PROGRESO.– La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó en este puerto un cargamento de 32 mil bolígrafos “pirata”, imitación de los originales de la marca Bic.
El decomiso se efectuó el 2 de agosto de 2014, aunque fue hasta hoy 28 de junio de 2016 que la PGR informó del caso, al informar que se obtuvo el auto de formal prisión en contra del importador de las plumas “pirata”.
En un comunicado, la PGR detalla que el auto de formal prisión se obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en contra del representante legal de la empresa Comercializadora G. Cantón, S.A. de C.V., quien realizó la importación de los bolígrafos, los cuales fueron asegurados en el puerto de Progreso gracias a la denuncia que la empresa Bic Corporation interpuso por violación a la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.
De acuerdo a la causa penal, el pasado 2 de agosto de 2014, mediante una denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa “Bic Corporation”, con sede en Connecticut, EE.UU., señalando la detección de un contenedor GVCU4011309, al interior de la Aduana de Puerto Progreso, con la cantidad de 32 mil piezas de bolígrafos que ostentaban el diseño del registro de la compañía en mención.
Cabe señalar que los bolígrafos, fueron reproducidos, falsificados, almacenados, introducidos a la nación y trasportados sin autorización correspondiente. Dicha mercancía tenía como país de origen “República Popular de China” y como país de destino “México”.
Con base a los elementos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público de la Federación en contra del ahora procesado, quien fungía en su carácter de representante legal de la “Comercializadora G. Cantón, S.A. de C.V.”, siendo él, quien contrató dicho contenedor que introdujo en forma dolosa y con fin de especulación comercial, los objetos que ostentan falsificación de la marca propiedad de la empresa querellante.
La Autoridad Jurisdiccional, decretó auto de formal prisión contra el ahora procesado, el cual se encuentra en el Centro de Reinserción Social, ubicado en la ciudad de Mérida, donde enfrentará su situación jurídica.