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#E/2018

Rolando Zapata y otros 16 gobernadores superan el sueldo que percibirá AMLO

Progreso Hoy

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EL MANDATARIO YUCATECO GANA ACTUALMENTE 141 MIL 152 PESOS MENSUALES

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 17 gobernadores y al menos ocho alcaldes del país tienen un salario mensual superior a los 108 mil 248 pesos que Andrés Manuel López Obrador propone que sea el salario máximo del Presidente y que ningún funcionario gane por arriba. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegar a los estados y municipios en donde varios mandatarios deberán ajustar su salario.

Encabeza la lista de los mandatarios estatales que más dinero reciben mes con mes: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con un sueldo bruto de 245 mil 742 pesos, de acuerdo con la ley de egresos del gobierno del estado. El panista fue alcalde de Aguascalientes capital (2005-2007) y también estaba entre los ediles mejor pagados, pues cobraba 102 mil 763 pesos al mes.

En segundo lugar está otro militante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez, de Guanajuato, con un sueldo bruto de 222 mil 025.07 pesos.

El perredista Arturo Núñez, de Tabasco, quien este año termina su gobierno, tiene un sueldo bruto de 179 mil 428 pesos 56 centavos. Muy cerca se ubica su similar del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo con 174 mil 409.65 pesos.

Según publica El Universal, dos mandatarios priístas más que están en la lista con salarios arriba de los 108 mil 248 pesos son Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, quien hasta diciembre de 2017 reportaba percepciones brutas por la cantidad de 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval, de Jalisco, con 166 mil 195 pesos.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua (PAN), tiene sueldo bruto de 163 mil 381 mensuales y el aliancista (PAN-PRD), Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, de 160 mil 676.

Este miércoles, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien aparece en esta lista, advirtió que no ajustará su sueldo.

“Yo gano mucho menos que el señor presidente, no lo voy a ajustar, así me lo dejaron en la administración pasada y así quedó en mi administración, 90 mil pesos mensuales”, comentó en Torreón.

Sin embargo, una revisión al tabulador de percepciones del gobierno de Coahuila da cuenta de que recibe 158 mil 835.98 pesos de manera bruta. Tiene, entre sus beneficios, mil pesos mensuales de monedero (despensa) y mil 296.15 de “recreación, cultura y deporte”. Además recibe un aguinaldo anual de 173 mil 494.08 pesos.

Dadivoso
El sueldo del panista Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, es de 155 mil 301 pesos; sin embargo, desde que hizo campaña se comprometió a donar su salario para crear un fideicomiso con el que se entreguen becas para niños de escasos recursos.

El empresario tomó posesión del cargo el 19 de septiembre de 2017 y fue hasta principios de junio pasado cuando comenzó la entrega de las llamadas Becas D10, que en una primera etapa beneficiará a 100 alumnos con 2 mil pesos mensuales.

Con salarios altos le sigue el priísta Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero (2015-2021), que gana 146 mil 916 pesos mensuales; José Rosas Aispuro Torres (PAN), de Durango, 141 mil 697 pesos, según el portal de Transparencia del gobierno estatal; Rolando Zapata Bello (PRI), de Yucatán y quien deja el gobiernno este año, gana 141 mil 152 pesos en total al mes y Juan Manuel Carreras (PRI), de San Luis Potosí, 137 mil 746.26.

El panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, gana 118 mil 972.72 pesos al mes, según la Secretaría de Finanzas estatal; el priísta Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, 113 mil 526. 16 y Francisco Domínguez Servién (PAN) de Querétaro, 109 mil 504 pesos.

Los “austeros”
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, tienen en común su militancia en Acción Nacional; sin embargo, el primero gana 179 mil pesos más que el segundo.

Orozco Sandoval es quien más gana de los gobernadores y Vega Lamadrid tiene el menor sueldo, al mes recibe 66 mil 667.0 5 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Con el menor sueldo le siguen: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, con un salario mensual de 74 mil 938 pesos; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, con 76 mil 648.68, y Claudia Pavlovich, de Sonora (PRI), 78 mil 880 pesos.

Manuel Velasco Coello (PVEM), de Chiapas, 80 mil 77.20; Antonio Gali (PAN), de Puebla, con 94 mil 924 pesos; José Ignacio Peralta (PRI), de Colima, con 96 mil 374 pesos y Alejandro Murat Hinojosa (PRI), de Oaxaca, con 97 mil 828.

Perciben salarios mayores a 100 mil, aunque menores a 108 mil: Omar Fayad (PRI), de Hidalgo; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas. Además, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva; Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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