Clausura la Profepa tanque de asfalto en la carretera Mérida – Progreso

MÉRIDA.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción de un complejo, cuyo principal elemento es un tanque, que tiene 15 metros de diámetro y 12.5 metros de altura, que serviría para almacenar y distribuir asfalto. El número de expediente que al respecto abrió la Profepa es el PFPA/YUC/001/FOR-15.

De acuerdo con la indagatoria, la razón de la clausura es la falta de los permisos que se requieren para la edificación de este tipo de estructuras. Según se averiguó, este sitio no contaba ni con el indispensable Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), ni con el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal; estos permisos son federales y gestionados ante la Semarnat.

Tampoco cuenta con estudio de riesgos ambientales que se tramita ante la autoridad estatal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Tampoco hay registros de que haya solicitado los permisos antropológicos que solicita el INAH.

Este tanque se encuentra al poniente del Parque Industrial; colinda con la laguna artificial de la planta de materiales Mitza, en la carretera Mérida-Progreso. Asimismo, está cerca de un área de manglares.

El terreno original en el que se erige sufrió varias divisiones. Una de ellas, según se pudo constatar en el Registro Público, fue vendida a la empresa estadounidense Sem Materials, el 26 de noviembre de 2014, ante el abogado Mario Cámara Seba.

Sem Materials es una compañía pública, que cotiza en Bolsa, con negocios en varios países. En México, según su página web, es el “más grande distribuidor de asfalto de Pemex con una fuerte y consolidada presencia”.

También, presume, “mantiene directa o indirectamente una estrecha relación de negocios con los gobiernos federal, estatales y municipales, dependencias gubernamentales así como con las principales constructoras del país”. Tiene plantas en Altamira, Chilpancingo, Coatzacoalcos, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mexicali, Monterrey, Salina Cruz, San Luis Potosí, Silao, Torreón, Tula, Tuxtla, Veracruz y Villahermosa.

Con la edificación en Yucatán clausurada, la compañía que lo erigió tendrá que recorrer todo el proceso legal que se saltó; es decir, solicitar permisos a las autoridades ambientales, basado en el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental. Antes, tiene que entrar en un trámite de reparación de daños, que incluye multas y la posible demolición del tanque.

En el caso que se determine que se presentó daño a humedales o que el terreno es forestal, el proceso de clausura podría ser irreversible e inclusive podría ser penado con cárcel.