Vinculan a proceso a empleados del Gobierno de Yucatán acusados de millonario desfalco

La Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, licenciada Blanca Beatriz Bonilla González, encontró elementos suficientes para vincular a proceso penal a los ex funcionarios del gobierno de Yucatán Edwin Manuel Lugo Tzab y David Marcelino Canché Marrufo por falsificación de documentos en general, al detectarse un desfalco por más de 3 millones de pesos en el área donde prestaban sus servicios.
En audiencia pública, al resolverse sobre la situación jurídica de los acusados, la Juez dictó auto de vinculación a proceso, y a pesar de no ser considerado un delito grave, ordenó como medida cautelar la prisión preventiva por un lapso de cinco meses.
El delito se sanciona con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años, de acuerdo con el Artículo 283 del Código Penal del Estado, que pudiera incrementarse hasta una mitad si el falsificador obtiene provecho para sí o para otro en perjuicio de la sociedad, el Estado o de un tercero y sería sancionado de 9 meses a 4 años y medio, como sucede en el presente caso. A pesar de los alegatos de la defensa, la Juez acordó como medida cautelar la prisión preventiva de Lugo Tzab y Canché Marrufo, quienes de acuerdo con la denuncia presentada ante la autoridad Ministerial por el Director de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, CP Carlos Manuel Pasos Novelo, en una auditoría practicada en el Departamento de Impuestos y Derechos Vehiculares de la Dirección de Recaudación de la citada Agencia, ubicada en la calle 61-A entre la calle 88-A y 90 del Centro de Mérida, se detectó un faltante del orden de los 3 millones 27 mil 229 pesos.
Según la carpeta de investigación, ambos acusados estaban adscritos al referido departamento y previo acuerdo entre ellos aprovecharon sus cargos para hacer constar hechos falsos en cada uno de los más de 200 documentos públicos auditados, esto entre los meses de mayo, junio, julio y septiembre del 2014, constituyendo lo anterior en hechos falsos de pagos efectuados por concepto de técnico y aprovechamiento vehicular de 201 automotores.
Sin embargo, esos pagos en realidad no se hicieron y en consecuencia el erario estatal sufrió un menoscabo económico.
Ambos fueron detenidos el martes de la semana anterior cuando abandonaban sus centros de trabajo, al ejecutar elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado las órdenes de aprehensión libradas por la Juez Bonilla González, quien en audiencia pública los vinculó a proceso penal.