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Corrupción

Presentan denuncias penales contra ex funcionarios rolandistas

Progreso Hoy

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DE FORMA DESESPERADA, EL EX GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA INTENTA DESLINDARSE DE LAS ACUSACIONES POR MEDIO DE UN VÍDEO-MENSAJE

MÉRIDA.– La titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, presentó hoy denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley. Como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.

Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.  

“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepcioìn, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupcioìn y la Auditoriìa Superior del Estado de Yucataìn en que cumpliraìn con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”. 

(Cabe señalar que en el marco de estas denuncias, el ex gobernador priista Rolando Zapata Bello mostró desesperación e intentó deslindarse de las acusaciones mediante un vídeo-mensaje que distribuyó junto con sus ex colaboradores y medios afines a través de las redes sociales. En dicho mensaje, el ex mandatario estatal aseguró que su gobierno fue “honesto y de trabajo”, lo que ocasionó que le llovieran las críticas de gente que no le creyó ni una palabra de su elaborado mensaje).

En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.

La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindaraì todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto poliìtico, sino un tema estrictamente juriìdico resultado de los procesos de entrega-recepcioìn”. 

Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey). También, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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Corrupción

Más políticos y ex funcionarios entre los beneficiados con concesiones de taxi que otorgó Rolando

Progreso Hoy

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Perredistas que emigraron al Partido Nueva Alianza (Panal), los hijos del dirigente taxista Héctor “Billy” Fernández Zapata, parientes de políticos del PRI y hasta el propietario de un hotel en Mérida aparecen también entre los beneficiarios de concesiones de placas de taxi en Yucatán.

Asoman igualmente una exconsejera electoral de Mérida y el hijo de un exjefe policíaco.

Sus nombres se suman así a los de perredistas, priistas y empresarios que, como ya informamos, recibieron títulos de concesión para vehículos de servicio de alquiler durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.
A continuación, una parte más de la lista:

—Alberto Alejandro, Génesis Anahí y Lorna Gisely Fernández Cardeña. Son hijos del secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor “Billy” Fernández. El primero es médico y trabaja para la Secretaría de Salud del Estado, en el Centro de Salud de Mérida. Recibieron las concesiones 7957, 7988 y 8163, respectivamente.

—Frangel Addiel Berlín Trejo. Es sobrino de Jorge Carlos Berlín Montero, quien ha ocupado varios cargos en las administraciones estatal y federal y fue coordinador de la campaña de José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia, en Yucatán. Le asignaron el título 7172.

—Celina Carrillo Gil. Formó parte del Consejo Electoral Municipal de Mérida. Recibió la concesión 8628.

—Federico Alberto Cuesy Ruiz. Es hijo de Federico Alberto Cuesy Adrián, quien fue titular de la Secretaría de Protección y Vialidad (hoy Secretaría de Seguridad Pública) de 1991 a 1993 y luego fue director de Policía en varios municipios, entre ellos Mérida cuando Angélica Araujo Lara fue alcaldesa. Le adjudicaron la concesión 7228.

—Aída Ofelia Zavala Alonso. Es madre del exdiputado David Barrera Zavala, expresidente estatal del PRD. Tiene la concesión 8515.

—Jorge Eduardo Castillo González. Fue presidente del Consejo Estatal del PRD. Se le asignó el título 8514.

—Silvia Georgina Pech Rodríguez. Hermana de Jorge, exregidor del PRD en Mérida. Su concesión es 8513.

Coincidentemente, David Barrera, Jorge Castillo y Jorge Pech renunciaron al PRD durante el período electoral de 2018 y se unieron a Nueva Alianza, partido que postuló como su candidato a la gubernatura del Estado, junto con el PRI y PVEM, a Mauricio Sahuí Rivero.

—Delia Maritza Tuz Alonzo y María Maximiliana Tzuc Hoyos. Son esposa y madre, en ese orden, de Daniel Cauich Tzuc, quien fue operador del PRD y auxiliar de Barrera Zavala en el Congreso. Recibieron los títulos de concesión 8516 y 8517.

—Diana María Castellanos Guzmán. Es esposa de Luis Manzanero Villanueva, exdiputado del PRD. Desempeña un trabajo administrativo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de acuerdo con documentos oficiales, está en la nómina del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), con la categoría de jefa de Departamento —uno de los dos espacios que se asignaron a cada partido cuando había oficinas de representación— y un sueldo mensual de $18,969.912. Se le adjudicó la concesión 8502.

—René Alfonso Castaldi Fuentes. Es propietario del hotel Residencial, en el rumbo de Santiago, y de dos moteles. Aparece con la concesión 6707.

—Katina Chapur Simón. Es hermana política de Ingrid Priego Cárdenas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recibió la concesión 8240 (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA
Las placas

Más detalles relacionados con las concesiones de placas de taxi en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

No las necesitan

Contra el espíritu de la ley del ramo, entre quienes recibieron concesiones figuran personas que desempeñan otras funciones —hay médicos, empresarios, etc.— y familiares de políticos.

Más nombres

A los nombres que publicamos ayer y los que exponemos hoy en esta misma página se suman los siguientes: Irving Audomaro Domínguez Santos, Ángeles Barceló Segura, Orlando Bacab Clark, Carlos Manuel Barrera Oxté, José Alejandro Bojórquez García, Rocío Bolio Cervera, Roger Adán Briceño Cano, José Guadalupe Budip Ancona, Limbert Alberto Brito Rincón, Miguel Ángel Buenfil Milán, Jesús Israel Caballero Cuevas, Jesús Fernando Cabrera Araujo, Pablo Gaspar Canto Estrella, Mario Antonio Canto Zavala y Abigail Denis Puerto.

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Corrupción

Perredistas recibieron concesiones de taxi para bloquear alianza con el PAN en Yucatán

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Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y algunos de sus familiares fueron beneficiados por el gobierno de Rolando Zapata Bello con concesiones de taxi como “premio” a su negativa a que esa organización política fuera en alianza con el Partido Acción Nacional en Yucatán en las elecciones de julio de 2018, denunciaron Nino Ferro Muñoz y Claudia Áurea Caltempa García, directivos de la corriente “Nuevo PRD”.

Los informantes explicaron que recurrieron a los sistemas de transparencia para conocer quiénes se beneficiaron con el reparto de placas de taxi, ante las sospechas de que dirigentes de su partido estuvieran involucrados, y la respuesta de la unidad de información de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) confirmó lo que pensaban.

Listado

La lista incluye a las siguientes personas con su respectiva concesión:

Concesión 8492, a nombre de Nelson Melchor Mex Cab, secretario de organización del PRD en Yucatán.

Concesión 8493, de María del Rosario Alor, cuñada de la esposa del diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente estatal del partido.

Concesión 8494, de Ernesto May López, hermano del titular de la oficina de acceso a la información pública del PRD, Manuel May López.

Concesión 8495, de Iván Alfredo Castro, oficial mayor del PRD y operador político de la corriente ADN.

Concesión 8496, de Jorge Alejandro Castro Chalé, hijo del secretario de alianzas políticas del comité estatal del PRD.

Concesión 8497, de Carlos Enrique Pérez Almeyda, secretario de jóvenes del comité estatal del PRD y cuñado de Eduardo Sobrino Sierra, expresidente del partido.

Concesión 8498, de Francisco Efraín de Ocampo Barredo, operador político y empleado del PRD en Yucatán.

Concesión 8499, de Augusto Dzul Couoh, secretario de alianzas políticas del comité estatal.

Concesión 8500, a nombre de Haley Corina Hernández Garivo, hija del diputado Cuevas Mena.

Concesión 8502, de Diana María Castellanos Guzmán, esposa del exdiputado y actual representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac).

“Durante varias semanas en el Nuevo PRD hemos señalado que nuestro partido está secuestrado por el grupo de Alejandro Cuevas y Eduardo Sobrino, que siempre ha funcionado como satélite del PRI”, señalaron Claudia Áurea Caltempa y Nino Ferro.
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“En el pasado proceso electoral vendieron a nuestro partido rompiendo la alianza con Acción Nacional y amenazando a nuestros excandidatos a presidentas y presidentes municipales que compitieran únicamente con las siglas del PRD”.

“Denunciamos en su momento que la participación del doctor Jorge Zavala Castro respondía a una candidatura pactada con el gobierno en turno del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. Ahora, dicen los directivos, se confirma que a ese grupo se le entregó como premio o pago una serie de concesiones de taxis en Mérida.

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Corrupción

Ahora Odebrecht denuncia “red de corrupción” en México

Progreso Hoy

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MÉXICO.– Luego de que la gigante brasileña Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México, según informa Reforma.

Añaden que en una queja presentada ante la CNDH, señala a 12 funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltran y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales sólo en México no ha habido sancionados.

La queja de Odebrecht fue presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado del gigante constructor brasileño.

“Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados”, dice el escrito, fechado el 3 de diciembre.

La empresa manifiesta que, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha tenido la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos.

Pero, indica, las autoridades mexicanas lo que han hecho es iniciar indagatorias administrativas y sancionar a Odebrecht por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho.

Otros de los funcionarios señalados por Odebrecht en esta supuesta andanada en su contra son José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño, ex directores de Pemex, y el ex titular de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux González.

Entre las acusaciones directas afirma que la Función Pública, entonces a cargo de Arely Gómez, la inhabilitó por 4 años para concursar por contratos públicos con base en un documento “prefabricado” y que Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la queja, la SFP inició investigaciones en su contra sin incluir a los funcionarios, usó pruebas ilícitas, le sancionó sin tener facultades, le impuso dobles multas y no citó testigos de descargo.

La constructora asegura que buena parte de las presuntas anomalías que le imputa la Contraloría Federal en realidad se trata de actos autorizados por miembros del Consejo de Administración de Pemex, a los cuales no se les ha investigado.

“Diversas de las supuestas irregularidades que se imputan, así como supuestos incumplimientos en los contratos denominados Tula I y II, fueron expresamente autorizados por los órganos internos (representantes, miembros del Consejo de Administración de Pemex y/o Pemex Transformación Industrial, Comité de Adquisiciones, etc.) de Pemex”, advierte.

A la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), así como a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y sus ejecutivos, les iniciaron ocho procedimientos administrativos de sanción, de los cuales dos se acumularon y al final quedaron seis.

En uno se le impuso una inhabilitación de 2 años con 6 meses y el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos, en otro sólo 2 años y en uno más la inhabilitación fue de 4 años, aunque en este caso un tribunal ordenó reponer el procedimiento.

Los demás expedientes siguen en instrucción.

El 8 de diciembre de 2017, la empresa CNO fue inhabilitada por un periodo de 4 años para participar en contrataciones por supuestos cobros indebidos de costos indirectos en el contrato para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

De acuerdo con la compañía brasileña, la sanción se basa en un dictamen contable del 21 de agosto de 2017 aparentemente encargado por Pemex al despacho Enrique Estrella y Asociados S.C.

Durante el procedimiento administrativo de sanción, este documento nunca les fue entregado para tener una defensa adecuada y formularon su contestación sin tener la posibilidad de desvirtuarlo.

Un tribunal federal ya ordenó reponer el procedimiento mediante el cual fue emitida esta inhabilitación.

Derivado de este mismo contrato, el 7 de febrero de 2018 la empresa CNO fue inhabilitada por 2 años por presuntamente actuar con dolo o mala fe en su pretensión de obtener pagos en exceso por más de 119 millones de pesos.

Odebrecht alega que todos los contratos celebrados por Pemex son de naturaleza privada y están regidos bajo la legislación mercantil y común, por lo que la competencia para sancionarle corresponde al Poder Judicial y no al área de Responsabilidades de Pemex, que depende de la SFP.

El 16 de abril de 2018, la SFP inhabilitó a la empresa CNO y su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por un periodo de 2 años con 6 meses para participar en contrataciones y le adjudicó el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos.

Otro aspecto que señalan como una violación legal es que la SFP les responsabiliza de no haber demostrado sus capacidades técnicas y financieras para este contrato, cuando en realidad no estaban obligadas a acreditarlas, ya que las cláusulas sólo les exigían una garantía corporativa.

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