Conectate con nosotros

Corrupción

El Gran Museo del Mundo Maya, elefante blanco que le cuesta a los yucatecos $221 MDP anuales

Progreso Hoy

Publicado

el

Se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad

MÉRIDA (Diario de Yucatán).– El Gran Museo del Mundo Maya, que será sede del tercer y último debate de los candidatos a la presidencia pasado mañana martes, se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad. Su financiamiento se hizo gracias al polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Debido a este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo $221 millones anuales y lo harán durante 21 años; es decir, una cantidad total de $4,643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió la autorización del Congreso para firmar el contrato de PPS dejando las participaciones federales como garantía, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones. Aunque la exgobernadora se atribuye el mérito de la construcción del Gran Museo, su gobierno solo pagó una mínima parte de su costo. La mayor parte se dividirá entre Rolando Zapata Bello y los siguientes dos gobernadores.

El costo anual es muy alto, considerando que ese museo es un “elefante blanco”, incapaz de generar los ingresos mínimos para pagar su mantenimiento y operación.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2017, este museo tiene ingresos diarios por $23,640 y egresos por ¡$605,870!, un completo fracaso financiero si se considera que en 2013 los ingresos diarios ascendieron a $35,529, una drástica caída en cuatro años.

Esta cifra difícilmente disminuirá, ya que ese museo obtiene muy pocos beneficios económicos. No atrae a los turistas o a los interesados en la cultura maya porque no ofrece piezas arqueológicas originales, sino salas con productos audiovisuales.

La mayor parte de sus ingresos es por concepto de renta de sus locales para conferencias y hasta para eventos sociales.

Por si fuera poco, el actual director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, antes lo fue de Cultur, Jorge Esma Bazán, autor de la idea del museo y responsable de su dirección y administración, ha evadido la responsabilidad de informar el costo de la construcción y operación de la obra.

Hasta la fecha, ese funcionario ha ocultado los contratos de PPS firmados con Grupo Hermes.

Cuando en 2011 el Frente Cívico Familiar le solicitó copia de ese contrato y sus anexos técnico, financiero, de mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otros, Esma Bazán respondió que esa información se reservaría por dos años.

Pasado ese tiempo, el Frente Cívico insistió en su solicitud, pero el funcionario solo entregó una liga a internet para acceder a un documento de 165 páginas, con letra poco legible, que contendría esos contratos, aunque esa liga desapareció a los pocos días. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado como lo es el contrato de una deuda a 21 años.

Las irregularidades en el museo aparecieron desde que se comenzó a hablar del proyecto.

El terreno donde se construyó, en la calle 60 No. 299-E, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía el gobierno del Estado desde 1999. Una década después, en 2009, el gobierno de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales, $110 millones destinó para autocomprarse ese terreno. La operación se hizo el 30 de agosto de 2010 y desde entonces fue considerada como un acto perfecto de “blanqueo” de recursos, porque los $110 millones entraron a Cultur como crédito y salieron como dinero “cash” para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición.

Ivonne Ortega nunca consideró la posibilidad de donar el terreno a Cultur. Por el contrario, Esma Bazán justificó esa operación diciendo que se hizo a petición del inversionista, quien no quería el terreno a nombre del gobierno del Estado, sino de Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V., perteneciente a la división de Infraestructura de Grupo Hermes.

El contrato con esa empresa incluía la construcción de obras e instalaciones, el equipamiento del museo, la realización de la museografía para cuatro salas permanentes y una temporal, y servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, tales como mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario, estacionamiento, fumigación y control de fauna nociva, intendencia, jardinería, seguridad y vigilancia, y telecomunicaciones e informática, por 21 años.

Otra empresa del mismo grupo, Compañía Constructora La Peninsular, se hizo cargo del equipamiento y de subcontratar la construcción del edificio a la empresa yucateca Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), propiedad de Ariel Medina Medina, constructor muy cercano al gobierno de Ivonne.

Esta empresa levantó un edificio de 22,600 metros cuadrados, con tres pisos.

En el primero se ubican el vestíbulo, las salas de exposición permanente y exhibiciones temporales, la cafetería, la tienda, etcétera.

En el segundo nivel están la Sala Mayamax y el salón de usos múltiples, donde se hará el debate entre los candidatos. A este salón, con capacidad para 300 personas, se llega mediante las escaleras eléctricas o el elevador.

En el tercer nivel se ubican las oficinas administrativas y el cuarto de monitoreo, donde se controla la seguridad del edificio. El equipo de seguridad tiene sistemas de control de sensores de movimiento, detección de humo y circuito cerrado de televisión.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

Continuar leyendo
Publicidad
¡Déjanos tus comentarios!

¡Hola, déjanos tus comentarios!

#E/2018

Denuncian presunto desvío millonario del gobierno de Rolando Zapata Bello

Progreso Hoy

Publicado

el

MOVIMIENTO CIUDADANO SEÑALA A LA EMPRESA AMOOT POINT Y AL GOBIERNO ESTATAL EN UNA RED DEDESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS


MÉRIDA.– Movimiento Ciudadano Yucatán dio a conocer documentos que demostrarían la existencia de una red de empresas para desviar recursos del gobierno estatal.

En rueda de prensa, se reveló esta información y se dio a conocer que este partido presentó solicitudes de información a las unidades de transparencia de diversas dependencias estatales.

“El 5 de junio pasado pusimos a disposición de los ciudadanos el correo: [email protected] para que nos hicieran llegar información sobre corrupción y malos manejos de recursos públicos”, recordó la coordinadora estatal del partido, Silvia López Escoffié. “Ese correo ya recibió valiosa información. Una de ella es la que presentamos hoy. Analizamos más de mil documentos y coincidimos que hay indicios de desvíos”.

Acompañaron a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano las candidatas Ana Rosa Payán Cervera, al Senado, y Milagros Romero Bastarrachea, al IV Distrito Local. En la rueda de prensa entregaron los siguientes documentos: Actas constitutivas, comprobantes de licitaciones y contratos directos, pagos, Cotizaciones y transacciones bancarias y memorandos internos.

“¿Qué señalan esos documentos?”, explicó a su vez la candidata al Senado, contadora pública Payán Cervera. “Por medio de una red de empresas, encabezada por la llamada A Moot Point, se podrían haber desviado recursos públicos. En esta red estarían involucrados funcionarios del gobierno estatal”.

A Moot Point, se especificó, fue creada a finales de 2014. Desde entonces, ha sido beneficiada con por lo menos 1,300 contratos directos y cinco licitaciones. En total, vía esta red se habrían desviado más de cien millones de pesos.

Estos documentos filtrados a Movimiento Ciudadano demostrarían sobreprecios, favoritismo y otras irregularidades financieras. Hay, incluso, memorandos internos en los que habla de una nómina “de gobierno” y otra “particular”, así como un directorio en el que aparecen nombres de funcionarios estatales con sus alias, como “El Guía”, “El Científico” y “El Práctico”.

A Moot Point, según los documentos en poder de Movimiento Ciudadano, fue creada el 19 de noviembre de 2014, según consta en el acta constitutiva con número 2703, registrada por la Notaría Pública Número 97. A partir de entonces, y sin nada de experiencia ni otros clientes, A Moot Point comenzó a facturarle al gobierno estatal. Las cinco licitaciones que ha obtenido de 2014 a la fecha ascienden a 80 millones de pesos. En los fallos de las licitaciones aparece como representante legal de la empresa favorecida un cuñado de un alto funcionario estatal.

Entre estas licitaciones destacan los supuestos servicios que se realizaron para el sector salud. A Moot Point ganó una licitación por $32,350,000 en lote de equipos de sistemas y tecnologías de información para el Hospital de Tekax, $29,935,040 para el Hospital Materno Infantil —cantidad con la que se pudo haber adquirido de 7,500 camas de hospital— y $3,744,589 para el Seguro Popular, sin especificar en qué consistía el bien o servicio licitado.

Doble papel. Varios de los empleados de A Moot Point cobrarían también en el gobierno estatal: hay de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), y la Secretaría de Administración y Finanzas. Ninguno de ellos oculta su doble papel, ya que aparecen públicamente con el uniforme de la empresa de esta red de desvíos.

En un memorando interno de la empresa, fechado el 2 de mayo de 2017, se señala con descaro que «el periodo de vacaciones de los empleados estará determinado por el tipo de nómina que reciban. En este rubro se pueden identificar dos tipos de nómina: gobierno y particular». Siguiendo lineamientos técnicos, se define como «gobierno a todo el personal que recibe su pago a través de nómina del gobierno del Estado de Yucatán que actualmente labora en la empresa A Moot Point».

Modus operandi. Con estos ejemplos se mostraría cómo desvía recursos A Moot Point: En noviembre de 2017, se señala, el gobierno estatal contrató una reparación de un corte de fibra óptica a A Moot Point, que cobró por ello 177 mil 166 pesos. La empresa, en realidad subcontrató el trabajo a la compañía Sitra, que a su vez le cobró 118 mil 109 pesos. A Moot Point cobró un sobreprecio de 33 por ciento.

La Secretaría de Desarrollo Rural le contrató a A Moot Point servicios de hardware por un monto de 127 mil 409 pesos. Siguiendo el esquema, la compañía subcontrató a la empresa Ingram, que le cobró 79 mil 441 pesos. El sobreprecio a favor de A Moot Point fue de 38 por ciento.

Todos los bienes y servicios que el gobierno del Estado le adquirió a A Moot Point fueron subcontratados con sobreprecios que oscilan entre el 30 y 40 por ciento.

Documentos internos de A Moot Point incluyen su directorio telefónico interno, con extensiones, nombres y alias de los que participan en este entramado. Por ejemplo, la extensión 501 del número (999) 161-79-22 es la de a.k.a. «El Guía», y la 303 del (999) 920-14-40, de a.k.a. «El Científico».

“Como hicimos el 5 de junio pasado, hemos solicitado una corroboración a las unidades de acceso de información a las dependencias estatales”, reiteró la candidata Romero Bastarrachea. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias, que son los tribunales, para esclarecer estos indicios de corrupción”.

“Agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar esta información, sosteniendo nuestro compromiso de ser su voz”, puntualizó la coordinadora estatal, Silvia López. “Ponemos de nuevo a disposición de los ciudadanos el correo [email protected] para que nos hagan llegar sus denuncias”.

Aseguraron que ya cuentan con más denuncias y que en estos momentos las están analizando con un grupo de expertos.

Continuar leyendo

Corrupción

Proveedores del IMSS falsificaron documentos para venderle equipos

Progreso Hoy

Publicado

el

De acuerdo con el sitio Animal Político, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “solaparon” una serie de irregularidades y aceptaron favores, por parte de una red de empresas que simuló competencia y falsificó registros sanitarios para vender equipo médico por una cantidad millonarias.

En una segunda entrega de una investigación sobre una red de empresas vinculadas a una familia que obtuvieron cientos de contratos por 674 millones de pesos, Animal Político detalla cómo María Isabel Camacho Ruiz, “cabeza de la red”, utilizaron “el nombre y los documentos oficiales de una empresa para participar en licitaciones, sin autorización de la dueña”.

Camacho Ruiz, quien ha negado que exista una red de empresas beneficiadas irregularmente con contratos del IMSS, sí reconoció la compra de boletos de avión a favor de funcionarios del IMSS. De acuerdo con la investigación del sitio, la empresaria utilizó dos empresas para vender equipo al IMSS: International Equipment JCB, que es de su propiedad, e Innovación MEC, fundada por Miriam Escalona, quien previamente había sido su abogada. En este caso, Camacho utilizó la empresa sin permiso de Escalona para vender equipo”de alta especialización médica, como unidades de monitoreo de signos vitales, equipo de diagnóstico cardíaco y de rayos X, mobiliario hospitalario como camillas y camas especiales, entre otros”, refiere el reportaje.

“Innovación MEC es propiedad de Miriam Escalona y su sobrino Guillermo Escalona, pero fue usada para facturar al menos 26 millones de pesos sin la autorización ni el conocimiento de ellos, para lo cual falsificaron firmas y usurparon su identidad ante el IMSS, la Secretaría de la Defensa (Sedena) y en trámites bancarios”.

Animal Político reportó otras irregularidades como la falta de registros del equipo que Camacho vendió al IMSS, así como la falta de aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En cuanto a la falsificación de datos, el reportaje ilustra cómo Dacega, una empresa de Camacho, utilizó un registro sanitario “folio 0359E2014” que la Cofepris supuestamente le otorgó para comercializar un “Sistema de Imagen de Rayos X Advanced TRX”.

Sin embargo, refiere la publicación, “en los archivos de Cofepris lo que se observa es que ese registro se otorgó, en realidad, a la empresa Karl Storz Endoscopía México para la venta de Fibroscopios – Gastroenterológicos”.

Cofepris confirmó a Animal Político que el registro sanitario no se le otorgó a ninguna de las empresas de la red. Este último dato también fue confirmado por el IMSS.

Asimismo, los autores del reportaje dijeron que, en una revisión de la base de datos de licitaciones de Compranet se confirmó que el IMSS le compró ese equipo a dos de las empresas de la red de María Isabel Camacho: Innovación MEC (un equipo) y a JCB (tres equipos).

“Además de presentar registros falsos en la licitación, Innovación MEC y JCB falsearon la marca del equipo. Animal Político consultó a la compañía Advanced Instrumentations, ubicada en Miami, Florida, para confirmar que hubiera vendido a las empresas de la red la Unidad Radiológica Fluoroscópica con Arco en C. En entrevista telefónica la firma desmintió este dato, ya que no es fabricante de ese modelo”, informó Animal Político.

Además, del uso ilícito de Innovación MEC para vender equipo al IMSS, Escalona Correa, aseguró el sitio, “se enteró dos años y medio después de que dejó de laborar en la empresa de María Isabel Camacho; para ese momento la empresa ya había ganado 47 licitaciones, había generado 330 facturas por la venta de –entre otros equipos– 174 electrocardiógrafos, por lo cual emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz para deslindarse de estas acciones”.

Escalona, dijo, Animal Político, “presentó documentos que prueban que esta red utilizó el domicilio de su empresa para otras en las licitaciones; registró como empleados suyos a miembros de la red, incluido un exfuncionario del IMSS y su madre; falsificó su firma en facturas y realizó movimientos hacendarios de manera virtual”.

Pero María Isabel Camacho, su abogado Jorge Federico Solórzano y su socio, el exfuncionario del IMSS Javier Israel Fernández “negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de un intento de extorsión por parte de Escalona”.

Respuesta del IMSS

Sobre esta serie de irregularidades, el IMSS envió un comunicado a diversos medios en el que señala que los procesos de adquisiciones y compras se han consolidado en transparencia y libre competencia para los proveedores.

“Antes de este gobierno, el Seguro Social realizaba mediante licitación el 60% de sus adquisiciones y durante este periodo ese porcentaje aumentó a 76% y el resto corresponde en su mayoría a compra de medicamentos de fuente única o bien a compras extraordinarias, como ha ocurrido en situaciones de emergencia como la del pasado 19 de septiembre”, detalló el IMSS.

Continuar leyendo

Ayuntamiento

Sí hay planes de vender el campo deportivo 20 de Noviembre

Progreso Hoy

Publicado

el

PROGRESO.— Érick Rocher Marzoa, profesor de educación física y entrenador del equipo infantil Tiburoncitos, informó ayer miércoles que el Ayuntamiento presentó hace unos tres meses el plan de vender el céntrico campo de fútbol “20 de Noviembre”, pero la propuesta fue rechazada, aunque esta semana la retomó.

Relató que hace unos tres meses, el coordinador de Deportes del Ayuntamiento, Carlos Uribe Frías, convocó a representantes de ligas de fútbol a una reunión en el parque Morelos.

“En esa reunión estuvieron Carlos Uribe y dos inversionistas, quienes expusieron el proyecto de construir una tienda comercial en el “20 de Noviembre” y que con el dinero de la venta del inmueble se construirían dos campos de fútbol en la Unidad Víctor Cervera”, informa Diario de Yucatan.

Rocher Marzoa indicó que “los entrenadores y representantes de ligas rechazaron esa propuesta”.

“Expusieron que hacen falta más espacios deportivos y que el ‘20 de Noviembre’ necesita mejoras”, agregó.

“Fue así como nos enteramos de los planes de venta del campo de fútbol, pero como se rechazó pensamos que ahí había quedado.

“Sin embargo, luego nos enteramos de la consulta ciudadana que comenzó a realizar (el lunes 4 a la 1 de la tarde) el Ayuntamiento por medio de su página oficial (en Facebook) y esa situación preocupó a la comunidad deportiva por el destino que tendrá el campo”, abundó Rocher Marzoa.

El campo de fútbol “20 de Noviembre” fue construido hace unos 50 años en un lote de la calle 35 entre 76 y 78 del centro de esta ciudad.

El exboxeador Armando “Gavilán” Cervantes Segura, de 75 años de edad, recordó ayer que hace 52 años se pasó a vivir en un predio frente a ese lote y aún no construían el campo.

Indicó que el terreno era cenagoso y ahí había tanques de Pemex que almacenaban combustible y chapopote. “Fue una obra titánica rellenar el terreno… además del campo construyeron las primeras gradas”.

Según dijo anteayer el futbolista Antonio Ontiveros Loría, hoy jueves en la tarde la comunidad deportiva haría un plantón contra el Ayuntamiento por la propuesta de vender el campo 20 de Noviembre.

Continuar leyendo
Publicidad
Publicidad

Facebook

#ENTÉRATE