El Senado de la República aprobó un dictamen para tipificar como delito federal la captura dolosa, acopio, transporte, destrucción y comercio de camarón y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización correspondiente y en una cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.

Además, establece que cuando tres o más personas se organicen, en forma permanente o reiterada, para cometer algún delito contra el ambiente, previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal, serán sancionadas como integrante de la delincuencia organizada.

El proyecto de decreto, que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, y adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fue aprobado por la Asamblea con 85 votos a favor y se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, consideró que con estos cambios “avanzaremos de manera importante en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción”.

Si bien hay recursos renovables dinámicos y diversos, como las pesca, dijo, su uso responsable representa el gran desafío de nuestros días, máxime cuando se ha realizado una sobreexplotación de determinadas especies de flora y fauna.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, advirtió que muchas familias “han sufrido graves daños por una mafia que promueve, da dinero y que está ahí para comercializar y traficar con especies que están en veda y en peligro de extinción”.

Estas reformas, añadió, evitarán que las familias de los pescadores sean lesionadas y queden con problemas por las condiciones en las que realiza la pesca furtiva, pues existe gente que se aprovecha de las necesidades sociales y se beneficia de estas actividades.

Salvador López Brito, senador del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció a los pescadores responsables de nuestro país, “que están siendo agredidos por mafias del crimen organizado, que están haciendo de las lagunas y de las aguas interiores un centro de actuación”.

Pero estas modificaciones, asentó el legislador, son herramientas para prevenir y evitar la pesca ilegal, una actividad que representa alrededor del 30 por ciento de la producción pesquera nacional.

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