#OPINIÓN: Salvaguardas en la SCJN

Por Alberto Aguirre

Los criterios generales de política económica y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el último año del sexenio fueron defendido por el secretario Rogelio Ramírez de la O, en una farragosa comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los órganos autónomos —INE, INAI, UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos— justificaron sus requerimientos, aunque el Ejecutivo insistió en recortar las partidas, en aras de la austeridad.

El Poder Judicial pidió 84,000 millones de pesos, que incluyen las suficiencias presupuestarias del Tribunal Electoral y los recursos para los nuevos juzgados laborales, contemplados en la implementación del T-MEC.

En primera instancia, una disminución presupuestal para el aparato de impartición de justicia afectaría, en primer lugar, al sistema penal acusatorio en ciernes y congelaría al Instituto de Defensoría Pública.

Además de estos proyectos prioritarios, de acuerdo a la propuesta presupuestal defendida por la ministra presidenta, Norma Piña, para cumplir con el mandato constitucional, es necesario procurar las condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen una actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, la estabilidad laboral y la profesionalización de los empleados del Poder Judicial Federal.

La seguridad de la institución no está a expensas de la aprobación del PEF 2023. El despliegue de equipos de última generación para el control de ingreso empleados y visitantes —con el registro de biométricos y chips para monitoreo—, así como la revisión de vehículos inmuebles que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, coincidió con la llegada de Ricardo Márquez Blas como nuevo encargado de la seguridad, la logística y el protocolo en el Alto Tribunal.

Esos nuevos sistemas pudieron ser operados por elementos de la Policía Auxiliar, por petición de la Dirección General de Recursos Materiales. La solicitud, empero fue retirada. Y no obstante que la Dirección General de Seguridad obtuvo autorización para contratar “servicios especializados de seguridad intramuros y perimetral” con el Servicio de Protección Federal —dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— para el ejercicio fiscal 2023, el Comité decidió extender seis meses el contrato suscrito con la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia.

Hace dos años, por la vía de la adjudicación especial, SEICSA se encargo de brindar protección y vigilancia para “las instalaciones, el capital humano y el patrimonio” dentro de los inmuebles propiedad y en uso de la SCJN. La extensión del contrato —cuyo cumplimiento requirió 150 millones de pesos— procedió no obstante las observaciones formuladas por la Contraloría de la SCJN por deficiencias en la prestación del servicio.

Los auditores hicieron una revisión de los registros mensuales de asistencia cinco meses —octubre y diciembre del 2021; febrero, abril y junio del 2022) en una muestra de ocho inmuebles del Alto Tribunal. La ausencia de elementos en las Casas de la Cultura Jurídica de Cancún, Mérida, Querétaro y Saltillo no fueron sustituidas por SEICSA. Pero la presentación de elementos con la falta de portación de armas llegó a representar una disminución de hasta 53% del estado de fuerza del servicio durante algunos meses.

El contrato con el Servicio de Protección Federal —por 19 millones de pesos— quedó sujeto a la disponibilidad de los recursos destinados para tales efectos, luego de la asignación presupuestal decretada en la Cámara de Diputados.