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Gobierno Federal

Clausura Profepa obra ilegal en San Felipe

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró, de manera total temporal, una superficie total de 2 mil 500 metros cuadrados (m2), correspondiente a dos predios ubicados dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en el Municipio de San Felipe, estado de Yucatán, por afectación a humedales.

Inspectores de la PROFEPA en la entidad, en colaboración con la Policía Federal y elementos de la Secretaría de Marina, en recorrido de inspección y vigilancia, detectaron ambos predios donde observaron afectación en una superficie de 500 y dos mil m2, respectivamente, con vegetación característica de ecosistema de humedal.

En dichos predios se detectó la eliminación de especies listadas en la norma oficial mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010, como son: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), efectuada mediante la corta y tala de ejemplares de esta especies; además, de ocasionarse la fragmentación de su hábitat.

Asimismo, en el predio de 500 m2 se constató la existencia de relleno del humedal con material pétreo y residuos sólidos (basura); mientras que, en el segundo de los predios, de dos mil m2, se detectó la descarga de aguas residuales; actividades realizadas sin autorización federal en materia de impacto ambiental.

Por lo anterior, con el fin de evitar que se continúen realizando afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se determinó imponer, como medida de seguridad, la clausura total temporal en los predios inspeccionados.

El ANP, de competencia federal, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, fue declarada en junio de 1999; se ubica en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el estado de Yucatán, con una superficie de 60,347-82-71 hectáreas, el cual constituye el primer sistema de humedales mexicano inscrito en la lista de Sitios de la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR).

Es importante señalar que conforme a la LGEEPA las obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, requieren la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT y que el incumplimiento de esta obligación se sanciona con multa de entre 30 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización.

La Legislación Penal Federal establece, por su parte, una pena de 2 a 10 años de prisión a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos; la que se incrementa con dos años, cuando las conductas se realizan en un ANP.

La PROFEPA continuará con la sustanciación del procedimiento administrativos hasta la emisión de la resolución en la que se determinará la imposición de sanciones que correspondan para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Este texto fue editado por el equipo de redacción de ProgresoHoy.com. Colabora con nosotros enviando reportes, quejas ciudadanas, o noticias a nuestras redes sociales, escribe a nuestro correo [email protected], o envía mensaje, fotos o vídeos a nuestro WhatsApp al número 9991-501547.

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Gobierno Federal

Clausura Profepa depósito de chatarra en Mérida

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– La Procuraduría al Federal de Protección Ambiente (Profepa) clausuró un establecimiento de chatarra ubicado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde se detectó el almacenamiento de residuos peligrosos por no contar con el manejo adecuado, lo que representa un riesgo de contaminación.

Derivado de las labores de investigación de la Profepa, personal de la dependencia realizó una visita de inspección al establecimiento mencionado, ubicado en la colonia Miraflores de la ciudad de Mérida.

En el lugar se detectó el almacenamiento de acumuladores de vehículos automotores que contienen plomo, los cuales constituyen residuos peligrosos.

Durante la visita de inspección se documentó que el almacenamiento de los residuos peligrosos se realiza sin utilizar los protocolos de manejo adecuado, ya que dicho material no cuenta con un área de almacenamiento que cumpla con las condiciones necesarias para evitar posibles derrames, como muros de contención; además de que no se encontraban debidamente identificados, clasificados y agrupados.

Asimismo, el inspeccionado no presentó documentación alguna relativa al cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tales como el registro como generador, su autocategorización, transporte y la bitácora de almacenamiento, o los manifiestos de entrega-recepción para la disposición final de los mismos.

El inspeccionado señaló durante la visita que los residuos peligrosos los reciben desde hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece expresamente la prohibición de almacenar por más de 6 meses dichos residuos, debido al riesgo que representa su almacenamiento por más tiempo.

Por todo lo anterior, en virtud del riesgo que representa el manejo indebido de los residuos peligrosos encontrados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la LGPGIR, se realizó la clausura total temporal del sitio inspeccionado.

Cabe señalar que el artículo 31 de la LGPGIR establece en su fracción IV, que los acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo son residuos peligrosos.

La Profepa continuará con la sustanciación del procedimiento administrativo respectivo hasta la emisión de la resolución en la que se determine la imposición de las sanciones que correspondan para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

La multa por violaciones a lo establecido en la LGPGIR corresponde al monto equivalente que va de 20 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto por el artículo 112 fracción V de dicha Ley.

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Gobierno Federal

Abuchean a López Obrador en la inauguración del estadio de los Diablos (VÍDEO)

Progreso Hoy

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MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador fue abucheado este día por los asistentes a la inauguración del Estado de los Diablos Rojos del México. El mandatario se defendió y acusó a sus detractores como “la porra del equipo fifí”.

El rechazo del público en contra del presidente fue percibido por el mismo mandatario, quien al tomar el micrófono para dar un discurso de inauguración del inmueble prefirió “no hablar mucho”, ante tal situación.

López Obrador estuvo en Ciudad Deportiva de la Alcaldía Iztacalco, para encabezará la inauguración del estadio de los Diablos Rojos del México, que lleva el nombre del empresario Alfredo Harp Helú, quien también estuvo en la ceremonia, y quien no fue blanco de abucheos, detalla Eje Central.

El estadio, con capacidad para más de 20 mil personas, se encontraba completamente lleno, por lo que el mal recibimiento hacia López Obrador causó sorpresa en el presidente y sus acompañantes.

De acuerdo con información de los Diablos, la construcción de esta nueva casa inició en 2015 y tiene espacio para recibir a 20 mil 813 aficionados en tres niveles.

En el marco de la inauguración se programó un partido de exhibición entre los Diablos Rojos y un equipo de Padres de San Diego, y botargas de los Diablos Rojos del México recibirán a los aficionados en la explanada para tomarse la fotografía del recuerdo.

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Gobierno Federal

Gobierno de México se disculpa tras el asesinato de dos jóvenes a manos del Ejército

Progreso Hoy

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MÉXICO.– El Gobierno de México ofreció una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes murieron hace nueve años a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León.

A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que resultaron muertos los jóvenes.

Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado se compromete a garantizar la reparación integral del daño…, así como a implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los padres por reivindicar la memoria y el honor de sus hijos, afectada por las falsas imputaciones hechas por las autoridades y por la alteración de la escena de los hechos para hacerlos parecer criminales.

Mientras tanto, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, comentó que Jorge y Javier “no eran delincuentes, eran estudiantes y no merecían ni debían morir en las circunstancias y condiciones en que lo hicieron”.

A nueve años de los hechos, aún no se deslindan responsabilidades por la muerte de ambos jóvenes, asesinados en marzo de 2010 al interior de las instalaciones de la universidad.

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