DE FORMA DESESPERADA, EL EX GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA INTENTA DESLINDARSE DE LAS ACUSACIONES POR MEDIO DE UN VÍDEO-MENSAJE
MÉRIDA.– La titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, presentó hoy denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley. Como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.
Esas
presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las
Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y
Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos
fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben
pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se
han denunciado a la opinión pública.
“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepcioìn, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupcioìn y la Auditoriìa Superior del Estado de Yucataìn en que cumpliraìn con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
(Cabe señalar que en el marco de estas denuncias, el ex gobernador priista Rolando Zapata Bello mostró desesperación e intentó deslindarse de las acusaciones mediante un vídeo-mensaje que distribuyó junto con sus ex colaboradores y medios afines a través de las redes sociales. En dicho mensaje, el ex mandatario estatal aseguró que su gobierno fue “honesto y de trabajo”, lo que ocasionó que le llovieran las críticas de gente que no le creyó ni una palabra de su elaborado mensaje).
En
este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de
responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y
estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En
ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y
la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la
información que requieran. Es probable también la intervención en estos
procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
El
Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de
manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción,
cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le
marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio
Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los
poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y
Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de
estudiar y juzgar estas irregularidades.
La
titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder
Ejecutivo “brindaraì todas las facilidades para que se lleven a cabo las
diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no
es un asunto poliìtico, sino un tema estrictamente juriìdico resultado
de los procesos de entrega-recepcioìn”.
Otras
de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la
Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación,
Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de
Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y
Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la
Infraestructura Física Educativa (Idefey). También, el Colegio de
Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el
Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital
Comunitario de Peto.