Empleados del Ayuntamiento usaron maquinaria municipal para vender producto decomisado

Este es el producto decomisado por la Aduana, el cual fue depositado en el basurero municipal, donde empleados municipoales lo vendieron a un rancho

PROGRESO.– El alcalde José Isabel Cortés Góngora confirmó que empleados municipales del Ayuntamiento de Progreso utilizaron maquinaria y equipo propiedad de la Comuna para cargar y trasladar un producto decomisado por la Aduana Marítima de Progreso.
En total, según el alcalde, depositaron en el basurero 95 toneladas de producto decomisado. El producto, según los recolectores alimento para ganado peletizado (en forma de churritos), el cual tiene valor en el mercado de unos $20 pesos por kilo. Según recolectores, los empleados del Ayuntamiento habrían vendido unas 80 toneladas del producto que fue depositado entre el lunes y martes pasado a bordo de varios camiones que bajaron de la terminal remota.
El edil también dijo desconocer que la Aduana había mandado a depositar esas 95 toneladas de producto aseguradas en el puerto de altura de Progreso y ofreció castigar a los responsables.

DENUNCIA DE RECOLECTORES…
Como informamos el martes, recolectores de basura de Progreso denunciaron que empleados del Ayuntamiento cargaron en camiones municipales y vendieron a un rancho cercano varias toneladas de producto decomisado por la Aduana Marítima de Progreso.
Indicaron que la venta de ese producto es ilegal debido a que fue decomisada y debía ser destruida, pero al parecer empleados municipales vieron la oportunidad de venderlo debido a que estaba en buen estado.
Como informamos, el uso de estas unidades municipales del Ayuntamiento, están a cargo de los coordinadores municipales Miguel Ganso Figueroa y Fernando Martínez Estrada, cuyo desempeño en el Ayuntamiento ha sido muy criticado, además de que se les ha señalado de realizar oscuros negocios al amparo del poder.

VENDIERON PRODUCTO DECOMISADO…
A través del Comunicado de Prensa No.0638 que recibimos el pasado martes 4 de octubre, el alcalde señaló que efectivamente, en el relleno sanitario de Progreso -donde fue desechado el producto decomisado-, se sorprendió a un empleado municipal que estaba cargando el producto asegurado con maquinaria propiedad del Ayuntamiento, a bordo de un camión también propiedad del municipio.
El presidente también informó que se detectó la presencia de otro camión del Sindicato de Transportistas (volqueteros) que transitaba rumbo al puerto con una carga de grano en su interior. Ese camión también fue previamente cargado por personal del Ayuntamiento con maquinaria municipal.

EL ALCALDE, ¿EN LÍOS?…
Debido a que el producto fue asegurado por la Aduana, la federación solicitó el traslado y resguardo del producto decomisado para su posterior destrucción, tal y como marca la Ley, pero en vez de ello, empleados del Ayuntamiento cargaron el producto decomisado y lo vendieron a un rancho cercano, según denunciaron los mismos recolectores de basura que presenciaron los hechos y de cuyos hechos se publicaron fotos y vídeos donde aparecen camiones del Ayuntamiento.
Ante esta situación, el SAT ya investiga qué sucedió y el alcalde deberá rendir cuentas por la venta de ese producto.

EL COMUNICADO OFICIAL INDICA LO SIGUIENTE:

Coordinación de Comunicación Social

Comunicado de Prensa No.0638

Progreso, Yucatán. Martes 4 de octubre de 2016.

El alcalde del puerto José Isabel Cortés Góngora, indicó que se abrirá una investigación a través del departamento de Contraloría y Función Pública contra quien resulte responsable de realizar algún hecho ilícito y señaló que no tenía conocimiento de que habían depositado aproximadamente 95 toneladas de grano en los terrenos de disposición final.
Sin embargo, explicó que fue informado, y constató que un camión perteneciente al Sindicato de Transportistas se encontraba rumbo al puerto con una carga de grano en su interior.
Al continuar con la investigación, tuvo conocimiento de que un empleado municipal maniobraba maquinaria de la administración, y al cuestionarsele sobre la procedencia y traslado del producto, cayó en contradicciones por lo que giró instrucciones para que el departamento de Contraloría abriera un expediente de investigación a fin de encontrar al o a los responsables y fincar responsabilidades a quien o quienes hayan intervenido en toda la actividad.
Cortes Góngora reafirmó con esta acción que se encuentra firme en su postura de que el trabajador o funcionario que sea sorprendido cometiendo actos ilícitos serán sancionados o dados de baja y en su caso, denunciados penalmente.