Especialistas no ven futuro al plan de la Zona Económica Especial

Analistas ven poco futuro a la Zona Económica Especial de Progreso, debido a la falta de recursos del gobierno federal para estimular su operación y a errores en su diseño

El gobierno federal podría cancelar la Zona Económica Especial (ZEE) de Progreso en los próximos meses, advierten especialistas consultados por este periódico.

La principal razón sería la falta de presupuesto de la Federación, que las promovió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la decisión de Andrés Manuel López Obrador de concentrar los recursos públicos solo en las zonas especiales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que se unirían por medio de un ferrocarril para formar una gran zona franca en el Istmo de Tehuantepec.

En el caso de Yucatán, hay otros inconvenientes derivados de las fallas del proyecto original, que lo hacen poco convincente a los ojos de los funcionarios del nuevo gobierno, según publica Diario de Yucatán.

Según los especialistas, una de ellas sería el carácter casi exclusivo de la ZEE de Progreso para empresas de tecnologías de comunicación e información, cuando en otras regiones del país hay zonas dedicadas a este giro. El nuevo gobierno cree que abrir una más en Progreso representaría una competencia innecesaria y generaría pérdidas fiscales por las exenciones de impuestos que se autorizarían.
Promesas

La ZEE de Progreso es una de las siete que impulsó Peña Nieto, junto con las de Puerto Chiapas, Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas – La Unión, en Michoacán y Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Seybaplaya, Campeche y Dos Bocas, Tabasco.

La zona especial de Progreso tiene una superficie de 1,751 hectáreas, de las cuales 320 son de propiedad federal y el resto es un “polígono ampliado” donde sería posible abrir, previa autorización del gobierno federal, una “administración integral” en un terreno de por lo menos 20 hectáreas y una inversión mínima de 90 millones de dólares.

De acuerdo con el plan desarrollado durante dos años por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) y el gobierno de Rolando Zapata Bello, esta ZEE daría, a largo plazo, empleos directos o indirectos a 1.1 millones de personas en los municipios de Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Mérida, Conkal, Chicxulub Pueblo y Ucú.
Donación

Para concretar el plan, el gobierno estatal adquirió del Isstey, mediante una operación de permuta de terrenos, 320 hectáreas en una zona cercana a Los Flamboyanes, una comisaría de Progreso, donde se había proyectado levantar la Plataforma Logística y que Ivonne Ortega Pacheco vendió a ese instituto en 2012 en una polémica operación.

Como parte de los acuerdos con la AFDZEE, el gobierno yucateco donó esa superficie a la Federación.

En abril de 2018, Peña Nieto y Zapata Bello firmaron el Convenio de Coordinación para el Establecimiento de la ZZE.

En declaraciones al Diario en agosto, el titular de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que ya habían manifestado interés de instalarse en la zona 16 empresas, con una inversión conjunta proyectada de 220 millones de dólares y una expectativa de creación de cerca de 3,550 empleos directos.

Sin embargo, la única acción conocida en la ZEE fue el anuncio del “inicio de la rehabilitación del polígono ampliado”, en septiembre de 2018, donde se asentaría una empresa de Mérida.
Pendientes

Quedaron pendientes, entre otras muchas cosas, la licitación del consorcio que sería el administrador integral para el desarrollo de la ZEE; el fraccionamiento de las 320 hectáreas y la publicación del Plan Maestro de Desarrollo de la zona.

La elección de López Obrador como Presidente paralizó los trabajos de la ZEE y extendió un espeso manto de incertidumbre sobre su futuro.

El 26 de marzo, Rafael Marín Mollinedo, nuevo director de la AFDZEE, informó que el gobierno analizaba la posibilidad de desaparecer las zonas económicas especiales, entre otros motivos, dijo, porque “siete son muchas zonas y tendrían que competir entre sí”, además que su puesta en marcha afectaría el nivel de ingresos fiscales del Sistema de Administración Tributaria.

El funcionario dio un plazo de dos meses para dar a conocer la resolución definitiva.

“No creo que ésta vaya a ser una resolución favorable para Progreso”, anticipa Gabriel Carreón Fierro, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consultado en Ciudad de México.

Ninguna de esas siete zonas económicas como tal figuran en la lista de proyectos prioritarios del gobierno de AMLO para 2019 y, por tanto, tampoco tienen asignación presupuestal, dice.
Golpe

“Las ZEE que se podrían salvar serían las de Salina Cruz y Coatzacoalcos porque están incluidas en el proyecto de corredor transítsmico de Tehuantepec, que sí es una prioridad para la nueva administración”.

La falta de presupuesto para las ZEE es un golpe demoledor, añade Carreón Fierro, que ha estudiado el tema.

“Sin apoyo de la Federación es muy difícil promover su desarrollo, pues su operación requiere mucho dinero”.

El gobierno de Peña Nieto prometió una bolsa de 50,000 millones de pesos en créditos a largo plazo y tasas preferenciales para apoyar a las ZEE y sus áreas de influencia, incluyendo a los inversionistas y proveedores de capital de trabajo.

Ante la posibilidad de que esto no se autorice con el cambio de gobierno —como, en efecto, al parecer sucederá—, el propio Zapata Bello propuso en una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2018 que las Federación destine recursos etiquetados de manera multianual “para motivar las inversiones en las ZEE”, recuerda el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.
Obstáculos

Nada de esto pasó, señala Carreón Fierro, y aunque las zonas económicas no han sido canceladas formalmente, “es evidente el desinterés del nuevo gobierno, que no prevé darles dinero”.

Ante la posibilidad de racionalizar los recursos, la ZEE de Progreso queda en desventaja con, por ejemplo, la zona planeada para Lázaro Cárdenas – La Unión, orientada a la industria siderúrgica, metalmecánica, automotriz y agroindustrial. Las de Tabasco y Campeche yo diría que están prácticamente descartadas, opina Carreón Fierro.

“El problema de Progreso es su concepción como polo de desarrollo para nuevas tecnologías, no obstante la existencia de otros polos parecidos, como el de Guadalajara, con 15 compañías grandes y 600 pequeñas, o el Clúster de Tecnologías de la Información en Baja California, en Tijuana, que aglutina a 350 negocios”.

En esos lugares la infraestructura es mucho mejor que en Yucatán, empezando por la fibra óptica y la energía eléctrica, dice el entrevistado.

Otro obstáculo para Progreso es la apertura de una zona franca en los seis estados de la Frontera Norte a partir del primero de enero, por iniciativa de López Obrador.

Allí se baja el impuesto sobre la renta a 20%, el IVA de 16% a 8%, en tanto el precio de los combustibles se homologa con el de Estados Unidos, a fin de construir la zona libre más grande del mundo, añade Carreón Fierro.

“En este contexto, la Zona Económica Exclusiva de Yucatán parecería una competencia innecesaria, por decir lo menos”, dice.