Imputan por cohecho a los integrantes del Cabildo 2015-2018 que encabezó José Cortés

ACUSAN A LOS EX EDILES DE RECIBIR DINERO PARA APROBAR UN CONTRATO PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS / ESTA ES UNA DE VARIAS DENUNCIAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO “TURQUESA”

PROGRESO.– En una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Progreso presidida por la Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputaron a los once integrantes de Cabido 2015-2018 por el delito de cohecho, por hechos ocurridos en el año 2016.

Los imputados son, el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, el síndico, Enrique Ordaz Martínez, la Secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Ávila, y los regidores, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.

En dicha audiencia, realizada el día de ayer, los fiscales informaron que iniciaron una investigación por su probable participación en esos hechos (imputación) con base en lo siguiente:

“Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.

De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de $110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”.

Posteriormente, los fiscales especializados en combate a la corrupción solicitaron a la Jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso), pero estos y sus defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir 144 horas, ante lo cual la juzgadora notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el próximo 12 de julio del presente, en este mismo Centro de Justicia Oral.

Por último, la Jueza de Control Garrido Colonia impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.