresoHoy.com)

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