Prohibición que llega tarde

El jueves 19 pasado, el Diario informó que el Consejo Electoral del Estado dio a conocer a las autoridades lo que no deben hacer en la campaña propiamente, mediante las reglas de neutralidad que fueron aprobadas por unanimidad.

Transcribo las reglas para refrescar el conocimiento de los ciudadanos. El gobernador, diputados, magistrados, alcaldes y otros funcionarios no deben: I. Efectuar aportaciones provenientes del erario a partidos, coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por la ley. II. Asistir en días hábiles en horario de labores, a cualquier acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los candidatos a cargos de elección popular.

III. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato. IV. Realizar, durante las campañas y hasta la conclusión de las votaciones, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública, desarrollo social o cualquier otra propaganda gubernamental.

Desde luego entiendo que esas medidas han de tener sustento en la reciente reforma electoral, que establece las nuevas reglas del juego. A mi parecer, se trata de una reforma que “nació” con defectos graves y con incongruencias insalvables. Los principios rectores en materia electoral son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

¿Qué son  los principios rectores? Son la base o fundamento para el desarrollo de cualquier tipo de procedimiento. Son los que marcan la pauta sobre la orientación que debe tener cualquier legislación en determinada materia.

 Entonces si entre los principios rectores está la imparcialidad ¿puede existir ésta cuando el  gobierno del Estado se la pasa repartiendo de modo frenético tinacos, pinturas, computadoras, etcétera.

Me podrán decir que es legal porque la ley establece que la prohibición está enfocada al período de campaña, pero no podrán rebatir el hecho de que este reparto de cientos de millones de pesos vulnera el principio de imparcialidad.

Y más aún si consideramos lo siguiente: a) En el reparto de dádivas, compradas con recursos públicos, participó de modo activo el actual candidato rojo a la alcaldía de Mérida. b) Existen imágenes del suspirante en los portales oficiales realizando esta medida electorera. c) El gobierno del Estado no ha dejado de hacerla de Santa Claus, es decir sigue usando el dinero del pueblo para beneficio de su candidato,  y d) Todos los “apoyos”, llámense laptops, pinturas o tinacos, tienen el logotipo de oficial del gobierno del Estado, mismo que seguirá presente en la miles de casas a donde fueron llevados como una desaseada estrategia de campaña anticipada disfrazada.

Según el último reporte, las pinturas llegaron a 30,000 hogares con una inversión de $45 millones.

Zapata Bello informó que en total se entregarán más de 21,000 tinacos en siete municipios, con un gasto de superior a $26 millones. $59 millones para la entrega de 10,000 computadoras a maestros. Más otras 15,000 laptops destinadas a estudiantes con una gasto superior a los $90 millones. Esto sin contar el establecimiento de comedores, entrega de estufas ecológicas, etcétera.

Échele pluma, sólo entre tinacos pinturas y laptops, el Ejecutivo ya gastó alrededor de $220 millones en programas evidentemente electoreros, aunque lo nieguen. La única forma de salvaguardar el principio rector de equidad, es que esa cantidad se sume al gasto de las campañas de los rojos. De lo contario, de origen, ya está vulnerado este principio hacia un solo lado.