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15 de Septiembre de 2019

#E/2018

Alcaldes rendirán protesta el 1 de septiembre en sesiones solemnes

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– El próximo sábado 1 de septiembre tomarán posesión los 106 alcaldes que fueron electos el pasado 1 de junio en sesiones solemnes de Cabildo, donde el titular rendirá la protesta constitucional y acto seguido se la tomarán a los demás regidores.
En el caso de Mérida la ceremonia está programada para el sábado a las 19:00 horas en los bajos del Palacio Municipal. Los demás municipios tienen programado en diferentes horarios sus tomas de protesta, aunque la mayoría serán por la tarde-noche.
En Progreso, el ahora panista Julián Zacarías Curi rendirá protesta en los bajos del palacio municipal a las 21 horas. Para el evento, el edil se adelantó y con la autorización del actual Cabildo, procedió a pintar de azul el palacio municipal, así como colocar luminarias azules para que el edificio luzca con nueva imagen.
Previamente, el viernes se recibirán las instalaciones de todos los Ayuntamientos, así como las propiedades y los recursos de manos de los salientes.
También será la primera ocasión en Yucatán que en 10 municipios no cambiarán las autoridades, sino que seguirán siendo las mismas en lo que fue la primera reelección seguida en México.
Antes, un político podría reelegirse como alcalde, pero debía esperar a que pasara un período para volver a aspirar a la candidatura. Luego de las reformas electorales constitucionales, ya pueden continuar con el mandato de manera seguida y sin necesidad de pedir licencia.
Estos casos ocurrieron en 10 municipios, de los cuales seis son priístas: Diego Lugo Interián, en Sucilá; Pedro Yah Sabido, Tahdziú; Liliana Araujo Lara, Tekantó; Roger Cimé Mis, Chankom; Israel Palma Santos, Yaxcabá, y Guadalupe Canto Ale, en Chicxulub Pueblo.
Por el PAN tres alcaldes seguirán al frente y son el de Hunucmá, José Alberto Padrón Romero; Umán, Fredy Ruz Guzmán, y Yobaín, Miguel Ángel May Vera. En el caso del PRD sólo el alcalde de Oxkutzcab, Raúl Romero Chel, continuará mandando.
Además de ello, ocho alcaldes volverán al poder a pesar de los problemas financieros que ocasionaron ellos mismos, como el caso de Mérida, con Renán Barrera Concha, quien deberá pagar casi 600 millones a la empresa ABC & Leasing por el caso de las luminarias, el cual perdió el municipio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los otros siete vuelven al poder en medio de denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASEY) como en Tinum, donde Natalia Mis Mex, quien fue edil por el PAN en el periodo 2012-2015; también el de Huhí, Roger Marcelo Benítez Espínola, panista que tiene una denuncia en la Fiscalía General del Estado por casi un millón de pesos sin poder comprobar cuando fue alcalde en el periodo 2012-2015.
El de Hunucmá, el panista José Alberto Padrón Romero, fue acusado por no comprobar casi tres millones de pesos del período que concluye. La Auditoría también señaló al panista Ricardo Ordóñez Chan, de Opichén; y al perredista de Oxkutzcab, Raúl Romero Chel.
Otro denunciado que volverá al poder es el de Tixméhuac, el priísta Gaspar Pantí Cel, así como el de Yaxcabá, el priísta Sansón Israel Palma Santos.
No obstante todos esos problemas, estos políticos volverán a gobernar sus municipios, donde algo harán para que los votantes sigan confiando en ellos.

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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