MÉXICO.– Uno de los temas bandera del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción, mismo que será clave rumbo a las elecciones federales de 2024 por los pocos resultados que se ha tenido en la actual administración.
Así lo considera Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tec de Monterrey, recuerda que el gobierno de López Obrador no ha estado exento de ser vinculado de esta práctica. “Obviamente, sí hubo y sigue habiendo corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la hubo en los otros gobiernos federales anteriores”, expresó.
“Lo importante aquí es comparar la información que es mucho más detallada, como la de la Encuesta Nacional de Calidad Impacto Gubernamental del INEGI, que la más reciente que hay de 2021, desgraciadamente”, considera Estrada.
“La corrupción que se mide por parte del INEGI, está relacionada con trámites. Y los datos son terribles, también. Los resultados de la tasa de prevalencia de corrupción del INEGI andan por el orden de los 14 mil 700 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, que tuvieron experiencias de corrupción cuando realizaron un trámite. Y sobre el costo de la corrupción, si todos los mexicanos nos distribuyéramos el costo de la corrupción, estaríamos pagando más de 2 mil 500 pesos cada uno al año”, añadió.
“Sobre la tasa de prevalencia, por ejemplo, siguen siendo los hombres quienes experimentan más corrupción que las mujeres; sin embargo, las mujeres experimentan también la corrupción relacionada con las sextorsión, es decir, con que te pidan favores sexuales o sexo a cambio de un servicio que te tendrían que dar de forma gratuita”, considera la especialista.
Para Estrada, un fenómeno digno de analizar es cómo a pesar de los altos niveles de percepción de corrupción, de prevalencia y de experiencias de corrupción, la aprobación del presidente continúa sin cambios. “Estos datos horribles de corrupción [y los de seguridad, que mejor ni hablamos], no tienen -o al menos no se ve- un efecto en la aprobación del presidente, distinto a la administración de Peña Nieto. Ahí sí tuvieron, no solamente un efecto clarísimo, sino que uno de los elementos que le dio la presidencia a Morena fue la percepción de corrupción rampante y asquerosa que vivimos durante seis años con Peña Nieto y que no es que en este sexenio no lo hayamos vivido. La seguimos viviendo,el fenómeno es que no tiene el mismo efecto. Eso es lo interesante”, concluyó.
– Este sexenio para la sociedad civil, para la Academia y quienes estamos relacionados con estos temas, ha sido durísimo. De entrada, nos dimos cuenta de que los derechos que ya habíamos adquirido (por ejemplo: los derechos de acceso a la información, al derecho a la libre expresión, al derecho a la verdad) no son derechos inamovibles, es decir, en el momento en el que el Ejecutivo quiera, los quita.
Eso ha intentado hacer desde que entró a dirigir la administración pública: “Cómo me deshago de todos estos órganos que me generan algún tipo de contrapeso, o que me exigen que rinda cuentas o que me exigen transparencia”.
Creo que uno de los velos que se nos cayó de los ojos en este sexenio es que nuestros derechos como sociedad civil, aunque estén constitucionalmente establecidos, no están garantizados. Siguen dependiendo mucho de la voluntad del presidente.
Otra lección es que la realidad no se cambia por decreto. En el 2015, en la administración de Peña Nieto, se publicó la reforma constitucional que daba vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Y en los últimos años de la administración de Peña Nieto comenzó a modificarse todo lo relativo a las legislaciones y ya entrando Andrés Manuel ya estaba casi culminada toda la parte legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pasaron todos estos años y el SNA sigue sin funcionar como un sistema. Por mucho que cambiemos la Constitución, que cambiemos las leyes, que las modifiquemos, que hagamos otras, que creemos fiscalías, la realidad no va a funcionar si seguimos pensando que la solución está en cambiar, modificar o en crear leyes. El Sistema Nacional Anticorrupción tal y como fue pensado no está funcionando, por muy bien que haya estado pensado, por muy bien y muy bonito que está escrito en la Constitución y en las leyes, no está funcionando.
Otra cosa que aprendimos, relacionada con eso, es que el Ejecutivo tiene todavía mucho poder sobre la autonomía de los órganos que están relacionados con la prevención o con la investigación o con la sanción de actos de corrupción y los puede ahorcar literalmente, los puede dejar sin vida, los puede matar a través del presupuesto.
Este sexenio me di cuenta que el derecho de acceso a la información en México y la institucionalización de ese derecho, es decir del órgano que nos garantiza ese derecho, sigue sin estar engranado en el entendimiento social, sigue sin tener un asidero ciudadano y hemos fallado, quienes nos dedicamos a esto. Esta es una falla de nosotros, porque no hemos sabido explicar este derecho de forma tal que cualquier persona le vea la utilidad, aunque no lo utilice.
Y lo comparo mucho con el INE. Cuando tocaron al INE, o cuando intentaron tocarlo, la sociedad civil se volvió loca porque todos sabemos -de entrada- lo que nos costó tener ese instituto políticamente, pero todos sabemos para qué funciona, todos sabemos qué beneficios tiene, qué beneficios nos da, cómo nos protege, qué garantías tenemos con el INE. Entonces hemos fallado nosotros los académicos, los activistas en dar a conocer el derecho y la institución.
¿Qué panorama podemos esperar para 2024 sobre la lucha contra la corrupción, especialmente cuando habrá la elección presidencial?
Yo creo que este año vamos a volver a ver a los candidatos o a las candidatas a la presidencia colgarse del tema de la corrupción nuevamente. El tema de la corrupción es muy sexy para la parte electoral y gana muchos votos. Además, enoja mucho.
Creo que vamos a ver muchas propuestas vacías para combatir la corrupción, vamos a ver muchas propuestas relacionadas con crear órganos, con mejorar órganos y a la mera hora no va a pasar absolutamente nada.
Va a empezar a salir mucha más información de casos de corrupción, los que ya tenemos a la vista o van a seguir saliendo datos o casos nuevos de corrupción, y nos vamos a dar cuenta de que este sexenio no ha sido ni siquiera un poco mejor que los anteriores en relación con el tema de del combate a la corrupción.
También vamos a ver la prostitución del término “corrupción”. Esto que el presidente ha hecho en estos seis años, que es prostituir el concepto de forma tal que ya no se entienda. Ahora todo es corrupción, ¿no? Si eres rico, eres corrupto; si estudias en el extranjero, eres corrupto; si eres académico de una institución privada, eres corrupto.
Hay una desnaturalización enorme del concepto de corrupción, que además nos ha costado mucho trabajo definir y que es muy sencillo: “Corrupción es el abuso del poder encomendado en beneficio propio”. Eso, así tan sencillito, se ha ido decolorando a lo largo de estos años al grado de que se entiende cualquier situación que sea adversa a la administración pública y a la Cuarta Transformación se tilda de corrupción. Eso sí tiene un efecto en el imaginario público: ya no entendemos el concepto de corrupción, ya todo es corrupción y cuando todo es corrupción, nada lo es.