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24 de Mayo de 2024

Opinión

Complejidad legal burlada

Leí con interés la nota que publicó el Diario acerca del Foro sobre Política Social en el que se trató lo relacionado con la aplicación de “programas sociales” y el impacto efectivo que pueden y deben tener en los ciudadanos.

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Leí con interés la nota que publicó el Diario acerca del Foro sobre Política Social en el que se trató lo relacionado con la aplicación de “programas sociales” y el impacto efectivo que pueden y deben tener en los ciudadanos.

Uno de los ponentes, el doctor Othón Baños Ramírez, investigador de la Uady, fue determinante al señalar: “El gobierno del Estado no tiene una política social propia, definida. Aplica una réplica del modelo nacional que se usa prácticamente sin cambios en todo el país, un modelo asistencialista con intenciones clientelares, de dependencia electoralista, que más que reducir los altos índices de pobreza busca generar una ganancia política para el partido en el poder”.

Sin embargo, en la misma nota se señala que esta visión no fue compartida por el maestro en Economía Felipe Lezama Pacheco, encargado de la Sedesol estatal, quien aseguró que gracias a los programas de apoyo a la población más necesitada diseñados por el gobierno de Rolando Zapata Bello se consiguió en 2014 reducir en 4% la desnutrición infantil en los 10 municipios yucatecos más pobres.

Como lo señalé en una aportación anterior, los esquemas sociales que  aplican hoy tanto el Ejecutivo local como el Federal, son los mismos de siempre y los resultados no varían: la pobreza es cada vez más compleja y agravada.

Desde el quinquenio pasado se hicieron entregas masivas de chamarras, de cobertores, de zapatos, y de infinidad de bienes y la pobreza se acentuó más. Hoy, se entrega pintura para las casas, tinacos, útiles escolares, zapatos y uniformes… ¿y que creen que pasará?

Y es que no hay que ser maestro en economía para entender  que en realidad existe una paradoja, pues mientras más artículos se entreguen bajo este esquema, lo único que se demuestra es que precisamente hay más pobreza, por la simple y sencilla razón de que la gente no tiene el recurso propio para adquirirlo.

Al contrario, el día que se dejen de entregar tinacos y pinturas, y demás dádivas entonces podremos afirmar que de verdad ya se ha logrado abatir los índices de pobreza porque la gente ya tiene ingresos suficientes para adquirirlos.

Como bien lo indica el doctor Baños Ramírez, la verdadera intención del gobierno es la de establecer un vínculo con la gente, a fin de que se sienta “atendida” con un “regalo” o “favor” y posteriormente pueda ser presionada para que vote a favor del partido “dadivoso”.

Vaya que los  políticos siempre buscan la manera de burlarse de la ley, por muy compleja que sea ésta. Existe la norma, en la reciente reforma electoral, que prohíbe la distribución de artículos, como la que está haciendo ahora el Ejecutivo estatal, pero está acotada hasta que se inicie el proceso electoral constitucional.

Y conscientes de esta prohibición entonces desde ahora tiran la casa por la ventana convirtiéndose en el Santa Claus electoral, afectando gravemente la equidad electoral.

Cuántos millones de pesos está usando el PRI-gobierno en la repartición de bienes utilitarios con evidente intención electorera. Cualquiera que sea la cifra debería sumarse al monto que debe gastar el candidato y seguro ya habría rebasado de modo anticipado los topes permitidos.

Bajo este nuevo esquema de burlarse de las normas, somos los ciudadanos quienes financiamos la campaña priista, ya que el dinero que se usa para estas trampas electoreras es de todos y debería servir para obras y servicios de bien común.

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