MÉXICO.– “En palabras sencillas, la CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola, no vemos claros los contrapesos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de facto se comportaría como un agente preponderante en la venta de energía, en la compra de energía, como un monopolio de un insumo elemental para toda la actividad social, política, económica y cultural del País”, sostuvo.
La especialista subrayó que bajo el esquema que plantea la reforma, la CFE quedaría también en una posición administrativa que dificultaría a las personas físicas y morales acceder y defender sus derechos.
Agregó que el conflicto y la disfuncionalidad que se observa en materia de gobernanza en el sector eléctrico es resultado de la convivencia de figuras del viejo y nuevo orden, entre los que se encuentran el autoabastecimiento, los productores independientes y los mercados mayoristas.
No obstante, consideró que si bien es necesario arreglar este modelo que a veces es confuso, esto es posible modificando manuales y reglamentos para migrar estas figuras al mercado, a fin de robustecerlo.
Sergio Zugasti, representante del clúster energético de Puebla, se pronunció en contra de la retroactividad de la propuesta presidencial, que plantea la cancelación de contratos y permisos ya otorgados, toda vez que esto iría en contra del Estado de Derecho.
Demandó también que se reconozca que la visión social que tiene la CFE es compartida por las empresas privadas y como muestra de ello señaló que en el estado de Puebla, proyectos como el parque solar Pier y Pier II, con capacidad de 287 megawatts, considera también una inversión de 200 millones de pesos en obras sociales.
Zugasti señaló que los países en donde se ha logrado bajar las tarifas eléctricas siempre ha habido cuatro actores: un operador, un regulador, un despachador y un generador, por lo que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) propuesta por la reforma, dejaría a México sin esos dos importantes jugadores.
El especialista afirmó que para equiparar la inversión que hoy realiza el sector privado en el sector eléctrico, la CFE tendría que triplicar su presupuesto, además de que un incremento en el costo de la energía eléctrica aumentaría en un 54 por ciento los costos de producción.
En su turno, Raúl Jiménez, abogado general de la CFE, subrayó la necesidad de una reforma constitucional para poner orden al mecanismo de autoabasto.
Indicó que este es un esquema fraudulento, porque a través de él se enmascara como socios a quienes en realidad son clientes de los autoabastecedores y tienen una clara relación comercial.
Recordó que el año pasado, el Gobierno federal intentó cumplir con este objetivo a través de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pero ésta fue objeto de una “guerra legal” por parte de los privados.
“No hay forma, no hay manera de resolver esta trabazón de tipo judicial y esta cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica sino es a través de una reforma constitucional”, reiteró.
El abogado de la CFE indicó que de acuerdo con diversas notas periodísticas, actualmente hay procesos de revocación para autoabastecedores con el argumento de fraude a la ley.