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21 de Septiembre de 2019

#E/2018

El INE iniciará la revisión de gastos de campaña de los partidos políticos

Progreso Hoy

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El pasado primero de julio las y los mexicanos vivimos uno de los episodios más exitosos de nuestra historia democrática. La Jornada Electoral fue una auténtica fiesta cívica en la que las y los ciudadanos pudieron expresarse y votar en todo el país con plena libertad por la opción política de su preferencia.

Más de 56 millones y medio de mexicanos acudieron ese día a emitir su sufragio en libertad. Ello fue posible porque a lo largo del último año el INE ha venido construyendo las condiciones, con apego a los principios constitucionales, para que el día de la elección las y los ciudadanos pudieran ejercer su voto de manera autónoma. El mandato ciudadano expresado en las urnas ha sido claro y contundente; el INE no sólo lo respeta sino que, como garante de los derechos políticos de las y los mexicanos, va a defenderlo hasta sus últimas consecuencias.

Para el INE, el resultado de las votaciones es incuestionable y es precisamente la calidad de la elección y la transparencia con la que éstas se llevaron a cabo lo que dotará de plena legitimidad democrática a quienes ocuparán en breve, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones que se han presentado y califique las elecciones, los cargos de elección popular para los que han sido electos.

Es cierto que está pendiente la conclusión de las revisiones de los informes financieros de las campañas, mismos que prevemos conocer en la sesión del Consejo General del próximo 6 de agosto; pero más allá de ello, el resultado electoral es indubitable y ha merecido el reconocimiento de todos los contendientes y actores políticos.

Paralelamente a las elecciones, en sus funciones relacionadas con la rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo General, resolvió la semana pasada varios procedimientos administrativos respecto de quejas, en materia de ingresos y gastos, presentadas por diversos partidos políticos.

Es en ese contexto en donde se circunscribe el caso del fideicomiso “Por los demás”, que implicó una sanción al partido político Morena, entre otros procedimientos que supusieron también multas al PRI y al PAN.

Respecto del caso del fideicomiso mencionado es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento, derivado de este caso, que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del 1º de julio pasado.

En el desahogo de este caso, como en todos los que ha conocido el INE, la actuación del Instituto se ha apegado a los principios de legalidad, imparcialidad y de independencia. El INE siempre se ha ajustado a las normas vigentes y su actuación, invariablemente, ha sido sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos políticos.

En el caso del fideicomiso, el Instituto nunca jugó con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, como planteó en su momento el partido denunciante. Siempre señalamos que el caso se resolvería en los plazos que la misma investigación requería. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Del mismo modo rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución.

La revisión por parte de cualquier interesado del expediente, una vez que el caso esté firme y sea público, podrá constatar la imparcialidad de las indagatorias, de las conclusiones y de sus tiempos. Hoy, por otra parte, la resolución del INE ya es pública y puede ser consultada.

No obstante, quien no esté de acuerdo con la decisión del INE venturosamente tiene el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral que, ante cualquier diferendo, es la última instancia en nuestro sistema electoral. De hecho, Morena impugnó el domingo pasado la resolución del Instituto. Celebramos que, ante las diferencias, se haya seguido el cauce institucional previsto. Para eso están esas vías en nuestro sistema democrático: para procesar conforme a derecho y ante las instancias legales las inconformidades. Es esa la arena, y no otra, en donde las mismas deben encauzarse.

En estos momentos el Instituto Nacional Electoral prepara el respectivo informe circunstanciado en el que se sostendrán los razonamientos y las conclusiones de la investigación que nos llevaron, a 10 de los 11 consejeros electorales, a considerar que estamos frente a un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento. El Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra y seremos, como siempre, respetuosos de esa decisión.

El INE es un órgano constitucional autónomo, eso quiere decir que en ninguna de nuestras decisiones intervienen poderes externos, ni políticos, ni económicos, ni sociales. Siempre hemos sido celosos de nuestra autonomía y lo seguiremos siendo en el futuro. Todos los asuntos que conocemos y resolvemos, todas nuestras decisiones parten de esa misma premisa de autonomía en nuestra actuación.

Sin embargo, asumimos que somos parte del Estado mexicano y, como tal, entendemos que la comunicación respetuosa y fluida con otros órganos del Estado y particularmente los gobiernos, los actuales y los que han sido electos, es indispensable para que podamos enfrentar como sociedad los grandes problemas que aquejan a nuestra nación.

Desde el INE estamos convencidos que el pluralismo político de la sociedad mexicana es una de las principales bases de la riqueza de nuestra democracia y que la convivencia de ese pluralismo pasa por el respeto recíproco y por la existencia de canales de comunicación y de entendimiento; por una tendencia, con respeto a las diferencias, a maximizar, en consecuencia, los puntos de convergencia. De eso se trata al final la vida en democracia.

El INE reitera su disposición al diálogo dentro del marco legal, y a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y, en particular, con quienes de manera clara han recibido el mandato de gobernarnos en los próximos años, con la convicción de que, más allá de las diferencias –insisto, naturales en las democracias-, es el trabajo conjunto y el amor a México el que nos permitirá salir adelante como nación democrática.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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