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Congreso

Diputados aprueban en comisión actas de nacimiento gratis para trámites escolares

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad cuatro dictámenes referentes a otorgar actas de nacimiento gratuitas con una leyenda que indique que son para trámites escolares, otro para dispensar la lectura de las actas de sesiones, así como dos más sobre límites territoriales entre Mérida-Kanasín y Kanasín-Umán.

Los diputados avalaron crear el artículo 23 bis a la Ley del Registro Civil del Estado, para que los yucatecos puedan solicitar un acta de nacimiento gratuita que pueda ser utilizada para trámites escolares, con una leyenda que las identifique, beneficio que entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2020.

Rosa Díaz Lizama (PAN), aclaró que no era conveniente que entre en vigor este año, debido a las proyecciones presupuestarias establecidas en el paquete fiscal 2019 del Estado, por lo que solicitó que entre en vigor hasta el próximo año, que fue respaldada por legisladores de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el PRI.

En la discusión del tema, Milagros Romero Bastarrachea (MC) propuso que sea solo para trámites en escuelas públicas y Luis Borjas Romero (PRI), manifestó que deberían ser solo para el periodo de inscripción, según el calendario escolar oficial.

En respuesta, el impulsor de la iniciativa, Luis Aguilar Castillo (NA) indicó que sería mejor que se aplicará para todo el año porque los trámites en las escuelas varían según el nivel de estudios, al igual que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI) indicó que no se debería excluir a las escuelas privadas, porque en municipios existen de nivel preescolar con costos accesibles y, en otro punto, hay alumnos que son becados.

En su turno, Alejandro Cuevas Mena (PRD) propuso dos artículos transitorios más para que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación realice una intensa campaña en los 106 municipios para darle la mayor publicidad a este nuevo beneficio y para que el Registro Civil presentará una reglamentación para regular la emisión de estas actas, mismas que deberá conocer esta Soberanía a través de la Comisión permanente mencionada; propuesta que fue desechada por mayoría.

En el segundo dictamen, la comisión permanente avaló modificar el artículo 65 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, promovida por la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), para que la síntesis del acta de las sesiones ordinarias sea enviada a los correos institucionales de los diputados, cuando menos, el día anterior a la siguiente plenaria, sea incluida en el sistema electrónico en la sesión que deba ser sometida a votación y no se le dará lectura, salvo que lo solicite algún legislador.

Esto último a propuesta del diputado Cervera Hernández y dicho decreto entrará en vigor en un plazo de 60 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial del Estado.

De la misma manera se aprobó por unanimidad, el oficio relativo a la determinación de límites territoriales jurisdiccionales de los municipios de Kanasín y Umán, así como el oficio de reconocimiento y determinación de límites territoriales jurisdiccionales entre Kanasín y Mérida.

Las y los diputados Rosa Díaz Lizama, Felipe Cervera Hernández, Milagros Romero, Miguel Candila Noh (Morena) y Enrique Castillo Ruz (PRI) recalcaron que esta determinación fue por parte de los cabildos de dichos ayuntamientos, que debe ser respetado por la autonomía de los municipios y que fue resultado de un proceso de dos años para dar fin a un problema añejo entre comunidades.

Alejandro Cuevas, señaló que con estos acuerdos no se llega a resolver los problemas en su totalidad porque se deberá conocer las opiniones de los vecinos de los fraccionamientos y las colonias del área.

Por otro lado, también se entregaron fichas técnicas y cuadros comparativos para continuar con el análisis de los siguientes documentos: la iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Participación Ciudadana, suscrita por la fracción de Movimiento Ciudadano; la iniciativa para modificar la Constitución del Estado, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública (CAPY), signada por las diputadas del PAN.

Las iniciativas por la que reforma y adiciona el CAPY, presentada en la pasada legislatura, así como la que reforma la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, su reglamento, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y el Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, propuesta por Alejandro Cuevas Mena (PRD) y Warnel May Escobar (PRI).

Además, la iniciativa para reformar y adicionar al artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de la bancada de MC; la propuesta para reformar la fracción II del artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, suscrita por Víctor Sánchez Roca (PAN); la iniciativa para reformar el artículo 75 de la misma norma mencionada y los artículos 16, 19 y 20 del Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, signada por la fracción del PAN.

UVE
Momentos antes, en comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación (UVE) de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), Jonathan García Ramírez, presentó su plan de trabajo a los integrantes del cuerpo colegiado y dio a conocer las funciones de este organismo.

García Ramírez, indicó que la UVE es una parte técnica, cuyo origen no es una ocurrencia porque tiene el objetivo de apoyar a la Comisión permanente mencionada, además de que no cuenta con autonomía presupuestal y no maneja recursos, ya que son otorgados por el mismo Congreso del Estado.

Agregó, que se creó un plan de trabajo atacando los procesos sustantivos para hacer 12 revisiones que finalizará con un informe que se proporcionará a dicho cuerpo colegiado, al igual que adelantó que para estos detalles se reunirá con el titular de la ASEY, Mario Can Marín, quien también estuvo presente en el encuentro.

De la misma manera, el titular de la UVE informó que trabajará con cuatro objetivos torales como es la mejora institucional, el fortalecimiento del marco normativo, la prevención y el combate a la corrupción, además con transparencia y vinculación efectiva con la sociedad.

El diputado Manuel Díaz Suárez (PAN), señaló que esta es una oportunidad para decirle a la sociedad que se está avanzando en materia de transparencia, por lo que solicitó que se gestione que el Congreso local difunda los avances que se obtengan, porque la Unidad asesorará la labor de la comisión.

Luis Aguilar Castillo, mencionó que la UVE no es solo una figura administrativa, sino que es útil, por lo que sugirió que quieren ver resultados, incluso teniendo otras reuniones, para luego hablar de un presupuesto acorde a sus alcances.

Rosa Díaz Lizama, reiteró que la Unidad se crea para auditar a la ASEY y no tiene incumbencia para auditar municipios o el estado, por lo que su trabajo es con esta comisión, además solicitó que sea transparente sobre la asignación de los cuatro espacios que se van abrir: dos jefes de departamento y dos auditores; en especial, cuando se vaya a presentar la convocatoria pública de estos dos cargos.

En respuesta, el presidente de la comisión, Alejandro Cuevas manifestó que la convocatoria para ello se tendrá que modificar, por los temas presupuestales, porque hasta el momento la UVE no ha recibido un peso y se habilitará una oficina en el recinto del Poder Legislativo, así como explicó que su labor no es meter a la cárcel a nadie, sino que se trata que no haya corrupción, por lo que podrá hacer y recibir denuncias, incluso por parte de la ciudadanía.

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Congreso

El diputado Luis Borjas propone sanciones por hacer mal uso de los números de emergencia

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Con la finalidad contar con una procuración eficaz y eficiente del servicio que presta la Secretaría de Seguridad Pública en su número de emergencia telefónica, el diputado Luis Borjas Romero, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que propone sanciones a todo aquel que haga uso de forma irresponsable del número 911.

El legislador señaló que las sanciones deberán ser establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y que las multas irían de cincuenta a cien unidades de medida y actualización o con arresto de 24 a 36 horas.

La iniciativa pretende que deje de llevarse al cabo la mala práctica de algunos ciudadanos de utilizar para bromas el número de emergencia, entorpeciendo el servicio de atención de los cuerpos de seguridad, pues el tiempo que aplican en atender a una llamada falsa, puede originar un retraso en la atención a una emergencia real.

“Buscamos sancionar a aquellos que mediante una llamada o a través de los instrumentos tecnológicos, se comuniquen a los sistemas de emergencia para dar un aviso falso de alerta, solicitud de auxilio, ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, personal de Protección Civil o elementos de seguridad pública. Debemos generar conciencia en la población yucateca del buen uso y aprovechamiento de estos sistemas, que al final se traducen en un beneficio para la misma ciudadanía”, señalo Borjas Romero.

El diputado dijo que con esto, Yucatán se suma a la tendencia nacional contra el mal uso de los servicios de emergencia, donde la mayoría de las entidades ya contemplan sanciones dentro de sus marcos jurídicos.

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Congreso

Yucatán contará con Fiscalía Anticorrupción

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MÉRIDA.– A fin de dotar de autonomía suficiente a las instituciones que trabajan para combatir la corrupción en el estado, el Gobernador Mauricio Vila Dosal puso hoy a consideración del Congreso de Estado la iniciativa para elevar al rango de Fiscalía la actual Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en donde se investigarán y perseguirán los delitos en este tema, de manera que Yucatán dé cumplimiento a lo previsto en los tratados internacionales.

Esta propuesta del titular del Poder Ejecutivo contempla que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuente con un presupuesto propio, autonomía técnica y de gestión total a partir de 2020, con lo que cumple un compromiso de campaña en esta materia para prevenir y detectar oportunamente los actos de corrupción y sancionar tanto a los funcionarios que incurran en estas prácticas como a los particulares que las alienten.

Lo anterior tiene la finalidad de ponerle un alto a esta problemática que obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo, causado por desvíos de recursos que merman las finanzas gubernamentales e impide la llegada de beneficios a la ciudadanía.

Luego de que el mandatario informara hace unos días que la iniciativa se haría llegar antes de finalizar este mes, que concluye hoy domingo, la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra y el consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, realizaron la entrega formal ante el Congreso del Estado, recibida por el secretario general de la actual legislatura, Martín Chuc Pereira.

Lo anterior hace valer el compromiso total del Gobernador Mauricio Vila Dosal para mantener un ambiente seguro en el estado a través del combate a la corrupción, fenómeno social que impide el desarrollo sostenible cuando se hace uso arbitrario del poder público en beneficio privado.

Además, mediante la creación de este órgano autónomo, que colocaría a Yucatán a la vanguardia en el cumplimiento de los tratados y recomendaciones internacionales, Vila Dosal refrenda su convicción de la importancia de contar con instituciones sólidas, totalmente independientes y que posean la capacidad de ejecutar libremente sus actos sin estar sujetas a uno de los poderes que deben investigar.

Entre los puntos que comprende esta iniciativa, se propone que se adicione un artículo a la Constitución local, en el que se reconozca la identidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además hace hincapié en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que serán transferidos de la Vicefiscalía a la nueva entidad.

En tanto se llevan a cabo las transferencias, la Fiscalía Especializada podrá continuar utilizando los espacios y recursos de la actual Vicefiscalía, con el fin de no parar sus funciones y de velar que nadie haga uso indebido de los recursos públicos.

Este es un paso importante para Yucatán en materia de combate a la corrupción, que es uno de los principales ejes de trabajo del Gobernador Mauricio Vila Dosal para ofrecer un gobierno eficiente y transparente que trabaje y otorgue resultados para el bien de todos sus habitantes.

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Congreso

El titular del INAIP rindió su informe anual ante el Congreso de Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), Aldrín Briceño Conrado, propuso tres modificaciones legislativas para perfeccionar el trabajo del organismo, durante la rendición y entrega del Informe Anual de Actividades 2018 del INAIP.

En sesión ordinaria, el acto estuvo presidido por el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Enrique Castillo Ruz (PRI); el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI); el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia; así como el Consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, en representación del Gobernador, Mauricio Vila Dosal.

En la máxima tribuna, Briceño Conrado propuso modificar el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para que los nuevos Consejeros designados por esta soberanía duren en su encargo cuatro años, siendo de esta manera, mayor el tiempo para enriquecer con su experiencia y conocimiento como órgano garante.

En segunda instancia, solicitó que se modifique las normas pertinentes para evitar disminuciones presupuestarias al órgano garante de la defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública y los datos personales, para garantizar estas premisas.

De la misma manera, el titular del INAIP manifestó que están en toda la disposición para trabajar en una Ley del Sistema Estatal de Archivos, “que refleje, además de la técnica archivística, nuestra idiosincrasia en el cuidado y la conservación de la gestión documental”.

Por otro lado, resaltó que más personas están interesadas en conocer la información pública, ya que en 2018 se presentaron 12,883 solicitudes, 17% más que en 2017, siendo el Poder Ejecutivo con mayor porcentaje de requisiciones, representando el 51% del total, seguido por los ayuntamientos (28%) y los organismos autónomos (10%).

No obstante, el presidente del organismo reveló que los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2018, que revisó entre 159 sujetos obligados, sorteados para el proceso, se registró que 114 publicaron la información generada ese año y 45 no publicaron ninguna información, siendo en su mayoría ayuntamientos.

Además, continuó, se recibieron 117 denuncias ciudadanas contra 63 sujetos obligados por posibles incumplimientos a las obligaciones, representando un incremento de casi 6 veces más que en 2017, “una muestra más del incremento del interés social en la consulta de la información pública”.

Para finalizar, Aldrín Briceño señaló que ya son 15 años de trabajo del INAIP en los cuales, además de seguir promoviendo los derechos que nos han sido encomendados e impulsar las necesarias acciones en materia de archivos, se generan temas tan interesantes como la transparencia proactiva y el modelo de gestión de Gobierno Abierto.

“Hemos ido aprendiendo juntos estos años sobre esta nueva manera de conducirnos en la vida pública, que abona a una cultura de honestidad y combate a la corrupción, y sin duda, seguiremos juntos en este camino, que falta por recorrer, pero habremos de redoblar esfuerzos que respondan a las demandas del ciudadano, con honestidad y ética”, enfatizó.

Iniciativas

En asuntos generales, Milagros Romero Bastarrachea (MC) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Adopciones del Estado, con la intención fundamental de procurar que todo niño, niña o adolescente que ha sido abandonado, que no tiene una familia o que no cuenta con una persona responsable legalmente de su buen desarrollo, tenga mayores y mejores oportunidades de vivir en un entorno familiar y se sobreponga al estado de indefensión en el que corre riesgo su integridad física y psicológica.

Lo anterior, continuó, porque en 2018 solamente 12 menores fueron integrados a una familia, según datos de la Procuraduría del Menor y la Familia del Estado, considerando que existen 400 solicitudes de matrimonios y personas solteras que tienen la intención de adoptar, pero el largo proceso y la falta de coordinación entre las autoridades, dan como resultado muchos años de espera en los que el menor puede ya gozar de una familia plena y un desarrollo humano totalmente garantizado que la propia figura de adopción proporciona.

“En Yucatán la adopción ya no es un tabú, sino todo lo contrario, pues actualmente el Estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en integrar a niños a una familia.

Sin embargo, hay una realidad cruda y difícil de ocultar: la de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años que han pasado su vida dentro de un albergue, que no han podido tener padres, sobre todo los menores que sufren alguna discapacidad. Ellos han perdido la esperanza de ser adoptados, a pesar de que la mayoría de esta lista ya están preparados psicológica y emocionalmente para reintegrarse a una familia”.

Agregó, que iniciativa de ley es una medida legislativa que tiene como objeto esencial garantizar ese interés en materia de adopción, partiendo de la responsabilidad que tienen como legisladores para verificar que se proporcionen los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para el desarrollo integral infantil en un contexto familiar.

“Somos una legislatura que está haciendo historia en muchos aspectos, ¿Por qué no hacer historia en este tema?, un tema tan noble que necesita de nuestro apoyo”.

A esta iniciativa, se suscribieron diputados y diputadas de otras fracciones legislativas.

En su turno, Janice Escobedo Salazar (PRI) también presentó una iniciativa para incorporar el concepto de violencia digital a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para definirla como “la cometida a través del uso de las tecnologías de la información, como internet, telefonía móvil, comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos; que, de manera directa o indirecta, atente contra la imagen, intimidad, honor, seguridad o integridad”.

De igual forma, propone que se contemplen dentro de la citada norma, diversas herramientas para las autoridades, a fin combatir este tipo de conductas que tanto agravian, no sólo a las mujeres sino a la sociedad en general, porque por cualquier tipo de ataque a la mujer, tarde o temprano tendrá consecuencias en generaciones futuras.

En temas similares, Silvia López Escoffié (MC) recordó el feminicidio de Emma Gabriela Molina Campos, por parte de dos sicarios, hace dos años, para honrar su valor, integridad, tenacidad, congruencia, alegría por vivir, deseos de superación y ejemplo de vida en familia.

En la plenaria de este miércoles, también se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa que adiciona el artículo 68 bis, modifica los artículos 70 y 70 bis, todos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, presentada por Alejandro Cuevas Mena (PRD); así como se dieron a conocer circulares de las Legislaturas de Tabasco y Zacatecas.

Por último, se convocó a la siguiente sesión el próximo miércoles 3 de abril del año en curso a las 11 de la mañana.

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