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#E/2018

Ramírez Marín visitará a los migrantes yucatecos

Progreso Hoy

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Dirigentes de la Federación Yucateca y del Partido Migrante Mexicano, una organización política binacional, tienden un puente con el legislador federal con licencia Jorge Carlos Ramírez Marín para tratar asuntos de interés de los paisanos que laboran en Estados Unidos y definir una agenda de trabajo que incluya atender a sus familias que viven en Yucatán.

En reunión de trabajo en esta ciudad, en la que participaron también directivos de la Federación Agronómica de Yucatán, se abordaron varios temas entre los que figuran la necesidad de implementar programas de vivienda, apoyo a proyectos productivos, trámites de diversos documentos, altos cobros por el envío de remesas y la creación de la Casa del Migrante Yucateco en California, entre otros asuntos.

Asimismo, plantearon la necesidad de promover una mayor integración y unión entre los diferentes clubes de migrantes, hicieron énfasis en la urgencia de establecer mecanismos de defensa jurídica inmediata para quienes se ven en situaciones de ser deportados, mayor respaldo para pelear por sus derechos en Estados Unidos y una mayor atención a sus necesidades en la entidad.

En la reunión, Jorge Javier Zozaya Chí, secretario de Organización de la Federación Yucateca, oriundo de Oxkutzcab, y Rafael Catzín Pech, secretario general del Partido Migrante Mexicano, nacido en Cholul, entregaron una invitación a Ramírez Marín para recibirlo en California el sábado 24 de este mes, a fin de sostener un diálogo con los paisanos que laboran en la Unión Americana.

La invitación también proviene de la Federación en el Exterior de Yucatecos. En la carta se informa que se trata de un convivio al que denominaron “Orgullo Yucateco”, que se realizará en la ciudad de Los Ángeles.

El legislador con licencia aceptó la invitación y manifestó su disposición de escuchar a los migrantes y abordar los temas que deseen plantear, todo con miras a elaborar una agenda de trabajo que responda a sus necesidades, ya que, como diputado federal, presentó dos puntos de acuerdo para que el tema de traslado de remesas de Estados Unidos a México tenga menor costo y para que se asigne un fondo para que los consulados cuenten con despachos de abogados a fin de defender a los migrantes.

En la reunión, el presidente de la Federación Agronómica de Yucatán, Francisco Gamboa Suárez, informó que ya colaboran con ambos organismos para asesor a los migrantes que regresan y desean reincorporarse a las labores del campo, pero requieren de más canales de apoyo para hacer más efectiva su participación.

Ramírez Marín indicó que pueden contar con él para apoyar esta causa y ampliarla incluso a los familiares de los migrantes que viven en Yucatán, no necesariamente solo para los que retornen de Estados Unidos, pues se trata de generar empleo y fuentes de ingresos en la zona rural.

Fue una reunión amena, cordial, en la que los dirigentes de las tres agrupaciones recurrieron al legislador con licencia para tender este puente de acercamiento directo con los migrantes y definir una agenda de trabajo con la disposición de participar y responder a sus necesidades.

“Para nosotros usted representa una persona seria, de palabra, que apoya a los diversos sectores y está comprometido con el estado. Por eso recurrimos a usted y lo invitamos a que nos visite en California, donde radica la mayoría de nuestros paisanos”, recalcó Zozaya Chí, al entregarle la carta invitación.

En la plática, Catzín Pech dijo que sólo en el condado de Los Ángeles residen más de 45 mil yucatecos, de los 185 mil que, según el Indemaya, laboran en Estados Unidos, quienes envían más de 100 millones de dólares en remesas al año a Yucatán.

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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