El senador Daniel Ávila denuncia ante la ASF y SFP destino de recursos entregados al Inaes

MÉXICO.– En la sesión del pasado miércoles 20 de mayo, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio, en la sede del Senado de la República, un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría para conocer el destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) en el estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014.

Asimismo, presentó un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de su competencia, investigue las actividades del delegado del Inaes en Yucatán, por el posible uso indebido de atribuciones.  

El Senador Daniel explicó que en meses pasados, después de diversas denuncias ciudadanas, se constató, mediante documentos del propio Órgano Interno de Control en el Inaes, que existen proyectos ingresados al Programa INTEGRA, promovidos por familiares del Delegado de ese instituto en el Estado de Yucatán, Carlos Daniel Salomón Barbosa, y cuyos recursos autorizados no fueron destinados al cumplimiento del proyecto, sino que fueron presuntamente entregados al delegado.

Indicó que existe la presunción de irregularidades y responsabilidad por parte de autoridades que, valiéndose de su cargo, han utilizado los recursos de los programas autorizados por el Inaes para fines personales.  

“Este es uno de tantos casos de desvío de recursos que no sólo se cometen en la Delegación Yucatán del Inaes, por lo que resulta necesario priorizar la fiscalización de los programas y proyectos que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Economía Social”, exigió el legislador yucateco.

Concluyó diciendo que, en el marco de la aprobación por parte de las legislaturas estatales del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, estas solicitudes permitirán reforzar la vigilancia en la asignación y ejercicio de los recursos públicos federales.