El Consejo Coordinador Empresarial llama a no violentar la Ley Electoral en Yucatán

El pasado 11 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán (IEPAC), reunido en sesión, aprobó el Calendario Electoral 2017-
2018, en el que entre otros asuntos se determinaron los períodos oficiales que abarcarán
las precampañas y las campañas electorales, siendo el primero de ellos del 14 de
diciembre de 2017 al 11 de febrero del 2018, y el segundo del 30 de marzo al 27 de junio
de 2018.
Asimismo, en la propia sesión, se estableció que los precandidatos a cargos de elección
popular que participen en los procesos de selección interna convocados por sus
respectivos partidos políticos, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de
propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas y, por
tanto, la violación a esa disposición se sancionará con la negativa de registro como
precandidato.
Adicional a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 134, prohíbe incluir los nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público en la propaganda de comunicación
social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno.
Por lo anterior, y ante los recientes y visibles acontecimientos conocidos por gran parte de
la sociedad, el sector empresarial representado en el Consejo Coordinador Empresarial de
Yucatán (CDE Yucatán), hace un atento y enérgico llamado a los funcionarios públicos de
los tres niveles de gobierno y demás interesados, que legítimamente aspiren a un cargo de
elección popular, a respetar puntualmente los plazos y tiempos establecidos por la
autoridad electoral y erradicar de una vez por todas la nociva simulación, las argucias
legales y la realización de acciones contrarias al espíritu de las leyes, como lo son el pago
de carteleras espectaculares en diferentes puntos de la ciudad; el reparto de volantes y de
cartas en múltiples domicilios particulares; la inserción de boletines pagados en medios de

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comunicación, entre otras muchas prácticas disfrazadas de comunicación social o de
información, pero que claramente están encaminadas a su promoción, posicionamiento y
beneficio personal para sacar ventaja del resto de quienes en su caso y llegado el
momento podrían ser sus competidores en la contienda electoral, sin dejar de lado la
sospecha fundada de dónde provienen los recursos económicos que se necesitan para
poder llevar a cabo dichas acciones, a todas luces de simulación, que en caso de ser dinero
público podría constituir la comisión de un delito.
De igual manera, hacemos también un respetuoso llamado a todas nuestras autoridades
electorales a cumplir objetivamente su valiosa función ciudadana; a hacer valer su
autonomía y no dejarse presionar por grupo, funcionario público o partido político alguno;
a vigilar a los actores políticos e investigar oportuna y eficazmente cualquier queja o
actividad contraria a las leyes de la que tomen conocimiento, y a aplicar sin distingos ni
cortapisas las disposiciones aprobadas por ellos mismos, así como lo dispuesto en nuestra
legislación electoral.
Los empresarios exigimos que quienes hoy en día desempeñan la alta responsabilidad de
ser nuestras autoridades y/o quienes aspiran a continuar siéndolo o convertirse, pongan
el ejemplo y sean los primeros en respetar los tiempos y plazos electorales expresamente
establecidos, y la legislación y el estado de derecho que en nuestro país se necesita hacer
valer ante tantos actos de ilegalidad e impunidad que lamentablemente a diario
acontecen.
El importante proceso electoral en el que ya nos encontramos inmersos y que con el
transcurrir de los días irá subiendo en interés e intensidad, hoy más que nunca demanda
organismos y autoridades electorales fuertes y autónomos; actores políticos y
funcionarios públicos responsables y respetuosos de las leyes, y ciudadanos participativos
e informados, todos encaminados a consolidar, fortalecer y legitimar nuestro sistema
democrático.