TRAS SU ABRUPTA SALIDA DEL ITSP, IRVING CASTILLO SE NEGÓ A RESPONDER A LOS CITATORIOS EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA ACLARAR ANOMALÍAS
PROGRESO.– Entre las denuncias por anomalías financieras y faltantes interpuesta anteayer por el Gobierno del Estado, se incluye una sobre el Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) por daño patrimonial de unos $4 Millones de Pesos, según se asienta en el expediente presentado por la Contralora Estatal, Lízbeth Basto Avilés.
Como se sabe, el paquete de denuncias es por $533 Millones de Pesos e incluye denuncias por anomalías y faltantes en otras dependencias estatales de la anterior administración estatal que encabezó Rolando Zapata Bello.
Las denuncias fueron presentadas en la Vicefiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
DEBERÁ RESPONDER…
Por ese faltante millonario debe responder su anterior director, Irving Arthur Castillo Ávila, quien era uno de los seis aspirantes del PRI a la alcaldía de Progreso en 2018, pero al no conseguirlo, recibió como premio de consolación la Dirección del Tecnológico, en donde sustituyó a Lila Frías Castillo, quien fue designada candidata del PRI a diputada local del noveno distrito con cabecera en Progreso, donde ganó con amplia ventaja.
Castillo Avila, quien forma parte del grupo político Maga-Alonzo, inició sus actividades proselitistas años atrás, desde que fungió como Director del Cobay Progreso (durante cinco años), en donde reclutó a maestros y hasta alumnos de esa institución como simpatizantes.
Luego, aprovechando su amistad con el candidato perdedor del PRI a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán, le vendieron la idea de que podrían hacerlo “fuerte” para contender por la alcaldía, de modo que levantó la mano junto con otros cinco aspirantes: Ernesto Martínez, Javier Góngora, Maricarmen Ordaz (quien a final de cuentas quedó como candidata y perdió), Lila Frías (actual diputada) y Julián Zacarías, quien dejó las filas del PRI para contender y ganar como candidato del PAN en Progreso.
RUPTURA EN EL PRI…
Cabe señalar que el candidato del PRI en Progreso fue seleccionado con base en una supuesta “encuesta”, pero ésto desató de nuevo una ruptura en el PRI local, por lo que la candidata fue nuevamente traicionada por los grupos priistas, al igual que ocurrió en 2015 con la entonces abanderada Jessica Saidén Quiroz.
Es necesario decir que aunque hubo diversas variantes en este 2018, el resultado fue el mismo del 2015, pues según conocidos priistas de Progreso la candidata fue blanco de la traición de María Ester Alonzo, Enrique Magadán, Porfirio Trejo, Jorge Méndez, Neto Martínez, Javier Góngora, Dafne López (delegado priista) y hasta del propio Irving Castillo, quienes hicieron contracampaña y terminaron traicionando a la esposa del ex alcalde y ex diputado y hasta ahora delegado federal de Conagua en Quintana Roo, Pepe Blanco. (En el 2015 fueron los mismos traidores, pero en ese entonces apoyaron al candidato del Panal, José Cortés, hoy de triste memoria y considerado el peor alcalde que ha tenido Progreso en toda su historia).
Según varios miembros del equipo de campaña de la candidata perdedora del PRI, la traición fue clara y fue orquestada principalmente por la entonces diputada local del PRI (y actual diputada federal del Panal) María Ester Alonzo, quien ni siquiera se presentó al búnker priista para dar seguimiento a los resultados el día de la elección, y hasta le dejó de contestar al teléfono a los operadores priistas, dejando en claro cual fue su participación.
VENGANZA COMPLETA…
Otra parte importante de la traición priista de 2018 fue por parte de la propia ex abanderada Jessica Saidén, quien a pesar de que hizo campaña de la mano de Mauricio Sahuí, candidato perdedor del PRI a la gubernatura, también operó el día de la elección en contra del partido tricolor, cobrando venganza por la traición que le hicieron en el 2015.
Lo más llamativo de este caso fue que la venganza fue completa, pues además de contribuir a la segunda derrota histórica del PRI en Progreso, Jessica Saidén se pasó al PAN, en donde fue designada como funcionaria de primer nivel por el actual gobernador Mauricio Vila Dosal, colocando incluso a varios de sus colaboradores en el estado y en el actual Ayuntamiento panista de Progreso.
LA LLEGADA AL ITSP…
Volviendo al tema del ITSP, Irving Castillo llegó al Tec el 22 de febrero de 2018 y fue removido el 19 de octubre pasado, luego de que se negara a dejar la Dirección del plantel pese a las reiteradas solicitudes por parte del Gobierno del Estado para ceder la dirección de la institución.
Fue precisamente el 19 de octubre cuando el panista Rodolfo González Crespo asumió la Dirección del Plantel e Irving tuvo que dejar la Dirección presionado por personal de Educación Superior y Contraloría Estatal, en un evento al que prohibió la entrada a los reporteros tras ordenar a guardias de seguridad que no podían entrar a las oficinas donde se realizó el cambio.
Durante el cambio de Director, Irving Castillo se negó a renunciar y advirtió que se iba bajo protesta, sin aceptar ningún tipo de finiquito.
FALTANTE DETECTADO…
Según los documentos, el faltante se detectó en la revisión de documentos de la entrega-recepción del Tec Progreso. Trascendió que este faltante consiste en mobiliario, equipos de cómputo y hasta clima artificial, los cuales no se encuentran en el ITSP y están enlistados en la documentación de la entrega-recepción.
Castillo Ávila fue notificado por el representante jurídico del Tec para que acuda a aclarar los faltantes, pero no se presentó al plantel.
En su domicilio particular se le dejó un aviso-citatorio, pero tampoco respondió. Cabe señalar que las cuentas de la directora anterior, Lila Frías, fueron revisadas y liberadas conforme a la Ley de modo que la denuncia se enfoca el periodo de funciones de Castillo Avila.
Ante ello, se turnó el caso a la Contraloría General del Estado y se integró al paquete de las 31 denuncias presentadas anteayer por presuntas irregularidades financieras.
Entre las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría están las secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como los Institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y el Hospital Comunitario de Peto.