Diputados del PAN exigen cuentas al gobierno de Yucatán por el hospital de Ticul

MÉRIDA.– La Fracción parlamentaria del PAN, propone un decreto con carácter ejecutivo al C. Secretario de salud estatal, para que comparezca ante el congreso y explique a detalle el estado económico y de ejecución del hospital de segundo nivel en el municipio de Ticul, Yucatán. Lo anterior derivado de las declaraciones públicas que vertiera sobre el mismo y el estado de incertidumbre que en general se tiene sobre dicho hospital.

En Voz del  Diputado Rafael Montalvo Mata, propuso  este decreto y continúo exponiendo los motivos; dicho proyecto de construcción del citado nosocomio fue aprobado por la “LIX” legislatura del estado en fecha 29 de febrero de 2012, publicado en el diario oficial del gobierno del estado el 1° de marzo de 2012, mediante “decreto de autorización para la realización del programa de impulso a la infraestructura y servicios de salud de Yucatán, a través del esquema de proyectos para la prestación de servicios”

Dicho decreto en sus artículos, medularmente dice:

I.- se autoriza a servicios de salud de Yucatán para que licite conjunta o separadamente, desarrolle y adjudique hasta tres hospitales en los municipios de Mérida, Tizimin y Ticul, bajo el esquema PPS.

Ío.- se autorizó a la secretaria de salud a otorgar el uso de los siguientes predios en el municipio de Ticul: tablajes catastrales 1466, 1467, 1491, 1498 y 1506, mismos que fueron adquiridos por el poder ejecutivo del estado representado por su titular y el secretario de gobierno en turno, en fecha 16 de marzo de 2011, mediante compraventa  pasada ante la fe del notario público número 15 de la ciudad de Mérida, terrenos que fueron vendidos por la Sra. yalily salomón Isaac, por la cantidad de $1,700,000.00 cada uno (millón setecientos mil pesos), cuando  las cédulas catastrales de cada uno no les atribuye un  mayor valor catastral superiores a los $10,000.00 c/u y los precios de compra de esa zona en específico, considerando que son terrenos que no poseían construcción alguna, resultaron ser comprados en demasía, ósea con sobrecostos para el estado, lo cual de ninguna manera es aceptable. Para mayor referencia dichos precios y tablajes se obtuvieron de documentos oficiales emitidos por la dirección del registro público de la propiedad y del comercio del estado, en los cuales se observa el proceso de compra y el precio de los mismos.

Por otra parte también se faculto a esta soberanía a “autorizar la asignación presupuestaria de egresos del estado para llevar a cabo el desarrollo y construcción de los hospitales mencionados, en los ejercicios fiscales subsecuentes en los cuales este vigente el contrato respectivo, el congreso del estado deberá aprobar las asignaciones presupuestales suficientes para no incumplir las obligaciones de pago a los inversionistas desarrolladores de los hospitales bajo el esquema de prestación de servicios, correspondientes a “programa impulso a la infraestructura y servicios de salud de Yucatán”

Asimismo en los antecedentes del decreto en cita, en específico el segundo, se menciona que en fecha 19 de abril de 2012 se publicó en el diario oficial del gobierno del estado el decreto 404, que autorizaba la afectación irrevocable de participaciones federales del estado para la constitución de un fideicomiso de garantía y/o fuente de pago para los proyectos que se realicen a través del esquema de proyecto de prestación de servicios en un plazo máximo de 25 años. Dicho fideicomiso es el numero f/422 “fideicomiso irrevocable de emisión, administración y pago” que es representado por grupo marhnos (ganador de la licitación del hospital de Ticul, a través de sus filial infraestructura hospitalaria de la península, ihp) y que dicho consorcio a su vez emitió certificados bursátiles para financiar la construcción del nosocomio de Ticul, siendo que estos certificados se encuentran cotizado en la bolsa mexicana de valores. Lo anterior de acuerdo al antecedente segundo del decreto en comento y al informe anual 2014 del fideicomiso irrevocable de pago f/422, emitido por banco nacional del norte.

De igual forma y con base en los datos registrados en el registro de obligaciones y emprestitos de las entidades federativas y municipios, registro compilado por la secretaria de hacienda y crédito público en 2013, aparece registrado que servicios de salud de Yucatán había comprometido parte de las participaciones federales del estado por los próximos 25 años, para realizar el pago de 5,572 millones de pesos al ganador de la licitación pública para la construcción del centro hospitalario de segundo nivel en el municipio de Ticul, Yucatán, a razón de 185 millones de pesos anuales por la construcción y operación del mismo. Siendo que de esos 5,572 millones de pesos, aproximadamente 1,300 millones son exclusivamente para la construcción y equipamiento del hospital.

Diversas asociaciones civiles han solicitado información del contrato y demás documentación relacionada con el citado hospital, y la unidad de acceso a la información del poder ejecutivo, se ha limitado a contestarles “ que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la secretaria de salud estatal, secretaria de obras públicas, secretaria de administración y finanzas y del instituto para la conservación de obra pública del estado, la información que solicita no existe, y parte de aquella se encuentra reservada por la secretaria de administración y finanzas a través del acuerdo de reserva 014-bis/saf/2013, de fecha 17 de septiembre de 2013, por un periodo de 5 años.

Situaciones que dejan en estado de incertidumbre no solo a la sociedad respecto del gasto público destinado a ese nosocomio, sino al propio poder legislativo. Concluyo el Diputado Rafael Montalvo.

La votación Mayoritaria de la Fracción perteneciente al PRI en contra de este decreto, trunco la posibilidad de la sociedad de despejar todas las incertidumbres respecto a la construcción del  Hospital de Ticul, esto motivó la intervención de varios Diputados pertenecientes a distintas Fracciones del Congreso del Estado, en las cuales se expuso las razones por la cuales debería ser aceptado este acuerdo.