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Capital y Estado

Conocido investigador de la UADY denuncia fraude inmobiliario en Yucatán

Progreso Hoy

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El doctor Luis Ramírez Carrillo, reconocido investigador de la Uady, denunció —como publicamos ayer— la existencia en Yucatán de varias bandas delictivas, muy bien organizadas, dedicadas a apoderarse de manera ilegal de casas y terrenos, lo que pone en riesgo a Yucatán de convertirse en un estado como Quintana Roo, donde prevalece la inseguridad jurídica de la propiedad privada a causa de la actividad del crimen organizado.

Información publicada hoy por el Diario de Yucatán confirma que esas bandas operan desde hace varios años. Por ejemplo, un caso muy notorio ocurrió en 2007, cuando miembros de una de estas bandas se apoderaron de un terreno de 345 hectáreas en los linderos entre Hunucmá, Caucel y Mérida, propiedad de Pedro Manuel Rosado Reyes, un yucateco avecindado en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo.

De acuerdo con la averiguación previa 1339/6a/2008 y acumulada en la 2199/35/2008, un sujeto identificado como Juan José Aguiar Ancona, ya fallecido, se hizo pasar por Rosado Reyes, con una credencial electoral falsa y compareció ante un notario para simular la venta de ese terreno a otra persona.

El nombre de ese notario se lo reserva este periódico, por ahora.

Aguiar Ancona compareció ante ese notario en compañía de dos testigos, Daniel Trejo Lizama y Jorge López Cruz, que declararon que lo conocían como el legítimo propietario de ese terreno.

Como en el caso del doctor Ramírez Carrillo, aquí también intervino un político del PRI. Trejo Lizama había sido regidor de ese partido en el Ayuntamiento de Mérida en la época de Angélica Araujo Lara y luego fue director de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de enero a junio de 2013, cuando fue cesado.

Rosado Reyes inició un litigio que tardó casi siete años en resolverse a su favor, aunque nunca se procedió en contra del notario que intervino en las operaciones fraudulentas.

Un indicio de que en la apropiación ilegal de terrenos opera una banda organizada es que el notario que avaló las irregularidades en el caso de Rosado Reyes fue el mismo que actuó en otra apropiación ilegal.

Se trata de la incluida en la denuncia 4157/32/2010, presentada en octubre de 2010, por la propietaria de un terreno en San Antonio Cinta, quien denunció que una persona desconocida la había despojado de una casa de su propiedad.

La denuncia establece que una persona identificada como Reyna Guadalupe Ojeda Lara compareció ante un notario, junto con una persona que se hizo pasar como la propietaria del terreno y que se identificó con una credencial de elector notoriamente falsa.

No obstante esto, el fedatario la calificó de buena y suficiente para tramitar el otorgamiento de un poder general amplio, para actos de dominio, de la supuesta propietaria del terreno, a favor de Ojeda Lara, cuando la norma establece que ante una duda de ese tamaño el notario debe pedir otra identificación a la poderdante.

Una vez otorgado el poder a favor de Ojeda Lara, ésta, en supuesta representación de la legítima propietaria, que hasta este momento no estaba enterada de la operación, en forma falsa y dolosa vendió el terreno al abogado Efraín Ramírez Herrera, en un acto atestiguado por el mismo notario que actuó en el caso Rosado Reyes.

Para complicarle más las cosas a la legítima propietaria del predio de San Antonio Cinta, el mismo día Ramírez Herrera vendió ese predio de 855 metros cuadrados a su sobrino, ante la fe de otro notario, distinto al anterior, pero que también ha sido señalado como participante en esas actividades ilegales.

Fuentes judiciales señalaron que Ramírez Herrera había participado en otras operaciones de despojo sobre terrenos en la costa y que acumulaba a su nombre numerosas propiedades.

El abogado murió asesinado a las puertas de su oficina en junio de 2014 y hasta hoy las autoridades no han detenido a los autores del crimen.

En estos dos casos coincidió el mismo notario que es parte de un grupo de fedatarios yucatecos señalado como miembros de esas bandas delictivas.

El 2 de febrero se publicó un artículo del empresario Carlos García Ponce donde, al igual que el doctor Ramírez Carrillo, habla de la operación de bandas delictivas organizadas, conformadas “por un selecto grupo de notarios públicos, servidores del Instituto de Seguridad Jurídica, abogados, empresarios sin escrúpulos y varios prestanombres”.

En su artículo, García Ponce relata que en Yucatán es muy fácil despojar a alguien de su propiedad.

Basta con que “una persona redacte un simple documento privado en el cual se mencione que adquirió el predio de otra persona varias décadas atrás y que un notario público lo protocolice”, señaló García Ponce.

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Capital y Estado

Pemex realiza reunión peninsular sobre manejo de emergencias

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Petróleos Mexicanos llevó a cabo la primera reunión ordinaria del grupo de trabajo del Grame Peninsular, para analizar e implementar acciones que garanticen la seguridad del personal y sus instalaciones localizadas en la Península de Yucatán.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Peninsular, está conformado por los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos en Campeche, Progreso y Mérida, Yucatán; el objetivo principal de este grupo es fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de estar preparados para atender de manera adecuada y oportuna cualquier emergencia mayor que llegara a presentarse en alguna instalación petrolera de la zona, así como en sus zonas aledañas, garantizando la seguridad e integridad de los trabajadores, la población y el medio ambiente.

Durante la reunión efectuada en la Terminal de Almacenamiento y Despacho TAD Mérida, se acordó actualizar el acta constitutiva y la directiva, para definir quién fungirá como presidente del GRAME Peninsular por un período de dos años, así como fijar la fecha para la siguiente reunión.

Participaron funcionarios del área de ductos peninsular, seguridad física, IT Peninsular, los Residentes Portuarios de Progreso y Campeche, quienes actualizaron las políticas de las medidas de seguridad para el ingreso del personal a las áreas.

Pemex reitera su compromiso por cumplir con la política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (PEMEX-SSPA).

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Capital y Estado

Hermetismo sobre la venta de las terminales de Pemex en Mérida y Progreso

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Total hermetismo mantiene PEMEX sobre la venta de las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Mérida y Progreso, pues aunque fue aprobada por el Consejo de Administración, el asunto, al parecer, es manejado en lo oscurito por la paraestatal.
Informamos que se pretende que las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Mérida (salida a Umán) y de Progreso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) pasen a manos del capital privado, pues la dependencia aprobó su venta con todos sus bienes, como tanques de almacenamiento, bodegas, aulas, laboratorios, comedores, oficinas, bombas y otros, como parte de su Programa Anual de Enajenación de Bienes 2018.
Como informamos en su momento, la aprobación ocurrió en la sesión 925 ordinaria del Consejo de Administración de PEMEX, de la cual derivó el acuerdo CA-005/2018, en el que se autoriza la venta masiva de los bienes muebles e inmuebles de ambas terminales, los cuales se desincorporaron del régimen de dominio público, autorizando la enajenación a título oneroso de los bienes del Programa Anual de Enajenación de Bienes 2018.
Ayer un medio local acudió a solicitar información sobre el tema a las oficinas de PEMEX que se encuentran en la Terminal de Distribución y Almacenamiento de Mérida. Sin embargo, se expuso que ya no hay ninguna vocería u oficina de comunicación social para informar sobre el particular.
Se dijo que nos dirigiéramos a la representación peninsular que se encuentra en Campeche, con el vocero de nombre Javier Delgado Peña, a quien se le envió un correo electrónico con la solicitud de información, pero no hubo respuesta.
Por su parte, Eduardo José Cámara Fitzmaurice, secretario general de la delegación 14 en Mérida del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dijo que aunque se sabe del tema por las publicaciones que se han hecho en medios de comunicación como el POR ESTO!, lo cierto es que aseguró que no hay ninguna información oficial que se haya dado al sindicato ni a nivel nacional ni local.
“Sabíamos que esto podía pasar con la Reforma Energética, pero antes se había manejado que las estaciones se podrían dar en renta, pero lo que ha llamado la atención es que ahora se esté hablando de una enajenación a título oneroso y que prácticamente estaríamos hablando de una venta”.
“La postura del sindicato, nacional y local, es que hasta ahora no tenemos información de este asunto y no nos han dado nada oficial, por lo que no podemos emitir un posicionamiento al respecto”, insistió.
Fuentes cercanas a PEMEX informaron que la paraestatal busca obtener beneficios por casi 100 mil millones de pesos en el corto plazo mediante diferentes esquemas como asociaciones, convenios de operación, así como desincorporación de activos no productivos, para revertir las pérdidas financieras que supuestamente ha tenido en los últimos años.
En este tenor se aprobó la venta de varios inmuebles, como las dos Terminales de Almacenamiento y Distribución de Mérida y de Progreso.,
Ante el hermetismo que se ha mantenido sobre este asunto, ya hay varias versiones. La primera de ellas señala que las terminales empezaran a operar en números rojos a fin de tener un pretexto para entregarlas al capital privado, acción en la que seguramente los beneficiados serán funcionarios y ex funcionarios de PEMEX.
Fuentes cercanas a PEMEX, que pidieron el anonimato, señalaron que otra versión es que la “quiebra” intencional de las terminales para venderlas es contratar en renta las instalaciones de la Terminal de Fluidos de Progreso que construyó la empresa Hidrocarburos del Sureste (Hidrosur), filial de Grupo Lodemo de Emilio Loret de Mola Gómory.
Esto significaría un millonario negocio entre PEMEX y el capital privado, pues la empresa pública rentaría a un particular para usar la terminal que está ubicada en el Puerto de Altura, a varios kilómetros de distancia, lo que encarecería el producto, pues el ir a cargar hasta allá genera un precio más alto que pagarán los consumidores.
Se sabe que dicha terminal tiene una capacidad para almacenar 70 millones de litros de combustible, turbosina, gasolina, diesel, pero ahora se estaría preparando el negocio para rentársela en una millonada a PEMEX.
Además, señalaron que en este negocio se sacaría de la jugada a los trabajadores sindicalizados que transportan los combustibles. Lo anterior, porque la terminal en cuestión del grupo LODEMO no cargaría a pipas de 20 mil litros que son las que maneja PEMEX, sino sólo las llamadas “full” que tienen capacidad de 60 mil litros.
Con ello, las pipas de 60 mil litros se tendrían que subarrendar para dar paso a otro negocio entre funcionarios y particulares.

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Capital y Estado

Realizan proceso de entrega-recepción en materia de Seguridad Pública

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– La información correspondiente al área de seguridad pública, prevención al delito y procuración de justicia se presentó este día al equipo de transición del Gobernador electo Mauricio Vila Dosal, encabezado por su coordinadora María Fritz Sierra. Por parte de los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez y Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, así como por la Fiscalía General del estado, Ariel Aldecua Kuk.

Al iniciar la tercera jornada de las mesas de trabajo, Fritz Sierra consideró que garantizar la tranquilidad de las familias yucatecas es una es una prioridad para el mandatario electo, y que es de vital importancia que les sean proporcionados todos los datos e informes relacionados al tema.

A su vez, Góngora Sánchez reiteró la disposición del Gobierno de Zapata Bello para ofrecer toda la información disponible y el tiempo de los funcionarios para desarrollar esta mesa de trabajo.

En reunión de este día, una vez más se contó con la presencia de observadores de la sociedad civil, quienes en compañía de Fritz Sierra y el resto de los integrantes del equipo, recibieron los reportes sobre las acciones, programas y estrategias aplicadas en estos rubros, a cargo de los funcionarios mencionados.

También estuvieron presentes por el equipo de transición del Gobernador electo, Olga Rosas Moya, Lizbeth Basto Avilés, Alberto Reyes Carrillo y Víctor Hugo Lozano Poveda. Por el Gobierno del estado además intervino Gabriel Barragán Casares, director del Centro para la Prevención Social del Delito (Cepredey) y José Miguel García Vales, secretario particular de Zapata Bello.

La sociedad civil estuvo representada por Javier Acevedo Macari por la delegación local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Castillo Campos presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Beatriz Gómory Correa de la Federación del Empresariado Yucateco A.C (Feyac), Absalón Álvarez Escalante de la Universidad Anáhuac Mayab y Silvia Medina Calero de la Universidad Marista.

De igual forma, Carlos Macedonio Hernández director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y Michelle Byrne de Rodríguez delegada estatal de la Cruz Roja.

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