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Medio Ambiente

Un Juez ordena la suspensión de la granja porcícola de Homún

Progreso Hoy

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PROGRESO.– El Grupo Indignación, organización defensora de los Derechos Humanos en Yucatán, difundió este día el siguiente comunicado en relación con el caso de la Granja Porcícola de Homún:

Al efectuarse la audiencia incidental el martes 9 de octubre, y después de una inspección judicial efectuada por funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la megagranja porcícola asentada en Homún, la Juez titular, Míriam Cámara Patrón, estableció que tanto el Gobernador del estado como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente debían ordenar la inmediata paralización de la granja porcícola propiedad de la empresa “Producción Alimentaria Porcícola”, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

La Juez basó su resolución en tres puntos principales:

1.- Que se cumplían los elementos de procedencia, puesto que la suspensión no afecta el interés público, sino por el contrario, es una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad porque se conserve el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. En ese sentido, la Juez consideró que de continuar el funcionamiento de la granja, se podrían provocar “perjuicios de difícil reparación” sobre todo por los derechos en juego que son extremadamente sensibles.

Uno de los elementos que se pudo corroborar durante la inspección judicial, y que sirvió de argumento a su titular para emitir la suspensión definitiva, fue que la planta de tratamiento de aguas se encontraba inconclusa, situación que podría significar un riesgo inminente de afectación al medio ambiente dado que podrían descargarse en la región aguas sin el adecuado tratamiento en una zona especialmente sensible como lo es la denominada reserva geohidrológica “anillo de los cenotes” declarada área natural protegida.

2.- Que aunque existía una presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios, resultaba prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución que establece que cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud, aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño.

Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán. En ese sentido, para la Juez Cuarto la granja de cerdos podría poner en riesgo la pureza y utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos como la granja en cuestión generan un gran impacto ambiental.

La Juez incluso advirtió que, de no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano.

3.- Que resulta evidente que en ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a realizar consultas de buena fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre determinaciones que les afectan.

La Juez también destacó que en el presente caso los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como un elemento indispensable para decretar la suspensión definitiva.

La suspensión, notificada el día de ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito, da un plazo de tres días tanto al Gobernador del Estado como a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial, es decir las acciones que han efectuado para garantizar el cese de actividades de la granja, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo podrían estar sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales además de multas respectivas.

Es preciso recalcar que, tal como lo recordó el Juzgado Cuarto de Distrito, la violación a la orden de suspensión constituye un delito de conformidad con el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, situación que es fundamental tener presente frente al señalamiento hecho a la empresa y las autoridades de haber incumplido la suspensión provisional dictada el 1 de octubre por la misma Juez Cuarto.

Aunque la suspensión decretada el día de ayer no significa la culminación del juicio, sí garantiza que la paralización de las actividades de la granja estará vigente mientras dure el proceso ante el Juzgado Cuarto, cuya audiencia constitucional se efectuará a mediados de noviembre.

Cabe recordar que el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018 fue presentado el día 28 de septiembre del presente año por 6 niños, niñas y adolescentes de la comunidad maya de Homún, reclamando el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49 mil cerdos, y en consecuencia la violación a diversos derechos como el medioambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.

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Ayuntamiento

Retiran toneladas de basura del mar y la ciénaga durante limpieza masiva en Progreso

Progreso Hoy

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PROGRESO.– Con la participación de diversas dependencias municipales, estatales y federales,, el alcalde Julián Zacarías Curi encabezó este sábado una campaña de limpieza masiva en los muelles de La Caleta, en el poniente del puerto.
El edil puso manos a la obra y personalmente se encargó de recoger cacharros y basura en el mar y los manglares de la ciénaga acompañado de diversos funcionarios de gobierno y trabajadores municipales y de la empresa Servilimpia quienes apoyaron en la campaña con camiones.
Esta es la primera vez que un Ayuntamiento convoca a la sociedad en general e instituciones para participar en la limpieza de los manglares de la zona, desde que desapareció hace casi una década el Grupo Ecológico de Progreso, encabezado por el padre Lorenzo Mex, quien fue uno de los impulsores de este tipo de acciones en el municipio.
En la campaña de este día, Julián Zacarías estuvo acompañado de la titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Melina Rodríguez Gómez, así como el Secretario de la COMUNA de Mérida, Alejandro Ruz Castro y el Director del ITSP, Rodolfo González Crespo, entre otras autoridades.
El alcalde Julián Zacarías señaló que desde el inicio de su gestión, la Comuna se ha enfocado en fomentar un puerto limpio y campañas de este tipo.
-Somos cientos de ciudadanos que queremos un Progreso Limpio y hoy se pudo notar con los trabajos de limpieza en la Caleta de Progreso en donde se retiraron toneladas de basura del Puerto- señaló el edil. (ProgresoHoy.com)

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Gobierno Federal

Clausura Profepa depósito de chatarra en Mérida

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– La Procuraduría al Federal de Protección Ambiente (Profepa) clausuró un establecimiento de chatarra ubicado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde se detectó el almacenamiento de residuos peligrosos por no contar con el manejo adecuado, lo que representa un riesgo de contaminación.

Derivado de las labores de investigación de la Profepa, personal de la dependencia realizó una visita de inspección al establecimiento mencionado, ubicado en la colonia Miraflores de la ciudad de Mérida.

En el lugar se detectó el almacenamiento de acumuladores de vehículos automotores que contienen plomo, los cuales constituyen residuos peligrosos.

Durante la visita de inspección se documentó que el almacenamiento de los residuos peligrosos se realiza sin utilizar los protocolos de manejo adecuado, ya que dicho material no cuenta con un área de almacenamiento que cumpla con las condiciones necesarias para evitar posibles derrames, como muros de contención; además de que no se encontraban debidamente identificados, clasificados y agrupados.

Asimismo, el inspeccionado no presentó documentación alguna relativa al cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tales como el registro como generador, su autocategorización, transporte y la bitácora de almacenamiento, o los manifiestos de entrega-recepción para la disposición final de los mismos.

El inspeccionado señaló durante la visita que los residuos peligrosos los reciben desde hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece expresamente la prohibición de almacenar por más de 6 meses dichos residuos, debido al riesgo que representa su almacenamiento por más tiempo.

Por todo lo anterior, en virtud del riesgo que representa el manejo indebido de los residuos peligrosos encontrados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la LGPGIR, se realizó la clausura total temporal del sitio inspeccionado.

Cabe señalar que el artículo 31 de la LGPGIR establece en su fracción IV, que los acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo son residuos peligrosos.

La Profepa continuará con la sustanciación del procedimiento administrativo respectivo hasta la emisión de la resolución en la que se determine la imposición de las sanciones que correspondan para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

La multa por violaciones a lo establecido en la LGPGIR corresponde al monto equivalente que va de 20 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto por el artículo 112 fracción V de dicha Ley.

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Gobierno Federal

Clausura Profepa obras en un predio de Halachó por daño ambiental

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– La Procuraduría al Federal de Protección Ambiente (Profepa), clausuró un predio de 1.57 hectáreas, en el Municipio de Halachó, Yucatán, debido al cambio de uso de suelo que se realizó sin contar con la correspondiente autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El predio con cambio de uso de suelo se detectó durante recorrido de vigilancia realizado por inspectores de la Profepa en el tramo carretero Chan Chocholá-Chactún, en el Municipio de Halachó, en Yucatán.

La remoción total de vegetación natural corresponde a selva baja caducifolia, en donde se encuentran ejemplares de tzalam (Lysiloma Bahamensis), chaca (Bursera simaruba), dzidzilché (Gymnopodium floribundum), silil (Diospyros cuneata stand), K’anchunup (Thouinia paucidenata), entre otros.

Por lo anterior, y con el fin de evitar que se continúen ocasionando daños al ambiente, se impuso la clausura total temporal del sitio, como medida de seguridad.

Cabe señalar que el cambio de uso de suelo de terreno forestal sin contar con la autorización correspondiente es una infracción que se sanciona con una multa por el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 157 fracción II de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La legislación penal federal establece, por su parte, una pena de 6 meses a 9 años de prisión a quien ilícitamente realice el cambio de uso de suelo forestal.

La Profepa continuará con la sustanciación de los procedimientos administrativos respectivos hasta la emisión de la resolución, en la que se determine la imposición de sanciones que correspondan para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

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