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#E/2018

El PAN interpone denuncia por “estafa maestra” en el gobierno de Rolando Zapata

Progreso Hoy

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MÉRIDA (Diario de Yucatan).– El Partido Acción Nacional presentó ayer ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia por el presunto desvío de recursos públicos en el sector salud del gobierno del estado de Yucatán que encabeza Rolando Zapata Bello, cometido por medio de 61 empresas.

Víctor Hugo Lozano Poveda, secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal panista y representante de su partido ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación ciudadana (Iepac), presentó ante esa instancia en Ciudad de México un escrito acompañado de facturas, órdenes de pago y otros documentos.

La malversación, de acuerdo con la denuncia, ascendería a más de $160 millones sólo en 2015.

El tema del presunto desvío salió a la luz en reciente rueda de prensa del exgobernador Patricio Patrón Laviada, quien calificó este caso de una réplica de la “estafa maestra” señalada al gobierno federal y una versión yucateca del fraude atribuido al exgobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa.

De acuerdo con los documentos del caso, Servicios de Salud de Yucatán encargó estudios científicos a empresas totalmente ajenas al giro por el cual se constituyeron, con pagos de más de un millón de pesos por cada uno.

Por ejemplo, PV Tempus Steel and Tools, cuyo giro es el comercio de pescados y mariscos, hizo “un estudio y análisis sobre la epidemiología del talipes en el estado de Yucatán”.

La importadora Stream Medows Trading Co realizó “un análisis de incidencias de afecciones maternas”.

Ok Aplicaciones y Más, del ramo de fumigaciones y control de plagas, hizo el estudio “Panorama actual de la shigellosis, determinándose su impacto e informar sus efectos y medidas a establecer para su prevención”.

Valzur Comercio y Negocio, que se dedica a la programación “web”, realizó un diagnóstico de las enfermedades del adulto mayor.

Otras empresas y los estudios que supuestamente efectuaron son:

—Codimayo, del ramo de la construcción. “Estudio e impacto de la anorexia en Yucatán y cuál ha sido el crecimiento de este mal en los últimos tres años”.

—Asesores Administrativos de México, consultora. “Análisis y estudio sobre las causas de las patologías auditivas en la población del Estado de Yucatán”.

—Coprodicsa de México, de la construcción. “Estudio y análisis de la rinitis alérgica y otras atopias en Yucatán”.

—Hilco Promotora Peninsular, comercializadora. “Estudios para describir las características epidemiológicas de la úlcera péptica en los pacientes que padecieron la enfermedad” en Yucatán.


EL CASO, POR CIERTO, YA COMIENZA A ACAPARAR LA ATENCIÓN DE MEDIOS INTERNACIUONALES:

El tema de las carencias en el Hospital General de Tekax y los desvíos de recursos a través de empresas que supuestamente le brindaban servicios, que denunció el exgobernador Patricio Patrón Laviada la semana pasada fue retomado por el periódico español “El País”.

El artículo “La corrupción, la gran grieta del sistema mexicano” viene ilustrado con la fotografía del bebé que recibía una nebulización dentro de una caja de cartón, una imagen de la que el rotativo dice que “ilustra con claridad el impacto generalizado que la corrupción, que cuesta a México diez puntos del PIB cada año, tiene en la vida cotidiana de los mexicanos”.

El reportaje indica que el esquema utilizado en el sector salud de Yucatán ha sido implementado a mayor escala. “Tres periodistas documentaron un mecanismo similar con el que diversas dependencias y secretarías del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto utilizaron empresas fantasma para simular contratos con decenas de universidades públicas en la nación”, dice.

La estafa maestra, la investigación que hizo pública esta trama, calcula que el monto del desvío supera los 400 millones de dólares. Las autoridades fiscales afirman que en el país existen más de 6.500 empresas fachada, que entre 2012 y 2017 habría facturado más de 700.000 millones de dólares, cerca del 5% del PIB nacional.

Este refinado escándalo de corrupción, uno de los más grandes del actual gobierno del PRI, ha dejado cuatro funcionarios inhabilitados del servicio público.

Algunas personas que han ayudado a documentarlo también han sido castigadas. Es el caso de Muna Dora Buchain, la directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo similar al Tribunal de Cuentas español.

Empleada desde 2005, Buchain fue despedida el pasado 1 de junio cuando un nuevo auditor ocupó el cargo en el ocaso del sexenio. Junto a ella han sido expulsados de la ASF ocho personas que ayudaron a documentar corruptelas transexenales de los gobiernos del PAN y el PRI. Entre ellos el caso de la Estela de Luz, una obra encargada en la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012, PAN) que tuvo un sobrecosto de 192 por ciento. “Es un mal sistémico”, afirma Muna Dora Buchain a “El País”.

“El mensaje de que no ha habido investigación real de actos de corrupción dice mucho. No pasa nada”, agrega esta experta, quien construyó desde 2010 un grupo de élite de investigación de desvíos de dinero público. “Los incentivos para la corrupción son muchos y la impunidad es vasta”.

El electorado mexicano parece haberse sumado a esta conclusión, añade “El País”. Seis de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, según el informe más reciente de Transparencia Internacional. México ocupa la posición 135 de 180 naciones en las que se mide la percepción de este mal. Es el peor evaluado del G20 y de las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

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#E/2018

Sin castigo la empresa proveedora del fallido Prep en Yucatán

Progreso Hoy

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MÉRIDA.– Ayer se cumplieron cinco meses de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y aunque se dijo que la empresa encargada fue demandada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), según las últimas declaraciones de su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya, ni siquiera se le ha podido notificar a los empresarios esa denuncia.

La funcionaria confirmó que esta denuncia ya está en Ciudad de México para que se haga un exhorto a la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, cuyo director es Pablo Vera García, pero hasta donde sabe no se le ha localizado, informan medios locales.

En un principio la denuncia se le encargó al hoy fiscal general del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona; luego se dijo que al parecer, por su nombramiento en el gobierno, se le quedó a un abogado que trabaja en su despacho.
Proceso en juzgado

Al preguntarle a la consejera cómo va esta demanda, respondió: “está ya en un juzgado en México para que se haga un exhorto a la empresa. De aquí, un juzgado local lo emitió para que se haga el exhorto para que se presente y se le notifique a esa empresa”.

María de Lourdes Rosas recordó que es una empresa que no está aquí y por eso, “en eso están, precisamente ubicándolos para notificarle y hasta el momento creo que han tenido problemas para poderle notificar y, hasta el momento, creo han tenido problemas para hacerlo. No tengo el dato, pero en eso están”.

Luego comentó que se imagina son las estrategias propias de la empresa que también tienen que hacer, “ellos (la empresa) harán lo suyo y nosotros la parte que nos corresponde, estamos demandando con todo”.

Lo que demandan, según explicó, es la devolución total de la aportación que les dieron, que son unos $7 millones, pues no les dieron lo que faltaba y también piden la reparación total, “que nos devuelvan todo y la fianza”.

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#E/2018

Destruirá Iepac material electoral de desecho

Progreso Hoy

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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó hoy los lineamientos y autorizó la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, toda vez que el proceso ha concluido plenamente.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el Consejo General del IEPAC también aprobó una modificación en la integración del Comité de Transparencia del Instituto que, entre sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, calificación de inexistencia de la información así como clasificarla como reservada o confidencial.

De acuerdo con los lineamientos aprobados esta tarde, para la destrucción de la documentación y material electoral, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad, respecto del lugar, las condiciones, el transporte y, los recursos que se dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleve a cabo dicha operación.

El proceso de disposición final deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la Oficialía Electoral del Instituto quien dará fe del acto de destrucción y deberá remitir a la Presidencia, al término del proceso, copia certificada del acta levantada para su constancia y archivo histórico; asimismo se invitará a todos los actos, a un funcionario del Órgano Interno de Control del Instituto.

A todos los actos de preparación y de destrucción podrán asistir los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Instituto, para ello, la Junta General Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas.

Por otro lado, en relación con la modificación a la integración del Comité de Transparencia aprobada por el Consejo General, esta se da en razón de que el titular del Órgano Interno de Control, Wilbert Arturo Salazar Durán solicitó ser dado de baja toda vez que en aras de la transparencia, al conocer posibles faltas administrativas que deriven en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudiera fungir como juez y parte si continúa como integrante y presidente del referido comité.

En su lugar se incluyó a la Coordinación de Documentación del Instituto y la presidencia del Comité la ocupará el actual Director Jurídico, Bernardo Cano González. El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña agradeció el trabajo desempeñado por Salazar Durán, ya que en los dos años que estuvo al frente del Comité se realizaron 68 sesiones, 26 reuniones de trabajo y se emitieron 151 resoluciones.

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#E/2018

Tribunal ordena nuevas elecciones en Monterrey, anula triunfo del panista Felipe Cantú

Progreso Hoy

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, la noche de ayer martes, anular la elección de Monterrey y convocar a nuevas votaciones en las que participarán todos los contendientes, con lo que se invalida el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Cantú.

Por su parte, con cuatro votos en contra y tres a favor, rechazó la impugnación de Pedro Garza Treviño de la elección en Guadalupe, con lo que ratificó el triunfo de Cristina Díaz Salazar, quien rindió protesta como la nueva alcadesa del municipio minutos después de la medianoche.

Después de cuatro meses de litigio y de recurrir a varias instancias, el órgano electoral determinó que por el momento no hay ganador de la contienda en Monterrey.

A tan solo unas horas de que concluyeran las administraciones municipales, y con más de dos horas de retraso, se celebró la sesión.

Los magistrados consideraron las anomalías que se presentaron sobre todo en el manejo de los paquetes electorales situación que pudo ser determinante para vulnerar la certeza de los resultados.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó el proyecto para declarar sin efecto las votaciones del pasado 1 de julio bajo el argumento de que se vulneró el principio de certeza.

“Se planteó la posible existencia de irregularidades graves que no fueron solucionados debidamente por la Sala responsable”, dijo.

En una segunda vertiente, mencionó, el proyecto se apoyó en el hecho de que la Sala Superior identificó que ante el error judicial se precisaba su intervención para corregirlo.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Mónica Soto, José Luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, así como el magistrado ponente.

En cambio Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que consideraron graves las irregularidades.

Soto destacó que ante las irregularidades cometidas es difícil saber quién resultó triunfador.

“No advierto elementos sólidos que me arrojen certidumbre a cerca de los resultados que deben de prevalecer para el cómputo final de la elección. En este asunto se ha denunciado la violación a la cadena de custodia que terminó por poner en entredicho la integridad en la documentación contenida en 190 paquetes electorales”, expuso.

Añadió que esto incluye actas levantadas en la mesa directiva de casilla, así como los votos emitidos por la ciudadanía que acudió a sufragar el día de la jornada electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez no encontró elementos para la anulación.

“Partiendo del contenido de la sentencia impugnada y de la pretensión de los partidos políticos estimo que el estudio de la controversia no es susceptible que derive en una cuestión de validez o invalidez de la elección”, mencionó.

Agregó que la problemática que persistiría se reduce a valorar si se trató de nulidad de casilla.

La Magistrada presidenta también votó a favor del recurso de nulidad.

“Votaré a favor porque me parece hay una serie de irregularidades que ya fueron presentadas”, puntualizó.

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