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02 de Junio de 2020

Capital y Estado

El Senador Daniel Ávila solicita investigar a ex funcionarios yucatecos

Este día el Senador Daniel Ávila Ruiz presentó una denuncia ante el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, así como ante la PGR, para que se realice una investigación sobre el presunto fraude cometido por Víctor Edmundo Caballero Durán y Celia Rivas Rodríguez, ambos ex funcionarios públicos del Estado de Yucatán, que afecta a miles de familias yucatecas.

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MÉXICO.– Este día el Senador Daniel Ávila Ruiz presentó una denuncia ante el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, así como ante la PGR, para que se realice una investigación sobre el presunto fraude cometido por Víctor Edmundo Caballero Durán y Celia Rivas Rodríguez, ambos ex funcionarios públicos del Estado de Yucatán, que afecta a miles de familias yucatecas.

Ávila Ruiz explicó que la denuncia presentada ante el INE es para solicitar la investigación y, en su caso, inhabilitar a ambos funcionarios para que ocupen candidaturas a puestos de elección popular.

El motivo de la investigación es porque el ex Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán y actualmente candidato a una diputación plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Edmundo Caballero Durán, presuntamente cometió fraude contra miles de familias yucatecas por más de 500 millones de pesos a través de la empresa denominada “Crecicuentas y/o Hagamos Más”, que son las dos marcas con las que se ostentaban los dueños, Miguel Ángel Argaez Ordaz, Jorge Alberto Argáez López, Miguel Ángel Argáez López, Claudia Rubí Argáez López y Lina Rubí de Guadalupe López Conrado.

En febrero de 2013, familias defraudadas acudieron a las instancias judiciales correspondientes en el Estado de Yucatán, para interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, que en ese momento se encontraba a cargo de Celia Rivas Rodríguez (actualmente candidata a diputada por el Séptimo Distrito estatal Electoral por el Partido Revolucionario Institucional).

Ella manifestó no haber encontrado delito alguno, por lo que turnó los expedientes a la Procuraduría General de la República, rehuyendo proceder contra los delitos de fuero común.

El objetivo de turnar los expedientes a la PGR fue obstruir el avance de la investigación.

El Senador Daniel Ávila Ruiz señaló que ante la falta de respuesta y resultados de las autoridades judiciales de Yucatán, él y sus colaboradores realizaron una puntual recopilación de documentos y de información que permitiera poner en evidencia los nexos de los involucrados y, sobre todo, de los encargados de impartir justicia en el Estado, que en ese momento eran Víctor Edmundo Caballero Durán y su subalterna la Fiscal General del Estado, Celia Rivas Rodríguez.

“Esta investigación está perfectamente sustentada en las copias de los documentos que acompañan esta denuncia, además de que se anexa un video realizado por “Punto de Partida” que conduce la periodista Denise Maerker, donde se explican las irregularidades cometidas, así como copias de todas las actas constitutivas notariadas de todas las empresas usadas para constituir  el  fraude.

Asimismo, contiene informes de organizaciones supervisoras de la CNBV, donde se evidencia a Víctor Edmundo Caballero Durán, como socio y beneficiario de dicha empresa fraudulenta”.

“Quiero subrayar que miles de familias de Yucatán y de Quintana Roo, fueron defraudadas por “Crecicuentas y Hagamos Más”, por más de 500 millones de pesos. Además, los defraudadores también se beneficiaron de un préstamo de la misma empresa por la cantidad de 3 millones 438 mil 748 pesos y otro préstamo de 300 mil pesos”, señaló Ávila Ruiz.

Finalmente, el Senador yucateco externó su apoyo a las familias defraudadas y adelantó que presentará una denuncia ante la PGR por el delito de defraudación fiscal contra Víctor Edmundo Caballero Durán, por sus nexos con integrantes de los defraudadores. Enfatizó “Caballero Durán era accionista, junto con Jorge Alberto Argáez López, lo cual nunca se declaró ante la SHCP, constituyendo delitos de carácter fiscal”.

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