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Medio Ambiente

Un Juez ordena la suspensión de la granja porcícola de Homún

Progreso Hoy

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PROGRESO.– El Grupo Indignación, organización defensora de los Derechos Humanos en Yucatán, difundió este día el siguiente comunicado en relación con el caso de la Granja Porcícola de Homún:

Al efectuarse la audiencia incidental el martes 9 de octubre, y después de una inspección judicial efectuada por funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la megagranja porcícola asentada en Homún, la Juez titular, Míriam Cámara Patrón, estableció que tanto el Gobernador del estado como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente debían ordenar la inmediata paralización de la granja porcícola propiedad de la empresa “Producción Alimentaria Porcícola”, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

La Juez basó su resolución en tres puntos principales:

1.- Que se cumplían los elementos de procedencia, puesto que la suspensión no afecta el interés público, sino por el contrario, es una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad porque se conserve el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. En ese sentido, la Juez consideró que de continuar el funcionamiento de la granja, se podrían provocar “perjuicios de difícil reparación” sobre todo por los derechos en juego que son extremadamente sensibles.

Uno de los elementos que se pudo corroborar durante la inspección judicial, y que sirvió de argumento a su titular para emitir la suspensión definitiva, fue que la planta de tratamiento de aguas se encontraba inconclusa, situación que podría significar un riesgo inminente de afectación al medio ambiente dado que podrían descargarse en la región aguas sin el adecuado tratamiento en una zona especialmente sensible como lo es la denominada reserva geohidrológica “anillo de los cenotes” declarada área natural protegida.

2.- Que aunque existía una presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios, resultaba prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución que establece que cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud, aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño.

Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán. En ese sentido, para la Juez Cuarto la granja de cerdos podría poner en riesgo la pureza y utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos como la granja en cuestión generan un gran impacto ambiental.

La Juez incluso advirtió que, de no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano.

3.- Que resulta evidente que en ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a realizar consultas de buena fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre determinaciones que les afectan.

La Juez también destacó que en el presente caso los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como un elemento indispensable para decretar la suspensión definitiva.

La suspensión, notificada el día de ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito, da un plazo de tres días tanto al Gobernador del Estado como a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial, es decir las acciones que han efectuado para garantizar el cese de actividades de la granja, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo podrían estar sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales además de multas respectivas.

Es preciso recalcar que, tal como lo recordó el Juzgado Cuarto de Distrito, la violación a la orden de suspensión constituye un delito de conformidad con el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, situación que es fundamental tener presente frente al señalamiento hecho a la empresa y las autoridades de haber incumplido la suspensión provisional dictada el 1 de octubre por la misma Juez Cuarto.

Aunque la suspensión decretada el día de ayer no significa la culminación del juicio, sí garantiza que la paralización de las actividades de la granja estará vigente mientras dure el proceso ante el Juzgado Cuarto, cuya audiencia constitucional se efectuará a mediados de noviembre.

Cabe recordar que el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018 fue presentado el día 28 de septiembre del presente año por 6 niños, niñas y adolescentes de la comunidad maya de Homún, reclamando el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49 mil cerdos, y en consecuencia la violación a diversos derechos como el medioambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.

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Medio Ambiente

Profepa clausura obras ilegales en la zona costera

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total temporal las obras y actividades realizadas en mil 91 metros cuadrados, correspondiendo 198 metros cuadrados (m2) a un predio dentro de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, y 893 m2 a otro predio de la localidad de Chabihau, Municipio de Yobaín, obras y actividades que se realizaban sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y afectaron vegetación forestal.

En inspección realizada el pasado 3 de diciembre por personal de la PROFEPA en el estado de Yucatán, se detectaron, dentro de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 198 m2 derivado de los trabajos de relleno con material pétreo y la construcción de una palapa con maderas de la región y techo de hojas de palma de huano.

La flora de esta Reserva Estatal, está representada principalmente por mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especies Amenazadas (A), por tratarse de especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad.

Por otra parte, en la localidad de Chabihau, Municipio de Yucatán, se detectó en visita de inspección realizada el 30 de noviembre pasado, obras y actividades de construcción de un desarrollo inmobiliario en una superficie de 893 m2 inmersa en ecosistema costero, obras consistentes en cimentaciones de mampostería a base de piedra, concreto y armados de fierro, así como una bodega de materiales de construcción, a base de postes de madera con techo y paredes de lámina de cartón.

Las obras y actividades inspeccionadas en ambos predios se llevaban a cabo sin contar con las respectivas autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales que emite la SEMARNAT, por lo que con el fin de evitar que se continúen ocasionando afectaciones al ambiente, con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se procedió a imponer la clausura total temporal en dichos predios.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 157, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) el responsable por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales podrá ser sancionado con la imposición de una multa por el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Por su parte, el artículo 28 de la LGEEPA en sus fracciones IX y X establece que las obras y actividades que se pretenda ejecutar en ecosistemas costeros, así como humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, requieren contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la SEMARNAT y de conformidad con el artículo 171 fracción I de la citada Ley, los responsable que incumplan dicho precepto, podrán hacerse acreedores a una sanción económica equivalente de 30 hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, independientemente de las sanciones penales que resulten.

La PROFEPA continuará verificando el cumplimiento a la normatividad ambiental a través de las visitas de inspección que correspondan de acuerdo con sus atribuciones en beneficio de la sociedad y la protección de los recursos naturales y el ambiente.

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Medio Ambiente

Desalojan polémica granja de cerdos de Homún tras clausura de Seduma

Progreso Hoy

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HOMÚN.— Ayer continuó el desalojo de cerdos de la megagranja porcícola que fue clausurada anteayer por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Ante reportes de vecinos, se constató que al menos seis camiones cargados de cerdos pequeños salieron del camino que lleva a la megagranja, en intervalos de media hora, rumbo al vecino municipio de Huhí.

Los vecinos comentaron que camiones cargados de cerdos circularon en la población desde la mañana, lo que al parecer indica que se desalojó el lugar.

Fueron cerca de seis camiones los que salieron con intervalos de media hora.

Al notar la presencia del reportero del Diario, una camioneta blanca salió del camino de la megagranja y estuvo semioculta un rato.

Posteriormente el conductor del vehículo salió al crucero que lleva a la comisaría de Polabán y dio una vuelta como para dejar en claro que estaba vigilando y se metió de nuevo al camino que lleva a la megagranja.

Vecinos informaron que desde la noche del viernes, tras la clausura de la megagranja, empezaron a sacar cerdos en camiones pero se les hizo raro que eran animales pequeños y no grandes “como debería ser”, ya que desde hace varios meses que son criados ahí.

Según los habitantes, eso indica que estuvieron metiendo más cerdos a pesar de la sentencia que les impedía seguir trabajando.

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Medio Ambiente

Profepa denuncia daño ambiental en una reserva natural de Yucatán

Progreso Hoy

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó denuncia penal por las actividades de derribo de manglar y relleno de humedal en el Municipio de San Felipe, Yucatán, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Dzilam de Bravo.

En la denuncia se señaló al Síndico del Municipio de San Felipe, Antonio Marrufo López, y otras personas, consideradas presuntas responsables por los delitos cometidos en dicho Municipio.

Se denunciaron las actividades de desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el relleno de un humedal, actividades tipificadas como delito en el artículo 418 del Código Penal Federal (CPF).

Además, del daño a los ejemplares de mangle detectados, también fue denunciado, ya que se trata de un delito contemplado en el artículo 420 fracción V del CPF, el cual protege a ejemplares de especies silvestres considerados amenazados, siendo el caso del manglar.

Lo anterior, debido a que se detectó afectación de ejemplares de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), listados en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de especies Amenazadas (A).

Para los dos delitos arriba mencionados, el CPF establece una pena de 6 meses a nueve años de prisión y de uno a nueve años de prisión, respectivamente; debiendo aumentarse hasta en tres años más por afectar un área natural protegida, siendo el caso, ya que se trata de actividades realizadas en el ANP Reserva Estatal Dzilam de Bravo.

También, se declaró el daño por desecamiento y relleno de un humedal, delito establecido en el artículo 420 Bis fracción I del referido Código, para el cual se establece una pena de dos a diez años de prisión.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación, se solicitó que se considerara a la PROFEPA como ofendida y coadyuvante en las acciones de investigación que dicha autoridad determine.

La denuncia presentada derivó de los hechos encontrados en inspecciones realizadas en las que se detectó cambio de uso de suelo, eliminación de vegetación mediante la tala y corta, afectación de ejemplares de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo; así como el relleno y desecamiento de humedal, para la apertura de vialidades y establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Una de estas inspecciones corresponde a la efectuada en octubre de 2018, en un predio de 4,880 metros cuadrados, que fue clausurado en el Municipio de San Felipe, Yucatán, ubicado dentro de la poligonal de la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, por las actividades de cambio de uso de suelo área forestales sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Durante el periodo 2013-2018 la PROFEPA realizó acciones consistentes en la clausura de 1,345.1019 hectáreas por afectación a humedales en los municipios de San Felipe y Río Lagartos, así como la realización de 29 recorridos, que derivaron en el establecimiento de 24 procedimientos administrativos, y la resolución de 20 de ellos, con sanciones administrativas y la presentación de las denuncias penales correspondientes.

Con estas acciones, la PROFEPA busca inhibir la comisión de ilícitos ambientales, a la vez que refrenda su compromiso y misión de proteger los recursos naturales de México, así como procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley.

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