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Gobierno Federal

La Sagarpa desvió millones de pesos: pagó apoyos hasta personas fallecidas

Progreso Hoy

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MÉXICO.– La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presuntamente malversó más de mil 600 millones de pesos a través de múltiples prácticas irregulares, como la entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos; pagos a universidades para desviar cientos de millones y la entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para ese fin.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por quinto año consecutivo, detectó graves irregularidades en el gasto de recursos por parte de la SAGARPA, por lo que realizó cinco auditorías forenses a esta dependencia del Gobierno Federal, por la presunta comisión de delitos, según detalla Sin Embargo.

Este es un resumen de las observaciones más relevantes de estas cinco auditorías forenses, cuyo monto total de presunto daño al erario es de mil 628 millones de pesos.

APOYOS A 253 FALLECIDOS…

A través del programa de fomento a la producción de maíz y frijol, la Auditoría Superior de la Federación documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por un monto de 209 millones 918 mil pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas, destaca que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil 021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.

Asimismo, SAGARPA entregó a sus delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, un total de 88 millones 531 mil pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos por las delegaciones”, además de que la dependencia no entregó a la ASF la documentación que acredite el pago de las ayudas.

A través del programa dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o bien no sustentaron con documentos en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.

De esos 204 millones de presunto daño al erario, la ASF documentó que SAGARPA dio 107 millones 015 mil pesos a un total de 48 mil 147 personas que “no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero”, por lo que la dependencia dio dinero a personas de las que “no tiene certeza” de que, en realidad, sean productores de café.

Al igual que en el programa de Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos.

Mientras que 79 millones 740 mil pesos fueron entregados a productores sin que la dependencia federal presentara a la ASF los documentos que acrediten que, en efecto, entregó los bienes.

Asimismo, SAGARPA dio 11 millones 352 mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.

En la auditoría a la Planeación de Proyectos, la ASF le reclamó a la SAGARPA 275 millones 830 mil que, como presunto daño al erario, la dependencia malversó simulando un esquema para transferir dinero en favor de proveedores a través de instituciones académicas, asociaciones civiles y empresas privadas.

Como parte de esos 275 millones de daño al erario, la Auditoría documentó que la SAGARPA suscribió cinco convenios de colaboración, evadiendo el proceso de licitación pública, con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos.

A pesar de que la universidad declaró que contaba con profesionales y recursos técnicos para cumplir con los objetos de los convenios –realización de estudios, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación-, la ASF señaló que la universidad subcontrató a otras empresas a las que benefició con parte de esos casi 220 millones que le entregó la dependencia federal.

Sin embargo, ni las empresas ni la universidad acreditó con documentación que, en efecto, cumplieron con los servicios contratados por SAGARPA a pesar de recibir el dinero. Incluso, la ASF acreditó que tanto SAGARPA como la Universidad Autónoma de Zacatecas presentaron, para justificar que sí se realizaron los servicios de los convenios, 32 entregables que fueron extraídos de internet.

En el programa para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo, la Auditoría documentó un presunto daño al erario por 225 millones 755 mil pesos.

Como parte de esos 225 millones de daño, la ASF detectó que SAGARPA otorgó apoyos económicos a seis beneficiaros por 52 millones 695 mil pesos, sin que estos contaran con la capacidad para realizar los proyectos que se les encomendó, por lo que estos se quedaron sin concluir.

Asimismo, la dependencia federal entregó 6 millones 420 mil pesos a 10 “supuestos beneficiarios” que no pidieron apoyo económico a SAGARPA; y dio 20 millones 013 mil pesos a otros seis beneficiarios de Michoacán y Durango que trataron de comprobar que recibieron el dinero público a través de facturas que, de acuerdo con el SAT, estaban canceladas o sin registro.

Al igual que en el programa para el fomento de la producción de maíz y frijol, SAGARPA también pagó apoyos por 223 mil 800 pesos a 14 beneficiarios que la ASF documentó que habían fallecido antes de la apertura de ventanillas para pedir la ayuda a la dependencia.

En cuanto al Programa de Productividad y Competividad Agroalimentaria, Animal Político publicó el pasado 16 de febrero que la SAGARPA cometió irregularidades por hasta 712 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, la dependencia “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria.

Además, la Auditoría denunció que la SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones.

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Capital y Estado

Invitan a productores yucatecos a participar en el México Alimentaria 2018 Food Show

Progreso Hoy

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), presenta “México Alimentaria 2018 Food Show”, exposición donde se demuestra la potencia productiva del campo de nuestro país, así como el esfuerzo y calidad de los productores nacionales, quienes han colocado sus productos en todas partes del mundo.

“La exposición México Alimentaria 2018, es el punto de encuentro más importante del País y de Latinoamérica, donde los productores, compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas y emprendedores conocen de manera específica lo que ofrecen el campo y los mares de México”

Lo anterior, lo dijo el Coordinador General de Delegaciones de la SAGARPA Ing. Fermín Montes Cavazos, en el marco de una reunión con representantes de Medios de Comunicación y Productores del sector agropecuario de Yucatán, quien estuvo acompañado por el Delegado Luis Ernesto Martínez Ordaz, y el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Pablo Castro Alcocer.

Señaló que la proyección 2018 consiste en reunir a más de 60 mil visitantes, 800 expositores la presencia de los 32 estados de la república mexicana. Se estima la participación de alrededor de 180 compradores internacionales y 100 nacionales provenientes de más de 46 países para concretar ventas por más de 22,540 MDP, consolidando esta exposición como un referente a nivel nacional e internacional.

La primera edición en 2016 reportó un resultado positivo al registrar la participación de 30 compradores nacionales y 100 internacionales de 32 países de Asia, Sudamérica, Centroamérica, Península Arábiga y Europa, así como de Estados Unidos y Canadá; con ventas estimadas a corto y mediano plazo por más de16,000 MDP.

En 2017 se llevó a cabo la segunda edición, superando los números y expectativas planteados, además de un incremento en ventas cercano a $3,000 MDP comparado con 2016, alcanzando $19,600 MDP. Asimismo, se elevó 50% el crecimiento de la demanda internacional, reuniendo 150 compradores.

Por su parte, el Delegado de la SAGARPA en Yucatán, Luis Ernesto Martínez Ordaz, señaló que la México Alimentaria Food Show 2018, representa una excelente plataforma para demostrar el potencial y la calidad de los productos del campo y mar de  Yucatán, acercándolos  a los grandes compradores del mundo.

Informó que en la edición 2017 de la México Alimentaria Food Show,  participaron 16 empresas yucatecas con salsas, puré de chile habanero, vainilla y chocolate, miel, stevia, frutos secos, pescados y mariscos, entre otros,  quienes concretaron 187 citas de negocios con una prospección de ventas por 7´857,000.00

SAGARPA extiende la invitación a todos los productores y empresarios del sector agroalimentario a participar en la México Alimentaria 2018 Food Show, la cual se realizará del 14 al 16 de agosto, en el Centro Citibanamex y del 14 al 18 de agosto, la exhibición ganadera, en el infield del Hipódromo de las Américas, CDMX.

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Gobierno Federal

El Gobierno Federal niega la privatización del agua

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Dice el Gobierno Federal que garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente

Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.

Asimismo, se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible.

No se omite señalar, que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

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Gobierno Federal

Entretenidos con el Mundial y las Elecciones, EPN firma decreto para privatizar el agua

Progreso Hoy

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Entretenida como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país, y entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son los Mundiales de futbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales como es el destino de las aguas nacionales.

En efecto, mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.

En términos sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund la cual aplaudió la decisión presidencial. El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar lo siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Pero en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen “pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)”.

En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

No hay que ser un genio para prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.

Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.

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