Hijo de ex Gobernadora de Yucatán, entre los prestanombres de Roberto Borge

Grupos civiles de Quintana Roo acusaron a varias personas, entre ellos el hijo de la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho de Sierra, de crear empresas fantasmas para desviar recursos del erario en Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge Angulo.

La ONG Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo interpondrá formal denuncia ante la PGR contra Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex mandataria, y otras personas por su partición en la conformación de dichas compañías inexistentes y otros delitos.

De acuerdo con informacion que publica Proceso, la organización anunció que presentará tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra al menos 11 presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge, por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Todos ellos constituyen empresas diversas y realizan actos distintos, pero que se pueden encuadrar en un presunto delito”, explicó a Expansión Fabiola Cortés Miranda, abogada y fundadora de la organización, previo a acudir a las autoridades para solicitar medidas cautelares contra los involucrados, que congelen sus cuentas y emitan una alerta para evitar que Borge abandone Cozumel, que es donde supuestamente se encuentra.

De acuerdo con la organización, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia; Juan González Angulo, tío del ex gobernador y hoy senador, Felix González Canto; y Luis Alberto Sierra Sauri (hijo de la exgobernadora de Yucatán) participaron en la conformación de una empresa fantasma y otros delitos.

En lo que se refiere a la mamá del exgobernador, Cortés señala que habría comprado un terreno de 111,000 metros cuadrados en zonas privilegiadas de Cozumel por un costo de 15 millones de pesos, precio menor al valor real, para después cederlo a la empresa Siyenat del Caribe, representada por el abogado de la familia, César González Hermosillo y Melgarejo.

Este terreno, de acuerdo con la abogada de Somos Tus Ojos, fue desincorporado del gobierno del estado de Quintana Roo que se vendieron a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) a privados, esquema por el que la mamá de Borge lo habría adquirido.

Fabiola Cortés recordó que antes de que Borge fuera gobernador, su familia arrastraba deudas millonarias, que pudieron solventar una vez que el exgobernador asumió el poder. “Si la familia estaba en esa situación económica, ¿Cómo es imposible que la mamá tuviera 15 millones de pesos para pagar un terreno?”, cuestionó.

Por este caso, se presentaron acusaciones contra Angulo Castilla, González Hermosillo y José Héctor Morín Lázaro.

La denuncia también señala que González Angulo, junto con Edgar Manuel Montoya, amigo cercano de Borge, y Noemí Rodríguez Ramos, aportó 52 millones de pesos para la constitución de la sociedad Isla Cabañas –en cuyo consejo de administración participa Sierra Sauri–, la cual obtuvo un contrato compraventa de un terreno de 15,772 metros cuadrados que fue utilizado para la construcción del hotel The Westin Cozumel.

En el documento que entregarán a la PGR se encuentran datos de los ingresos reportados al SAT de González Angulo y Manuel Montoya, en donde se evidencia, señala Cortés, que sus recursos reportados no coinciden con lo que supuestamente aportaron para la consolidación de la asociación Isla Cabañas.

El expediente de Somos Tus Ojos también señala a Raúl Omar González Angulo, Roberto Marroquín Sámano y Germán Gardusa Linares, por su posible participación en la constitución de la asociación, pues forman parte del Consejo de Administración.

En cuanto al abogado, Cortés también dijo que se presentarán pruebas de que, junto con Franco González, constituyeron la empresa fantasma llamada Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe para la compra de dos barcos de casi 5 millones de dólares.

Ninguno de los involucrados, señaló la activista, tiene la solvencia económica para hacer estas operaciones en las que se le involucran, por lo que urgió a las autoridades a investigar de dónde sacaron los recursos.

“Nosotros como asociación civil hemos podido allegarnos de estas pruebas, pero es solo “la punta de la madeja”, hay infinidad de obras que quedaron inconclusas y que fueron asignadas a empresas. El actual gobierno tendría la obligación de investigar a quién pertenecen”, expresó Cortés.

La abogada reiteró que el 25 de septiembre presentaron una denuncia ante la Fiscalía del estado que no ha sido atendida por lo que decicieron acudir a instancias federales para que no se pierda el caso. “Si no existe voluntad política este expediente se quedará como uno más”, afirmó.

El 15 de noviembre pasado, el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González informó de una denuncia penal que presentó en contra de su antecesor, por el remate de 9 mil 500 hectáreas de terrenos de propiedad pública, a través de familiares, empleados y personas cercanas.