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Corrupción

El Gran Museo del Mundo Maya, elefante blanco que le cuesta a los yucatecos $221 MDP anuales

Progreso Hoy

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Se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad

MÉRIDA (Diario de Yucatán).– El Gran Museo del Mundo Maya, que será sede del tercer y último debate de los candidatos a la presidencia pasado mañana martes, se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad. Su financiamiento se hizo gracias al polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Debido a este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo $221 millones anuales y lo harán durante 21 años; es decir, una cantidad total de $4,643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió la autorización del Congreso para firmar el contrato de PPS dejando las participaciones federales como garantía, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones. Aunque la exgobernadora se atribuye el mérito de la construcción del Gran Museo, su gobierno solo pagó una mínima parte de su costo. La mayor parte se dividirá entre Rolando Zapata Bello y los siguientes dos gobernadores.

El costo anual es muy alto, considerando que ese museo es un “elefante blanco”, incapaz de generar los ingresos mínimos para pagar su mantenimiento y operación.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2017, este museo tiene ingresos diarios por $23,640 y egresos por ¡$605,870!, un completo fracaso financiero si se considera que en 2013 los ingresos diarios ascendieron a $35,529, una drástica caída en cuatro años.

Esta cifra difícilmente disminuirá, ya que ese museo obtiene muy pocos beneficios económicos. No atrae a los turistas o a los interesados en la cultura maya porque no ofrece piezas arqueológicas originales, sino salas con productos audiovisuales.

La mayor parte de sus ingresos es por concepto de renta de sus locales para conferencias y hasta para eventos sociales.

Por si fuera poco, el actual director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, antes lo fue de Cultur, Jorge Esma Bazán, autor de la idea del museo y responsable de su dirección y administración, ha evadido la responsabilidad de informar el costo de la construcción y operación de la obra.

Hasta la fecha, ese funcionario ha ocultado los contratos de PPS firmados con Grupo Hermes.

Cuando en 2011 el Frente Cívico Familiar le solicitó copia de ese contrato y sus anexos técnico, financiero, de mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otros, Esma Bazán respondió que esa información se reservaría por dos años.

Pasado ese tiempo, el Frente Cívico insistió en su solicitud, pero el funcionario solo entregó una liga a internet para acceder a un documento de 165 páginas, con letra poco legible, que contendría esos contratos, aunque esa liga desapareció a los pocos días. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado como lo es el contrato de una deuda a 21 años.

Las irregularidades en el museo aparecieron desde que se comenzó a hablar del proyecto.

El terreno donde se construyó, en la calle 60 No. 299-E, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía el gobierno del Estado desde 1999. Una década después, en 2009, el gobierno de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales, $110 millones destinó para autocomprarse ese terreno. La operación se hizo el 30 de agosto de 2010 y desde entonces fue considerada como un acto perfecto de “blanqueo” de recursos, porque los $110 millones entraron a Cultur como crédito y salieron como dinero “cash” para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición.

Ivonne Ortega nunca consideró la posibilidad de donar el terreno a Cultur. Por el contrario, Esma Bazán justificó esa operación diciendo que se hizo a petición del inversionista, quien no quería el terreno a nombre del gobierno del Estado, sino de Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V., perteneciente a la división de Infraestructura de Grupo Hermes.

El contrato con esa empresa incluía la construcción de obras e instalaciones, el equipamiento del museo, la realización de la museografía para cuatro salas permanentes y una temporal, y servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, tales como mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario, estacionamiento, fumigación y control de fauna nociva, intendencia, jardinería, seguridad y vigilancia, y telecomunicaciones e informática, por 21 años.

Otra empresa del mismo grupo, Compañía Constructora La Peninsular, se hizo cargo del equipamiento y de subcontratar la construcción del edificio a la empresa yucateca Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), propiedad de Ariel Medina Medina, constructor muy cercano al gobierno de Ivonne.

Esta empresa levantó un edificio de 22,600 metros cuadrados, con tres pisos.

En el primero se ubican el vestíbulo, las salas de exposición permanente y exhibiciones temporales, la cafetería, la tienda, etcétera.

En el segundo nivel están la Sala Mayamax y el salón de usos múltiples, donde se hará el debate entre los candidatos. A este salón, con capacidad para 300 personas, se llega mediante las escaleras eléctricas o el elevador.

En el tercer nivel se ubican las oficinas administrativas y el cuarto de monitoreo, donde se controla la seguridad del edificio. El equipo de seguridad tiene sistemas de control de sensores de movimiento, detección de humo y circuito cerrado de televisión.

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Corrupción

Presentan denuncias penales contra ex funcionarios rolandistas

Progreso Hoy

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DE FORMA DESESPERADA, EL EX GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA INTENTA DESLINDARSE DE LAS ACUSACIONES POR MEDIO DE UN VÍDEO-MENSAJE

MÉRIDA.– La titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, presentó hoy denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley. Como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.

Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.  

“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepcioìn, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupcioìn y la Auditoriìa Superior del Estado de Yucataìn en que cumpliraìn con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”. 

(Cabe señalar que en el marco de estas denuncias, el ex gobernador priista Rolando Zapata Bello mostró desesperación e intentó deslindarse de las acusaciones mediante un vídeo-mensaje que distribuyó junto con sus ex colaboradores y medios afines a través de las redes sociales. En dicho mensaje, el ex mandatario estatal aseguró que su gobierno fue “honesto y de trabajo”, lo que ocasionó que le llovieran las críticas de gente que no le creyó ni una palabra de su elaborado mensaje).

En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.

La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindaraì todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto poliìtico, sino un tema estrictamente juriìdico resultado de los procesos de entrega-recepcioìn”. 

Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey). También, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

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Capital y Estado

Detectan millonario faltante tras la salida de Rolando Zapata Bello

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EN SU ADMINISTRACIÓN GASTÓ $1,900 MDP DEL PRESUPUESTO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, QUE NO LE CORRESPONDÍAN

MÉRIDA.– La administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante de cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año, reportó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno del Estado, al dar avances sobre el proceso de entrega-recepción.

En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la SAF, Olga Rosas Moya, informó que también se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera.

Ante los integrantes de este órgano, conformado por representantes del sector empresarial y la sociedad civil, la funcionaria dio a conocer la situación financiera y el balance presupuestal, como parte de los avances del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal, se indica en un comunicado.

Además de estas complicaciones presupuestarias, el reporte señala la existencia de contingencias por más de 2,500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018.

La funcionaria explicó que estas observaciones no fueron solventadas oportunamente por la anterior administración y ante la actual falta de información y la desaparición de expedientes aumenta el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la Federación.

Al profundizar sobre los avances del proceso de entrega-recepción, se mencionó que se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos y ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados.

Durante la reunión se detalló que el faltante por 1,900 millones de pesos, de acuerdo con información documental con la que se cuenta, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el gobierno del Estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año del ejercicio, los cuales se recibieron, sin explicación de por medio, de manera anticipada.

“Nos hacen falta, prácticamente, 1,900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año se gastaron más dinero del que debían haber gastado, y esto nos pone en una condición complicada”, apuntó Olga Rosas en presencia de las titulares de las secretarias general de Gobierno, María Fritz Sierra, y de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés.

Con base en la Ley de Ingresos 2018, para el período enero-septiembre de 2018 se autorizaron recursos de libre disposición por 13,812 millones de pesos, pero se recibieron 17,234 millones de pesos; es decir, se tuvo un monto adicional de 3,421 millones de pesos, un 30 por ciento más de lo calculado, mientras que para el cuarto cuatrimestre de este mismo año se estiman casi dos mil millones de pesos menos.

Los 3,421 millones de pesos extras que se obtuvieron fueron por la venta de bienes del gobierno del Estado, participaciones adicionales, recursos del fondo para gasto en educación, para el fortalecimiento financiero y del fondo de contingencias económicas, el cual se otorga usualmente al final del año, pero que este caso se hizo en el trimestre anterior, de manera anticipada.

De tal manera que, se expuso, para el último trimestre se proyectó un presupuesto estimado en 5,941 millones de pesos, pero con el gasto de los recursos que llegaron por adelantado sólo se contará con poco más de 4,000 millones de pesos, lo que complicará el cierre del ejercicio fiscal 2018 para cumplir las obligaciones, y hay otras erogaciones como el pago de aguinaldos a los trabajadores.

Ante ello, el mandatario estatal indicó que ya han realizado las gestiones necesarias ante el gobierno federal saliente y entrante para atender los compromisos financieros que la administración estatal tiene al final del año con este déficit, se indicó.

A la sesión acudieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis, y los representantes de las delegaciones locales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Castillo Campos, de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Amenoffis Acosta Ríos, y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Alberto Abraham Xacur.

También los presidentes locales del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Enrique Salazar Durán, y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Francisco Álvarez Cuevas.

Ayer se dieron a conocer más detalles de cómo se recibieron las finanzas del Estado. A la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto también acudieron Álvaro Garza R. de la Gala, por la sociedad civil; el rector de la Universidad Marista, Miguel Baquedano Pérez, y en representación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Manuel Escoffié Aguilar.

Por el gobierno del Estado estuvieron presentes el director de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores; el consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, y el coordinador de Asesores del Ejecutivo del Estado, Álvaro Juanes Laviada.

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Ayuntamiento

Cortés y ex funcionarios no se han presentado a aclarar anomalías detectadas en auditoría

Progreso Hoy

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A OCHO DÍAS QUE FUERON CITADOS, NO SE HAN PRESENTADO PARA SUBSANAR Y ACLARAR LOS FALTANTES Y ANOMALÍAS DETECTADOS EN LA AUDITORÍA MUNICIPAL DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN
PROGRESO.– A una semana de que fueron citados para aclarar las diversas anomalías, omisiones y faltantes de dinero detectados durante la auditoría municipal del proceso de entrega-recepción, ningún ex funcionario del Ayuntamiento 2015-2018 se ha presentado para subsanar las diversas observaciones señaladas.
Como se sabe, los ex funcionarios citados a aclarar dudas y faltantes son el ex alcalde José Cortés Góngora, la ex secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Avila, el ex Síndico, Enrique Ordsz Martínez, así como el ex Director de Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, entre otros que han sido directamente involucrados en los malos manejos de la pasada Comuna.
Las anomalías, como informó el Ayuntamiento, van desde faltantes de dinero, malos manejos en las cuentas municipales, hasta el millonario contrato de las luminarias, elevados pagos por horas extras, reparto de terrenos de fundo legal, entre otros.
Hace varias semanas, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que como resultado de la auditoría realizada por el despacho Fistax, se detectaron diversas anomalías que, por Ley, los ex funcionarios de la pasada administración están obligados a aclarar.
En caso de no presentarse a aclarar y subsanar los diversos faltantes, el alcalde ha señalado que el Cabildo procederá a denunciar penalmente a los ex funcionarios municipales ante el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) con el fin de que se les finquen responsabilidades, pues hay millonarios faltantes.
Los citatorios fueron girados desde el primer día de noviembre y hasta hoy, según han confirmado fuentes del Palacio Municipal, nadie se ha presentado.
El único que ha abordado públicamente el tema, es es ex alcalde José Cortés, quien en declaraciones a un medio local aseguró que no se robó “ni un peso” y que todo fue transparente durante su administración. Sin embargo, no se ha presentado a aclarar lo que le ha solicitado el Ayuntamiento.
Por su parte, Fernando Martínez, otro de los señalados en la auditoría de Fistax por el caso de las luminarias y hasta la “venta” de una calle a un particular, tampoco se ha presentado a declarar -hasta ayer-, pero sí se ha dedicado a patalear en redes sociales, aludiendo su presunta inocencia.
El plazo establecido para que asistan y aclaren los faltantes, como se sabe, es hasta el 30 de noviembre.
Ex funcionarios de la pasada administración vieron grandes mejorías en su situación económica en tan solo 3 años de la administración municipal, pues de no tener prácticamente nada, hoy presumen una vida de lujos, viajes, propiedades, negocios, automóviles y más. Lo peor es que algunos creen que lanzando insultos y agresiones van a quedar en el olvido sin que los progreseños y las autoridades les pasen la factura de sus tropelías. (ProgresoHoy.com)

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