Un operativo encabezado por la Secretaría de Economía en la Plaza Izazaga 89, Ciudad de México (CDMX), resultó en la incautación de 90 mil productos ilegales, poniendo en la mira a los agentes aduanales que facilitaron la entrada de esta mercancía al país. Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, anunció medidas sin precedentes contra los responsables.
Durante una conferencia de prensa conjunta con funcionarios del gobierno federal y la CDMX, Ebrard fue categórico:
“Vamos a solicitar la cancelación de las patentes de los agentes aduanales involucrados. Ya contamos con una lista, aunque no la puedo hacer pública por el momento, pero no basta con confiscar la mercancía; hay que identificar a quienes desde aduanas facilitaron el contrabando”, enfatizó.
Los agentes aduanales, aunque parte de la iniciativa privada, colaboran estrechamente con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su función es supervisar la entrada y salida de mercancías, garantizando el pago correcto de contribuciones y cuotas. Sin embargo, este caso expone la complicidad de algunos con actividades ilícitas. “Si tú eres parte del negocio, del ‘baile’, pues se acabó la fiesta”, sentenció Ebrard.
El operativo se llevó a cabo como parte de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este último juega un papel crucial en la protección de derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería.
La intervención en Izazaga 89 es solo una pieza dentro de una estrategia más amplia para combatir el comercio ilegal y proteger tanto a los consumidores como a las empresas legítimas afectadas por estas prácticas.
Entre los 90 mil productos asegurados destacan artículos que presuntamente infringen marcas registradas. Este contrabando afecta a grandes corporaciones y pequeños comerciantes, además de poner en riesgo a los consumidores debido a la falta de controles de calidad en los productos.
De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el mercado de productos pirata genera pérdidas multimillonarias para la economía mexicana cada año, además de restar competitividad al comercio formal. Operativos como el de Izazaga buscan reducir estas cifras y enviar un mensaje claro a quienes participan en actividades ilícitas.
El operativo en Izazaga contó con la colaboración de diversas instituciones. Además del IMPI y la Secretaría de Economía, el gobierno de la Ciudad de México apoyó en la logística y la seguridad de la operación. Estas acciones no solo buscan confiscar productos ilegales, sino también desmontar redes de distribución y contrabando a gran escala.
Ebrard subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional en esta lucha: “La piratería no es solo un problema de marcas; es un delito que afecta la recaudación fiscal, la seguridad y la competitividad de nuestro país”.
La decisión de cancelar las patentes de los agentes aduanales involucrados en este caso marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno federal contra el contrabando. Aunque no es común tomar medidas de este tipo, Ebrard justificó la decisión como necesaria para enviar un mensaje claro: “La impunidad no será tolerada”.
El proceso para cancelar estas patentes se llevará a cabo en coordinación con la ANAM y otras autoridades. Según el secretario de Economía, se evaluará cada caso de manera exhaustiva para garantizar que las sanciones sean justas y proporcionales al daño causado.
Mientras algunos sectores empresariales aplauden la medida como un paso necesario para combatir la ilegalidad, otros expresan preocupación por las posibles repercusiones en el comercio exterior y la percepción internacional de México como un país confiable para hacer negocios. Por su parte, la Secretaría de Economía ha indicado que este operativo es solo el comienzo. Ebrard adelantó que se llevarán a cabo revisiones exhaustivas en otras aduanas del país para identificar y sancionar cualquier irregularidad.
“No queremos ser un país donde el contrabando sea la norma. Queremos una economía que respete la legalidad y proteja a los consumidores”, concluyó Ebrard.
La lucha contra el contrabando y la piratería requiere no solo operativos como el de Izazaga, sino también una reforma profunda en los sistemas de control aduanero, el fortalecimiento de la ANAM y una mayor cooperación internacional para desmantelar redes transnacionales de contrabando.