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Congreso

Proponen crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública de Yucatán

Progreso Hoy

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En la sesión ordinaria de este jueves, la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa para crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública estatal, mediante la cual se generaría un sistema de inclusión para los Jefes de Departamento, Coordinadores, analistas y auxiliares del servicio público, misma que fue vista con buenos ojos por diferentes fuerzas políticas.

En la plenaria, también se turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), presentada por Rosa Díaz Lizama (PAN); y la propuesta que reforma el artículo 23 de la Ley de Registro Civil, signada por Luis Aguilar Castillo (NA).

Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo para que el Congreso de Yucatán otorgue un reconocimiento al nadador Carlos Franco Cantón, por poner en alto el nombre de Yucatán, al lograr cumplir la travesía de cruzar a nado libre el Canal de la Mancha.

En otro asunto, los diputados estatales avalaron por unanimidad el Punto de Acuerdo para que con pleno respeto a la autonomía municipal, el Congreso del Estado exhorte a los municipios de Yucatán, para reforzar las estrategias de seguridad a través de la capacitación y evaluación continua de sus elementos policiales, así como de vigilancia y coordinación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener a la entidad con los estándares de seguridad con que se cuente actualmente.

Con referencia a la propuesta de Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública, en tribuna, Luis Borjas Romero (PRI), quien presentó la iniciativa dijo que ésta “proporcionará una estructura institucional, moderna y eficiente, imperativos necesarios para lograr el equilibrio social y regional de Yucatán, para contribuir al incremento de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo”.

Por su parte, Rosa Díaz Lizama (PAN) indicó que a nivel nacional ya se había propuesto dicha iniciativa, con impacto a los entes públicos, estatales y municipales, la cual no fructificó por lo que manifestó apoyaría iniciativa para intentar que en el estado pueda hacerse realidad.

Sobre los despidos a los trabajadores, aclaró que cualquier persona que se sienta violentada tiene derecho a acudir a las instancias correspondientes a interponer su querella.

En el mismo tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que las leyes no están a la medida de uno u otro gobierno, por lo que se trata de tener reglas claras, de brindar certeza al trabajador, porque las demandas laborales incluso perjudican las finanzas públicas, por lo que también se sumó a la iniciativa de Ley.

Milagros Romero Bastarrachea (MC), señaló que se debe verificar caso por caso, con respecto a los empleados de gobierno, porque puede haber injusticias, “por eso es necesario ser objetivos y trabajar en leyes que corrijan estas situaciones”.

Para finalizar, Janice Escobedo Salazar (PRI) reiteró que entre los trabajadores que se han despedido, existen personas de 18 a 25 años de servicio, a quienes no les explican la razón de su retiro o si van a recibir liquidación, por lo que invitó a los diputados a trabajar en la propuesta presentada.

En asuntos generales, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que a los trabajadores despedidos de los ayuntamientos, que se encuentren en un proceso jurídico, se le pague los salarios vencidos hasta en un periodo máximo de 12 meses y, si no ha concluido el procedimiento, se les pague los intereses que se generen, entre otros puntos.

De la misma forma, Paulina Viana Gómez (PAN) entregó una iniciativa, a nombre de su fracción, para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y al Reglamento de la misma norma, para adicionar una atribución a la comisión de Derechos Humanos de esta soberanía: la realización de un análisis del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey).

Además, facultar al mencionado órgano legislativo para que cuando una autoridad acepte una recomendación por parte de la Codhey y ésta no se cumpla, se pueda solicitar la comparecencia de los servidores públicos correspondientes, a fin de explicar los motivos de su negativa o incumplimiento.

En otro tema, Luis Aguilar Castillo (NA) se pronunció en contra de una propuesta nacional de eliminar la educación especial en los planteles escolares, porque dicho programa revolucionó la enseñanza y se debe pugnar para fortalecerla, para atender la igualdad de oportunidades educativas, ya que “educación especial es inclusión”.

En respuesta, Kathia Bolio Pinelo (PAN) señaló que ella es madre de una pequeña con autismo, por lo que mencionó que difiere con el posicionamiento, sin embargo, dijo estar a favor de que los maestros de educación especial deban ser incluidos dentro del sistema regular de enseñanza, dentro de las aulas, con todos los niños, toda vez que ayuda a las niñas y niños con discapacidad a fortalecer la convivencia, pero en especial, la inclusión, porque es discriminatorio que no puedan integrarse a un grupo escolar.

Así mismo, Alejandro Cuevas presentó una Propuesta de Acuerdo, para que el Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos a cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno del Estado y los Municipios, para convocar dentro de los 90 días de su administración, la realización de la elección de comisarios.

La LXII Legislatura también dio a conocer un oficio y una circular de las Legislaturas de los estados de Guerrero e Hidalgo, respectivamente; al igual que convocó la siguiente sesión el próximo lunes 15 de octubre del presente año a las 12 horas.

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Congreso

Diputados reciben terna de candidatos a comisionado del Inaip

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– En sesión de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen que integra la terna de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Transparencia (INAIP).

También, avalaron los criterios y la metodología para la evaluación de la labor del titular de la unidad de control interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Wilberth Salazar Durán, quién solicitó su reelección al cargo.

La terna para comisionado del INAIP se conforma por Manuel Cáceres Medina, Carlos Pavón Durán y Layda Cárdenas Canto; el dictamen respectivo será distribuido a los 25 diputados para su análisis en sesión ordinaria.

Referente a la metodología para la evaluación del desempeño del funcionario del IEPAC, el titular de la unidad de Control Interno deberá entregar a más tardar 60 días naturales anteriores al vencimiento de su nombramiento, la solicitud para continuar un periodo inmediato posterior, currículum e informe por escrito de su gestión a esta comisión; dichos documentos deberán ser distribuidos a los integrantes de este cuerpo colegiado para su análisis.

Además, deberá comparecer en el seno de dicha comisión para resolver dudas sobre el informe de gestión presentado y evaluar el desempeño del mismo según los criterios establecidos; por último, el cuerpo colegiado deberá emitir un dictamen respecto de la solicitud para continuar con un periodo inmediato posterior, en la que deberá proponer, en su caso, su continuidad en el cargo.

Reconocimiento “Pánfilo Novelo”

Por su impulso y promoción de la medicina tradicional, Francisca Moo Yah será la recipiendaria del Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín”, al aprobar por unanimidad el dictamen que la acredita como galardonada, por parte de los integrantes de la comisión de postulación.

Igualdad de Género

La comisión de Igualdad de Género sostuvo una reunión con representantes de organizaciones civiles y de la administración pública municipal y estatal, en la cual acordaron realizar tres mesas de trabajo denominadas: Legislativas, de Transversalidad y de Prevención y Educación.

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Capital y Estado

Aprueban en comisión el paquete fiscal para Mérida

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se aprobó por mayoría la Ley de Ingresos 2019 y las reformas a la Ley de Hacienda del municipio de Mérida, al igual que se distribuyó la iniciativa del PRI para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, a solicitud de Warnel May Escobar (PRI).

Sobre la Ley de Ingresos, Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que no se ve reflejado el impuesto vinculado al Aeropuerto de Mérida, así como en el rubro de participaciones y aportaciones que fue establecido en tasa cero.

En respuesta, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) aclaró que los municipios tienen libertad hacendaria y ellos tienen la facultad de poder decidir estos temas; además, señaló que las observaciones al dictamen, por parte de los diputados, debieron realizarse antes de la sesión para su votación, como se acordó en sesión previa del cuerpo colegiado.

Así mismo, Rosa Díaz Lizama (PAN) recordó que no sólo Mérida establece una tasa cero en este rubro, considerando que no se sabe cuánto recurso federal llegará a los municipios, por lo que es una previsión económica en sus cabildos.

Referente a las reformas a la Ley de Hacienda de Mérida, Díaz Lizama mencionó que no se aumentaron impuestos y en el caso del predial, se ajustó a lo que permite la ley, además de que dicho ayuntamiento anunció que los contribuyentes que paguen este gravamen en el primer mes de 2019 serán acreedores a un seguro contra robo e incendio para su casa.

Al distribuirse la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal, Sánchez Roca expresó que con esta acción no se inicia el proceso legislativo de este asunto, porque se trata de un tema que deberá ser abordado en comisiones conjuntas, con la de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como exhortó a la Secretaría General para que esta situación no vuelva a suceder, para no estar por encima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.

Ante ello, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI) recordó que el proceso legislativo comienza cuando la Mesa Directiva turna una iniciativa a una o más comisiones y dijo que en ninguna parte de la ley citada establece que se tiene que sesionar conjuntamente para distribuir la propuesta.

Citando el artículo 40 de la norma referida, declaró que tendrán que sesionar y dictaminar conjuntamente para estos casos; al leer el artículo 139, para hacer entrega de las iniciativas, el expediente será turnado íntegro por el presidente de la Mesa Directiva a las comisiones que correspondan y el presidente de la primera comisión nombrada será quien presidirá y conduzca las sesiones, “lo que se solicitó es que los integrantes de esta comisión recibieran esa información”.

Díaz Lizama, señaló que el artículo 74 del reglamento del Poder Legislativo, en su segundo párrafo, establece que la comisión o comisiones que tengan a su cargo dictaminar algún asunto tendrán un plazo de 45 días hábiles, contados a partir de que se distribuya de manera oficial en sesión de comisiones y, de no ser posible la aprobación en este plazo, el presidente del cuerpo colegiado podrá solicitar una prórroga hasta por un término igual.

Las iniciativas turnadas a una comisión deberán ser distribuidas en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de su recepción, “esto clarificando la postura que el presidente (de la comisión) acaba de emitir”; para lo que Cervera Hernández manifestó que sólo determina tiempos límite, pero no prohíbe la distribución de la iniciativa, que fue lo que se solicitó, además de que aclaró que nadie estaba acusando al presidente de esta comisión de retrasar el proceso legislativo o estar actuando en contra del tema de la iniciativa.

Para finalizar, Sánchez Roca mencionó que nunca se había dado este caso en pasadas legislaturas, “siempre había sido en comisiones unidas”

Comparecen candidatos a comisionado del INAIP

En reunión de trabajo de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, comparecieron los diez candidatos a ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), donde expusieron sus motivos para aspirar al puesto y respondieron preguntas de los diputados.

Acercar el instituto a la ciudadanía, capacitación a la sociedad y sujetos obligados, hacer uso de las tecnologías de la información y difundir las actividades del organismo, fueron las principales y opiniones comunes de los aspirantes a ser parte del Inaip.

Al presentarse los candidatos en el orden como fueron inscritos en la oficialía de partes del Congreso estatal, Enrique Sosa Mendoza señaló que agilizaría los procesos para el acceso a la información con instrumentos y metodologías, simplificando pasos con tecnología y acercamiento a la sociedad.

Manuel Cáceres Medina propuso tres ejes: Gobierno Abierto, Gobierno Incluyente y fortalecimiento de la rendición de cuentas y la fiscalización, todos con transparencia, colaboración y participación; así mismo, Víctor Quijano Durán informó que son escasas las solicitudes de la ciudadanía hacia el Inaip, por lo que proyectó abrir y extender los brazos de la transparencia hacia la sociedad.

Doris Candila Echeverría, indicó que buscará la vinculación desde las dependencias, trabajando de forma vinculada con las unidades de transparencia de las mismas; en el mismo sentido, Edgar Escalante Centeno propuso alianzas y convenios con ayuntamientos para que realicen un diagnóstico oportuno, porque son los que siempre tienen faltas.

Aldo Ojeda Ruiz, proyectó mayor capacitación y especialización para el Inaip, los servidores públicos y la sociedad en general, así como invertir y desarrollar herramientas tecnológicas; Germán Rivas Coral declaró que brindaría acciones para el desempeño público, redoblar esfuerzos de capacitación y practicar el gobierno abierto con lenguaje ciudadano.

Carlos Pavón Durán, expresó que se debe reducir los tiempos de respuesta de los sujetos obligados para brindar la información que los ciudadanos requieren, además de invertir en materia de transparencia y protección de datos personales.

Ligia Aguayo Rosado, abogó por la inclusión del instituto para que llegue la información a todos los sectores de la sociedad y que ésta siga participando; por último, Layda Cárdenas Canto, sugirió que se pueda hacer una recomendación a las instituciones públicas, para que los encargados de sus unidades de transparencia permanezcan, aun cuando cambien las administraciones, porque ya están especializados en la materia.

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Congreso

Aprueban en comisión modificaciones a Ley del Insejupy

Progreso Hoy

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En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se aprobó por mayoría el dictamen para modificar la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que cambia los lineamientos para ocupar el cargo de director general y otras jefaturas.

Las propuestas técnicas para este dictamen fueron retomadas de la iniciativa de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) con observaciones del presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández, para lo cual, también fue aprobado por mayoría desechar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal; no obstante, se solicitó el dictamen respectivo para ser votado en próxima sesión del cuerpo colegiado.

Díaz Lizama, aclaró que “al ser aprobado previamente la modificación del artículo 212 fracción II y dando pie a complementar la iniciativa del gobierno estatal, es por ello que votamos que se deseche, porque se salva el fundamento que se hizo y además se complementa con ciertos candados para las direcciones del Insejupy”.

Las reformas son al artículo 212, fracción II, que indica que para ser director general del instituto, se requiere ser abogado o licenciado en derecho con título y cédula profesional legalmente expedidos, cuando menos, cinco años antes de la fecha del nombramiento, o bien, en caso de contar con experiencia mínima de cinco años, anteriores a la fecha del nombramiento en materia de administración pública, en las áreas registral y/o catastral, ser profesionista con título y cédula profesional.

Además, el artículo 228 bis, que establece que para ser designado director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá contar con título y cédula profesional de abogado o licenciado en derecho, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años.

Así mismo, el artículo 228 ser, determina que para ser director del Archivo Notarial deberá ser aspirante a notario público o notario público con licencia; por último, el artículo 228 cuater, para ser titular del Catastro del Estado, deberá contar con título y cédula profesional de Ingeniero, Arquitecto, Topógrafo o carrera afín a los objetivos generales del Catastro, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años y contar con experiencia acreditada en las áreas de cartografía, valuación inmobiliaria y en sistemas de información catastral.

Sobre el tema, Silvia López Escoffié (MC) argumentó que votará a favor en lo general pero en contra en lo particular, cuando se trate el tema en sesión ordinaria del pleno, con el posicionamiento respectivo a sus motivos.

En contraparte, Miguel Candila Noh (Morena) declaró que en lo particular lo discutirán en el Pleno, pues en el tema del director general, dijo que deja abierto a que el titular sea un profesionista, de cualquier área.

De la misma forma, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que revisará con detenimiento estas modificaciones y dará su punto de vista en el pleno “pero yo creo que no deben ser dos pesas y dos medidas”.

Por último, se distribuyó la iniciativa de reformas a la Ley de Gobierno y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado, a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y al reglamento interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, presentada por los diputados Alejandro Cuevas y Warnel May Escobar (PRI).

La presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI) solicitó a la Secretaría General elaborar el proyecto de dictamen para su discusión en la siguiente reunión y aclaró que estará abierto el tema para las propuestas y observaciones de los diputados integrantes.

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