La vida de una joven progreseña corre peligro: asociaciones civiles responsabilizan a la Fiscalía de Yucatán

LA JOVEN AMAIRANY ROCHÉ SIGUE SIENDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU EX PAREJA, EL EX SUBCOMISARIO DE CHICXULUB PUERTO PESE A QUE DENUNCIÓ LOS HECHOS Y A QUE SU VICTIMARIO FUE VINCULADO A PROCESO Y SE LE COLOCÓ UN BRAZALETE ELECTRÓNICO / ORGANIZACIONES CIVILES ADVIERTEN Y RESPONSABILIZAN AL FISCAL, JUAN MANUEL LEÓN LEÓN DE LO QUE LE PUEDA SUCEDER /

Momento en que una representante de las asociaciones feministas entregaron la carta al fiscal Juan Manuel León León el 1 de mayo de 2024

PROGRESO.– Agrupaciones civiles de Yucatán alertaron del riesgo que acecha a la joven progreseña Amairany Roché Polanco, quien sigue siendo víctima de violencia por parte de su ex pareja, Alexis Daniel Castro Ale, quien se desempeñaba como subcomisario de Chicxulub Puerto en el actual Ayuntamiento de Progreso.
Lo anterior, según señalaron, sigue ocurriendo a pesar de que el victimario cuenta con una orden de restricción y hasta un brazalete electrónico, pues la joven inició un proceso penal por hechos de violencia de tipo psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, cometidos por su ex esposo, el citado Alexis Castro.
A través de un comunicado, diversas organizaciones feministas y de la sociedad civil advirtieron que el varón ha violado la Ley al intentar quitarse el brazalete, y agredió de nuevo a su ex pareja tras interceptarla en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Mérida, a pesar de que no debe acercarse a ella ni a la pequeña hija de ambos.
Las organizaciones que firman la petición ante la Fiscalía son: Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, Acciones para la Mujer, A.C., Unaprevs, Amisy Yucatán, Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio, A.C., Red de Mujeres, Kookay Ciencia Social Alternativa, A.C., Red de Acompañamiento Yucatán y el Observatorio Nacional del Feminicidio, entre otras.

PIDEN NO OTORGARLE PROCEDIMIENTO ABREVIADO…
Las organizaciones señalaron que para colmo, la defensa del ex funcionario de Chicxulub Puerto, ha propuesto que el victimario pueda acogerse a un procedimiento abreviado, con el fin de que asuma su responsabilidad y obtenga diversos beneficios como la reducción de su pena, lo que consideraron inaceptable.
Por lo anterior, las organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que encabeza el fiscal Juan Manuel León León -quien por cierto es oriundo de Chicxulub Puerto- a que no otorgue la pena mínima al agresor durante el juicio abreviado, con el fin de proteger la vida de la joven y su pequeña hija, quienes se encuentran en riesgo.
Las representantes de las organizaciones feministas y civiles se reunieron ayer 1 de mayo con el Fiscal yucateco, a fin de considerar el peligro que vive la joven progreseña y su pequeña hija.
(Como se sabe, Alexis Daniel Castro Ale era sub comisario de Chicxulub Puerto en el actual Ayuntamiento 2021-2024 que encabeza el hasta ahora comisario Miguel Canul Durán.
La joven Amairany Roché Polanco, ex pareja del citado funcionario, dio a conocer el maltrato que sufría de Alexis, luego de transmitir en vivo en Facebook el 28 de mayo de 2023, lo que generó amplia indignación en ésta ciudad. La joven progreseña interpuso una denuncia por los hechos, quien denunció que era golpeada, amenazada y violentada de diversas formas por el citado sujeto.
Por lo anterior, Alexis Castro renunció a su cargo como funcionario público y más tarde, en diciembre de 2023, fue vinculado a proceso. Se le ordenó no acercarse a su ex pareja y se le colocó un brazalete electrónico.

Sobre los hechos, las asociaciones civiles y feministas compartieron el siguiente comunicado:

El día de hoy, primero de mayo del presente año, representantes de asociaciones, colectivas, académicas y ciudadanas feministas de Yucatán, sostuvimos una reunión con el Fiscal General y Vice fiscales del Estado con el objetivo de hacer entrega de una carta solicitando su intervención con relación a la causa penal 87/2023 del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, en donde la víctima B.A.R.P, inició un proceso penal por hechos de violencia de tipo psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, cometidos por su ex esposo A.D.C.A, quien al momento de los hechos fungía como funcionario de la administración pública del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, motivo por el cual fue imputado a proceso por violencia familiar y lesiones en diciembre 2023, violencias ejercidas delante de su hija en ese entonces de 3 años.
Al victimario se le impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico y la prohibición de acercarse a la víctima e infringió las órdenes de protección otorgadas a la víctima como consta en lo señalado por la Unidad de Medidas Cautelares informó de tres acontecimientos con relación a incumplimientos:

1) la negativa del vinculado a someterse al cuidado y vigilancia ante dicha unidad,
2) daño al brazalete electrónico manipulándolo con un instrumento para abrir dicho localizador y
3) De manera grave, en el mes de febrero de 2024, en el estacionamiento público de un supermercado ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y en presencia de la menor de edad hija de la víctima y el vinculado, éste último violentó a la víctima de nuevo. Por lo anterior, se indicó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Actualmente la víctima presenta secuelas físicas y psicológicas consecuencia del martirio y tortura recibidas de manos de su agresor y su hija presenta síndrome de estrés post-traumático, por lo que con justificada razón teme por su vida y la de su hija.
Recientemente la defensa del victimario ha solicitado la propuesta de reducción de penas para acogerse a un PROCEDIMIENTO ABREVIADO, con el objetivo de asumir su responsabilidad de los hechos, tratando de conseguir con ello una penalidad con reducción y beneficios, hecho a todas luces inconcebible ya que pondría en riesgo la vida de la víctima y su hija.

EXIGIMOS a la FGEY NO otorgar la penalidad mínima durante el PROCEDIMIENTO DE JUICIO ABREVIADO al victimario para proteger la vida de la víctima y su hija.

La carta fue recibida y un primer acuerdo fue la revisión de la carpeta en los próximos días ante la serie de irregularidades que se han cometido en su integración.
Como sociedad civil y feministas daremos seguimiento puntual y cercano a este procedimiento y/o juicio hasta obtener justicia para la víctima, al ser el Estado el garante de la más amplia protección a las víctimas, además de ser la instancia que debe de hacer efectivo el DERECHO A LA JUSTICIA.

HACEMOS RESPONSABLE AL ESTADO, A LA FISCALIA GENERAL Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN, DE CUALQUIER DAÑO O AGRESION QUE B.A.R.P. Y SU HIJA PUEDAN SUFRIR a manos del victimario, independientemente de quien ejecute dicha agresión.

JUSTICIA PARA ANNIE

Alexis Castro Ale, ex subcomisario de Chicxulub Puerto, denunciado por violencia familiar