El Gran Museo del Mundo Maya, elefante blanco que le cuesta a los yucatecos $221 MDP anuales

Se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad

MÉRIDA (Diario de Yucatán).– El Gran Museo del Mundo Maya, que será sede del tercer y último debate de los candidatos a la presidencia pasado mañana martes, se construyó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y hoy es un monumento a la ineficacia, el dispendio y la opacidad. Su financiamiento se hizo gracias al polémico esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que su construcción y operación se adjudicó a dos empresas del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Debido a este esquema, desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo $221 millones anuales y lo harán durante 21 años; es decir, una cantidad total de $4,643 millones, 11 veces más de lo que inicialmente se informó.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió la autorización del Congreso para firmar el contrato de PPS dejando las participaciones federales como garantía, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones. Aunque la exgobernadora se atribuye el mérito de la construcción del Gran Museo, su gobierno solo pagó una mínima parte de su costo. La mayor parte se dividirá entre Rolando Zapata Bello y los siguientes dos gobernadores.

El costo anual es muy alto, considerando que ese museo es un “elefante blanco”, incapaz de generar los ingresos mínimos para pagar su mantenimiento y operación.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2017, este museo tiene ingresos diarios por $23,640 y egresos por ¡$605,870!, un completo fracaso financiero si se considera que en 2013 los ingresos diarios ascendieron a $35,529, una drástica caída en cuatro años.

Esta cifra difícilmente disminuirá, ya que ese museo obtiene muy pocos beneficios económicos. No atrae a los turistas o a los interesados en la cultura maya porque no ofrece piezas arqueológicas originales, sino salas con productos audiovisuales.

La mayor parte de sus ingresos es por concepto de renta de sus locales para conferencias y hasta para eventos sociales.

Por si fuera poco, el actual director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, antes lo fue de Cultur, Jorge Esma Bazán, autor de la idea del museo y responsable de su dirección y administración, ha evadido la responsabilidad de informar el costo de la construcción y operación de la obra.

Hasta la fecha, ese funcionario ha ocultado los contratos de PPS firmados con Grupo Hermes.

Cuando en 2011 el Frente Cívico Familiar le solicitó copia de ese contrato y sus anexos técnico, financiero, de mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otros, Esma Bazán respondió que esa información se reservaría por dos años.

Pasado ese tiempo, el Frente Cívico insistió en su solicitud, pero el funcionario solo entregó una liga a internet para acceder a un documento de 165 páginas, con letra poco legible, que contendría esos contratos, aunque esa liga desapareció a los pocos días. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado como lo es el contrato de una deuda a 21 años.

Las irregularidades en el museo aparecieron desde que se comenzó a hablar del proyecto.

El terreno donde se construyó, en la calle 60 No. 299-E, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía el gobierno del Estado desde 1999. Una década después, en 2009, el gobierno de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales, $110 millones destinó para autocomprarse ese terreno. La operación se hizo el 30 de agosto de 2010 y desde entonces fue considerada como un acto perfecto de “blanqueo” de recursos, porque los $110 millones entraron a Cultur como crédito y salieron como dinero “cash” para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición.

Ivonne Ortega nunca consideró la posibilidad de donar el terreno a Cultur. Por el contrario, Esma Bazán justificó esa operación diciendo que se hizo a petición del inversionista, quien no quería el terreno a nombre del gobierno del Estado, sino de Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V., perteneciente a la división de Infraestructura de Grupo Hermes.

El contrato con esa empresa incluía la construcción de obras e instalaciones, el equipamiento del museo, la realización de la museografía para cuatro salas permanentes y una temporal, y servicios relacionados con su conservación, seguridad y funcionamiento, tales como mantenimiento de las instalaciones, equipo y mobiliario, estacionamiento, fumigación y control de fauna nociva, intendencia, jardinería, seguridad y vigilancia, y telecomunicaciones e informática, por 21 años.

Otra empresa del mismo grupo, Compañía Constructora La Peninsular, se hizo cargo del equipamiento y de subcontratar la construcción del edificio a la empresa yucateca Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), propiedad de Ariel Medina Medina, constructor muy cercano al gobierno de Ivonne.

Esta empresa levantó un edificio de 22,600 metros cuadrados, con tres pisos.

En el primero se ubican el vestíbulo, las salas de exposición permanente y exhibiciones temporales, la cafetería, la tienda, etcétera.

En el segundo nivel están la Sala Mayamax y el salón de usos múltiples, donde se hará el debate entre los candidatos. A este salón, con capacidad para 300 personas, se llega mediante las escaleras eléctricas o el elevador.

En el tercer nivel se ubican las oficinas administrativas y el cuarto de monitoreo, donde se controla la seguridad del edificio. El equipo de seguridad tiene sistemas de control de sensores de movimiento, detección de humo y circuito cerrado de televisión.