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29 de Marzo de 2024

Capital y Estado

Ex gobernadora de Yucatán confirma que el Instituto Patria surgió como un proyecto de carácter social

Bajo el título Salvar al “Patria”: Recuperar su espíritu, la ex gobernadora de Yucatán, dulce María Sauri Riancho aborda el caso del Instituto Patria, que como informamos, fue “vetado” por la Arquidiócesis de Yucatán, prohibiendo incluso todo tipo de culto religioso a los sacerdotes católicos de Yucatán.

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MÉRIDA.– Bajo el título Salvar al “Patria”: Recuperar su espíritu, la ex gobernadora de Yucatán, dulce María Sauri Riancho aborda el caso del Instituto Patria, que como informamos, fue "vetado" por la Arquidiócesis de Yucatán, prohibiendo incluso todo tipo de culto religioso a los sacerdotes católicos de Yucatán.
Sobre el caso, un periódico local publica el siguiente escrito de la ex mandataria estatal:

“A partir de este momento, decreto que la Arquidiócesis de Yucatán se separa total y absolutamente del Instituto Patria, finalizando su compromiso original de acompañamiento, enseñanza, asesoría y asistencia espiritual, quedando prohibido para cualquier sacerdote diocesano o religioso efectuar cualquier acto de culto en dicha institución o a favor de ella”. Estas contundentes frases pertenecen a un comunicado del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez, leídas por el sacerdote oficiante al concluir la misa a la que asistí el domingo pasado. Sorprendida por el contenido del documento, pasé con rapidez a los recuerdos y de ahí a la preocupación por el destino de un proyecto que vi nacer hace más de 20 años. Era gobernadora de Yucatán cuando un grupo de padres de familia, con el apoyo del párroco de María Inmaculada, acudió a mí para plantear su deseo de adquirir un terreno de la reserva territorial de Mérida y construir una escuela de inspiración cristiana.

Descontentos con los cambios en la política educativa del plantel privado al que asistían sus hijos, deseaban desarrollar un proyecto alternativo que brindara opciones educativas en un ambiente de libertad y de alta calidad académica.

En 1991 la porción norte del periférico de Mérida estaba deshabitada. En la década anterior el gobierno estatal había conformado una reserva urbana para ordenar la ocupación del suelo y brindar opciones a quienes desearan desarrollar proyectos de carácter social, como la construcción de vivienda popular, centros educativos y sociales, entre otros. De esta manera, el organismo público responsable de la correcta utilización de las extensas superficies disponibles vendió terrenos a un empresario para desarrollar el fraccionamiento Francisco de Montejo; a los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, su local social y centro deportivo; a la Asociación Dental Yucateca, para sus instalaciones, entre otros.

Especial atención recibieron las solicitudes de las asociaciones civiles que se disponían a construir instalaciones escolares. En esos años, el CUM adquirió los terrenos para desarrollar la futura Universidad Marista; el Piaget, para edificar un nuevo edificio, cuando en Chuburná ya no tenía espacio para expandirse. Recuerdo en forma muy especial a la asociación civil del Instituto Patria, que se disponía a emprender un proyecto educativo desde el principio, es decir, construyendo el edificio para albergar la nueva escuela. Hoy el “Patria” es una institución educativa que atiende a más de mil estudiantes, desde kínder hasta nivel universitario. ¿Qué pasó en ese camino de 20 años? ¿Cuándo el espíritu del “Patria” se extravió?

El periférico se transformó en una moderna autopista de seis carriles que funciona prácticamente como avenida de la ciudad. El crecimiento de Mérida se expandió en forma notable hacia el norte. Los terrenos del “Patria” quedaron vecinos de City Center, de San Ángelo y otros caros desarrollos inmobiliarios en los que el precio por metro cuadrado de terreno alcanza cantidades exorbitantes.

Desde hace algunos años comenzaron a circular rumores de que el “Patria” arrastraba problemas administrativos; que los salarios de los maestros llegaban con retraso o simplemente no llegaban; que se concertaron créditos bancarios para financiar déficits operativos inexplicables en una institución que mes a mes recibe las colegiaturas de sus alumnos. Se supo que la entusiasta asociación civil de los inicios se había fracturado, que la mayoría de las parejas promotoras la habían abandonado. El desgaste social del proyecto educativo trascendió cuando se conoció que un inminente embargo de las instalaciones fue detenido por la intercesión personal del arzobispo Emilio Carlos. La avanzada edad y el estado de salud del sacerdote promotor del proyecto original conspiraron para complicar una situación que puede derivar en la ejecución de las garantías de préstamos concertados en los últimos años.

La propiedad inmobiliaria del “Patria” podría quedar en manos de un destacado notario público que se ha especializado en la adquisición hostil de predios de gran valor económico, como el del hotel “Mérida” de la calle 60 y de centros escolares en problemas por divisiones internas de la cooperativa o de los socios, como fue el caso del Colegio Americano.

¿Qué pasará con los terrenos del “Patria”? Se dice que su superficie vale en el mercado inmobiliario más de 200 millones de pesos. Pero ¿cuánto vale la formación de niños y jóvenes que se ha visto lastimada por los problemas internos de esta institución? Ignoro los compromisos económicos de la asociación civil original con la arquidiócesis, en un tiempo que las iglesias estaban impedidas de adquirir propiedades. Pero eso quedó en el pasado, justamente poco después de la formación del Instituto Patria. ¿Por qué esperaron tantos años y tanto desgaste para intentar regularizar esta situación?

Celebro que el arzobispo de Yucatán haya hablado claro y fuerte sobre el problema del “Patria”; que no haya cedido ante las voces que le aconsejaban acallar el conflicto con los feligreses más destacados económicamente de la iglesia yucateca. El papa Francisco está contra la simulación y el silencio cómplice que impide resolver situaciones que laceran la vida de la Iglesia. Ésta puede ser una de ellas. Entre la ambición y la codicia, me quedo con el ruego final de la comunicación arzobispal: “Oraciones, ayuda y consejo para salvar a ese querido Instituto”. Que sea la salvación del “Patria” el resultado final de esta tormenta.— Mérida, Yucatán. [email protected]

POR OTRA PARTE, nueva información surgió en torno al caso.

MÉRIDA.– Varios miembros del Instituto Educativo de Yucatán, A.C. (IEY), propietario del terreno y los edificios del Instituto Patria, dieron su permiso para ceder los bienes de esa escuela a la Arquidiócesis de Yucatán desde 2013. Incluso un notario emitió un aviso preventivo de donación en diciembre de ese año, pero la operación no se concretó por la oposición del presidente del IEY, David Abraham Achach.

Según una fuente cercana a esa negociación, el ahora arzobispo emérito, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, con el apoyo del propio fundador y rector del Patria, monseñor Álvaro García Aguilar, hizo gestiones en los últimos años para incorporar los bienes de esa escuela, en el predio catastral número 13005, al patrimonio de la Arquidiócesis.

Su argumento principal, añade la fuente, era que cientos de personas participaron en la creación del Instituto Patria, con su tiempo y en muchos casos con su dinero para construir el edificio en forma desinteresada, pues desde el inicio se dijo que se trataba de una obra apoyada por la Iglesia Católica a favor de la sociedad y no de un grupo de particulares.

—Las donaciones y los bienes adquiridos en la etapa inicial —explica nuestra fuente— se pusieron a nombre de una asociación civil porque la ley de entonces impedía a la Iglesia tener propiedades a su nombre.

—A partir de las gestiones del arzobispo Berlie, varios de los integrantes de esa asociación aceptaron ceder los bienes de la escuela a la Iglesia, una vez que la ley ya lo permitía.

Las negociaciones avanzaron tanto que el 2 de diciembre de 2013 el notario Jorge Estrada Avilés entregó al Registro Público de la Propiedad un “aviso preventivo de donación”, que significaba que estaba en marcha una operación “para enajenar a título de donación gratuita” el predio marcado con el número catastral 13005. En ese aviso, cuya copia obra en poder de este periódico, aparecía como donante el Instituto Educativo de Yucatán, A.C., y como donataria la Arquidiócesis de Yucatán, Asociación Religiosa.

Pese a los avances en las negociaciones, al final Abraham Achach, según la fuente, se negó a firmar, aduciendo falta de argumentos legales de la Iglesia para adjudicarse los bienes del Patria.

En efecto, Abraham Achach se ostentó como propietario legítimo del predio, en su carácter de presidente del IEY. Éste adquirió la propiedad plena del tablaje 13005, el 22 de abril de 1996, mediante la escritura pública número 393, hecha ante el notario Luis Silveira Cuevas. Como secretario del IEY figuraba José Luis Solís Medina (ya fallecido) y como tesorero, Mario Erosa Burgos, quien hace poco se desligó de esa organización.

El IEY había adquirido el predio —de 38,860 metros cuadrados de extensión, ubicado en el Periférico Norte, cerca de donde ahora está City Center— a principios de 1992 de la entonces Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), aunque la escritura se hizo luego de una división y rectificación de medidas del tablaje.

De acuerdo con la fuente, el IEY pagó por ese predio alrededor de 360,000 pesos y lo puso a su nombre “porque así se convino desde el principio con la Cousey”.

Ese precio estaba muy por abajo del valor comercial que tenían entonces los terrenos de Periférico Norte, “pero se fijó así por tratarse de una obra educativa y especialmente por tener el auspicio público de la Iglesia”.

El valor catastral actual del tablaje, con una superficie construida de 8,068 metros, asciende a 62 millones de pesos, aunque su valor comercial es mucho mayor.

—La Arquidiócesis intentó regularizar la propiedad del Patria —precisa la fuente— para salvaguardar los intereses de las personas que contribuyeron desinteresadamente a su creación, ante el riesgo de su apropiación por un pequeño grupo de particulares, y también preocupada por el continuo deterioro administrativo y legal de la escuela.

Un ejemplo: los embargos de Banorte, IMSS, Infonavit y hasta del Sistema de Administración Tributaria, por atraso en el pago de impuestos. Este organismo embargó al Patria el 10 de noviembre de 2006, por $1,625,268, e inició un proceso similar este año por una cantidad no revelada. Asimismo, Banorte embargó a la escuela en abril de 2014 por una deuda de $2,596,141, que se canceló apenas el 20 de mayo de 2015, luego de un acuerdo de pago.

Varios miembros del Instituto Educativo de Yucatán, A.C. (IEY), propietario del terreno y los edificios del Instituto Patria, dieron su permiso para ceder los bienes de esa escuela a la Arquidiócesis de Yucatán desde 2013. Incluso un notario emitió un aviso preventivo de donación en diciembre de ese año, pero la operación no se concretó por la oposición del presidente del IEY, David Abraham Achach.

Según una fuente cercana a esa negociación, el ahora arzobispo emérito, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, con el apoyo del propio fundador y rector del Patria, monseñor Álvaro García Aguilar, hizo gestiones en los últimos años para incorporar los bienes de esa escuela, en el predio catastral número 13005, al patrimonio de la Arquidiócesis.

Su argumento principal, añade la fuente, era que cientos de personas participaron en la creación del Instituto Patria, con su tiempo y en muchos casos con su dinero para construir el edificio en forma desinteresada, pues desde el inicio se dijo que se trataba de una obra apoyada por la Iglesia Católica a favor de la sociedad y no de un grupo de particulares.

—Las donaciones y los bienes adquiridos en la etapa inicial —explica nuestra fuente— se pusieron a nombre de una asociación civil porque la ley de entonces impedía a la Iglesia tener propiedades a su nombre.

—A partir de las gestiones del arzobispo Berlie, varios de los integrantes de esa asociación aceptaron ceder los bienes de la escuela a la Iglesia, una vez que la ley ya lo permitía.

Las negociaciones avanzaron tanto que el 2 de diciembre de 2013 el notario Jorge Estrada Avilés entregó al Registro Público de la Propiedad un “aviso preventivo de donación”, que significaba que estaba en marcha una operación “para enajenar a título de donación gratuita” el predio marcado con el número catastral 13005. En ese aviso, cuya copia obra en poder de este periódico, aparecía como donante el Instituto Educativo de Yucatán, A.C., y como donataria la Arquidiócesis de Yucatán, Asociación Religiosa.

Pese a los avances en las negociaciones, al final Abraham Achach, según la fuente, se negó a firmar, aduciendo falta de argumentos legales de la Iglesia para adjudicarse los bienes del Patria.

En efecto, Abraham Achach se ostentó como propietario legítimo del predio, en su carácter de presidente del IEY. Éste adquirió la propiedad plena del tablaje 13005, el 22 de abril de 1996, mediante la escritura pública número 393, hecha ante el notario Luis Silveira Cuevas. Como secretario del IEY figuraba José Luis Solís Medina (ya fallecido) y como tesorero, Mario Erosa Burgos, quien hace poco se desligó de esa organización.

El IEY había adquirido el predio —de 38,860 metros cuadrados de extensión, ubicado en el Periférico Norte, cerca de donde ahora está City Center— a principios de 1992 de la entonces Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), aunque la escritura se hizo luego de una división y rectificación de medidas del tablaje.

De acuerdo con la fuente, el IEY pagó por ese predio alrededor de 360,000 pesos y lo puso a su nombre “porque así se convino desde el principio con la Cousey”.

Ese precio estaba muy por abajo del valor comercial que tenían entonces los terrenos de Periférico Norte, “pero se fijó así por tratarse de una obra educativa y especialmente por tener el auspicio público de la Iglesia”.

El valor catastral actual del tablaje, con una superficie construida de 8,068 metros, asciende a 62 millones de pesos, aunque su valor comercial es mucho mayor.

—La Arquidiócesis intentó regularizar la propiedad del Patria —precisa la fuente— para salvaguardar los intereses de las personas que contribuyeron desinteresadamente a su creación, ante el riesgo de su apropiación por un pequeño grupo de particulares, y también preocupada por el continuo deterioro administrativo y legal de la escuela.

Un ejemplo: los embargos de Banorte, IMSS, Infonavit y hasta del Sistema de Administración Tributaria, por atraso en el pago de impuestos. Este organismo embargó al Patria el 10 de noviembre de 2006, por $1,625,268, e inició un proceso similar este año por una cantidad no revelada. Asimismo, Banorte embargó a la escuela en abril de 2014 por una deuda de $2,596,141, que se canceló apenas el 20 de mayo de 2015, luego de un acuerdo de pago.

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