El Dr. Ramírez

El doctor Luis Ramírez Carrillo, reconocido investigador de la Uady, denunció —como publicamos ayer— la existencia en Yucatán de varias bandas delictivas, muy bien organizadas, dedicadas a apoderarse de manera ilegal de casas y terrenos, lo que pone en riesgo a Yucatán de convertirse en un estado como Quintana Roo, donde prevalece la inseguridad jurídica de la propiedad privada a causa de la actividad del crimen organizado.

Información publicada hoy por el Diario de Yucatán confirma que esas bandas operan desde hace varios años. Por ejemplo, un caso muy notorio ocurrió en 2007, cuando miembros de una de estas bandas se apoderaron de un terreno de 345 hectáreas en los linderos entre Hunucmá, Caucel y Mérida, propiedad de Pedro Manuel Rosado Reyes, un yucateco avecindado en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo.

De acuerdo con la averiguación previa 1339/6a/2008 y acumulada en la 2199/35/2008, un sujeto identificado como Juan José Aguiar Ancona, ya fallecido, se hizo pasar por Rosado Reyes, con una credencial electoral falsa y compareció ante un notario para simular la venta de ese terreno a otra persona.

El nombre de ese notario se lo reserva este periódico, por ahora.

Aguiar Ancona compareció ante ese notario en compañía de dos testigos, Daniel Trejo Lizama y Jorge López Cruz, que declararon que lo conocían como el legítimo propietario de ese terreno.

Como en el caso del doctor Ramírez Carrillo, aquí también intervino un político del PRI. Trejo Lizama había sido regidor de ese partido en el Ayuntamiento de Mérida en la época de Angélica Araujo Lara y luego fue director de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de enero a junio de 2013, cuando fue cesado.

Rosado Reyes inició un litigio que tardó casi siete años en resolverse a su favor, aunque nunca se procedió en contra del notario que intervino en las operaciones fraudulentas.

Un indicio de que en la apropiación ilegal de terrenos opera una banda organizada es que el notario que avaló las irregularidades en el caso de Rosado Reyes fue el mismo que actuó en otra apropiación ilegal.

Se trata de la incluida en la denuncia 4157/32/2010, presentada en octubre de 2010, por la propietaria de un terreno en San Antonio Cinta, quien denunció que una persona desconocida la había despojado de una casa de su propiedad.

La denuncia establece que una persona identificada como Reyna Guadalupe Ojeda Lara compareció ante un notario, junto con una persona que se hizo pasar como la propietaria del terreno y que se identificó con una credencial de elector notoriamente falsa.

No obstante esto, el fedatario la calificó de buena y suficiente para tramitar el otorgamiento de un poder general amplio, para actos de dominio, de la supuesta propietaria del terreno, a favor de Ojeda Lara, cuando la norma establece que ante una duda de ese tamaño el notario debe pedir otra identificación a la poderdante.

Una vez otorgado el poder a favor de Ojeda Lara, ésta, en supuesta representación de la legítima propietaria, que hasta este momento no estaba enterada de la operación, en forma falsa y dolosa vendió el terreno al abogado Efraín Ramírez Herrera, en un acto atestiguado por el mismo notario que actuó en el caso Rosado Reyes.

Para complicarle más las cosas a la legítima propietaria del predio de San Antonio Cinta, el mismo día Ramírez Herrera vendió ese predio de 855 metros cuadrados a su sobrino, ante la fe de otro notario, distinto al anterior, pero que también ha sido señalado como participante en esas actividades ilegales.

Fuentes judiciales señalaron que Ramírez Herrera había participado en otras operaciones de despojo sobre terrenos en la costa y que acumulaba a su nombre numerosas propiedades.

El abogado murió asesinado a las puertas de su oficina en junio de 2014 y hasta hoy las autoridades no han detenido a los autores del crimen.

En estos dos casos coincidió el mismo notario que es parte de un grupo de fedatarios yucatecos señalado como miembros de esas bandas delictivas.

El 2 de febrero se publicó un artículo del empresario Carlos García Ponce donde, al igual que el doctor Ramírez Carrillo, habla de la operación de bandas delictivas organizadas, conformadas “por un selecto grupo de notarios públicos, servidores del Instituto de Seguridad Jurídica, abogados, empresarios sin escrúpulos y varios prestanombres”.

En su artículo, García Ponce relata que en Yucatán es muy fácil despojar a alguien de su propiedad.

Basta con que “una persona redacte un simple documento privado en el cual se mencione que adquirió el predio de otra persona varias décadas atrás y que un notario público lo protocolice”, señaló García Ponce.

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