Borge y su gobierno despojan propiedades a empresas con falsos juicios en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO.— Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo, despojaron a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias, según informa el sitio “Animal Político”.

Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron casos —de los cuales revisaron cuatro expedientes— que prueban cómo el gobierno del priista Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Estos actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.

Entre otros funcionarios implicados están: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

Con una simulación de juicios laborales, en los que supuestos ex trabajadores de hoteles demandan por despido injustificado y alegando sueldos mensuales de hasta 753,234 pesos —tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto— logran arrebatar las propiedades en Quintana Roo.

Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo se presentan en las propiedades para arrebatar los predios sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de camionetas llenas de grupos de policías municipales armados.

En otras ocasiones, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para que no sean identificados.

El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.

Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.

Los dueños hoteleros, pese a alegar que no se les notificó del juicio en su contra y que no conocen a los demandantes, son despojados del terrano, pues para hacer efectivo el pago embargan el terreno y el hotel. Como es el caso de Joel y Andrés.

En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.

Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.

Con el mismo “modus operandi” de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueron embargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.

Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía.

En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.

En 2015, Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañados y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los secretarios de trabajo responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

Estos negocios también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

Quintana Roo Víctimas

Al menos dos empresas fueron víctimas de juicios laborales irregulares sin previo aviso.

Congelan cuentas

Las empresas Pochteca y Planigrupo descubrieron que, sin que se les notificara, sus cuentas bancarias fueron congeladas por juicios en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.

Pago de adeudos

Cuando intentaron averiguar de los supuestos juicios los expedientes les fueron negados por “extravío” y cuando al fin lograron resolverlo se percataron de que les fue retirado dinero para pagar los adeudos.